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MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL

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MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL Y LA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL

Decreto-Ley No. 310.

RAÚL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: Los cambios y transformaciones que han tenido lugar en el ámbito económico y social del país, la situación actual de las manifestaciones delictivas, los requerimientos emergentes de la práctica judicial y la necesidad de procurar mayo efectividad y eficacia en la prevención y el enfrentamiento al delito, demandan la actualización impostergable  de  las  disposiciones  legales  vigentes vinculadas con esa problemática, a fin de contribuir a la aplicación más coherente de la política criminal trazada por el Estado, a reserva del trabajo que se ejecuta de manera integral en el estudio de la legislación penal.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en ejercicio de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 90 inciso c) de la Constitución de la República resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 310. MODIFICATIVO DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL

ARTÍCULO 1.- Se modifica el apartado 3 del artículo 8 del Código Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

3.- En aquellos delitos en los que el límite máximo de la sanción aplicable no exceda de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la autoridad actuante está facultada para, en lugar de remitir el conocimiento del hecho al Tribunal, imponer al infractor una multa administrativa, siempre que en la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor como por las características y consecuencias del delito. Para la aplicación de esta prerrogativa a los delitos sancionables de uno a tres años de privación de libertad, se requiere la aprobación del Fiscal .

ARTÍCULO 2.- Se modifica el inciso b) del apartado 3 del artículo 43 del Código Penal, el que queda redactado de la forma siguiente:

b) en los demás casos, a dichos bienes se les dará el destino más útil desde el punto de vista económico-social, estando obligada la entidad que lo comercialice a abonar el importe correspondiente al Presupuesto del Estado, con excepción de los bienes que por su naturaleza, no proceda efectuar su venta o sean destinados a las instituciones de la defensa .

ARTÍCULO 3.- Se adiciona al artículo 47 del Código Penal, un apartado que será el 4, el que queda redactado de la forma siguiente:

4.- Si al dictar sentencia el Tribunal considera que la sanción a imponer, aun en el límite mínimo previsto para el delito calificado, resulta excesivamente severa, podrá  excepcionalmente adecuar la sanción dentro del marco previsto para la modalidad básica del propio delito.

ARTÍCULO 4.- Se modifica el apartado 3 del Artículo 56 del Código Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

3.- Cuando una persona se halle extinguiendo dos o más sanciones de privación de libertad por no habérsele impuesto oportunamente una sanción única por cualquier circunstancia, el Tribunal Provincial Popular del territorio donde se encuentre cumpliendo reclamará los antecedentes pertinentes de las causas por las que fue sancionada y procederá a aplicar la sanción conjunta .

ARTÍCULO 5.- Se modifica el apartado 1 del artículo 87 del Código Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 87.1.- Al que durante el cumplimiento de la sanción de privación de libertad sufra repentinamente de enajenación mental, se le suspenderá la ejecución de dicha sanción, decretándose su internamiento en el hospital psiquiátrico que designe el Tribunal Provincial Popular del territorio donde se encuentre cumpliendo el sancionado.

ARTÍCULO 6.- Se modifica la Disposición Especial del Código Penal, la que queda redactada de la forma siguiente:

DISPOSICIÓN ESPECIAL
ÚNICA: A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 8 de este Código, para los delitos cuya sanción no exceda de un año de privación de libertad o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, la multa administrativa aplicable no podrá ser inferior a doscientos pesos, ni superior a dos mil pesos. No obstante, el límite máximo de la multa podrá extenderse hasta tres mil pesos cuando las circunstancias concurrentes en el hecho o en el infractor así lo aconsejen.

En cuanto a los delitos cuya sanción aplicable pueda ser superior a un año y hasta 3 años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la multa administrativa a imponer no será inferior a quinientos pesos, ni superior a cinco mil, aunque en determinados casos, atendiendo a las condiciones personales del autor y las circunstancias concurrentes, pueda aumentarse hasta siete mil pesos. En estos casos, cuando proceda, se impondrá además la responsabilidad civil exigible de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de este Código.

Asimismo, podrá procederse al comiso de los efectos o instrumentos del delito, aplicando en lo pertinente las regulaciones que respecto a la sanción accesoria de comiso se establecen en el artículo 43 de este Código.

Si el culpable satisface el pago de la multa y cumple los términos de la responsabilidad civil dentro de los diez días hábiles siguientes al de su imposición, se tendrán por concluidas las actuaciones y el hecho, a los efectos penales no será considerado delito. No obstante, el actuante remitirá las actuaciones a la autoridad competente, cuando el infractor así lo solicite o no abone la multa o no cumpla lo dispuesto en cuanto a la responsabilidad civil.

El Ministro del Interior, el Fiscal General de la República y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular reglamentarán, en lo que respectivamente les concierna, la aplicación de lo establecido en esta Disposición Especial.

ARTÍCULO 7.- Se modifica el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 7.1.- El Tribunal competente para conocer de un proceso lo es también para las incidencias que surjan en el mismo y para disponer el cumplimiento de las resoluciones necesarias en su tramitación. Se exceptúan de esta regulación los supuestos contenidos en los apartados que siguen.

2.- En el caso de las sanciones subsidiarias de la privación de libertad que no conllevan internamiento y las medidas de seguridad predelictivas de carácter no detentivo, la remisión condicional de la sanción, así como de los beneficios de excarcelación anticipada, los trámites para su ejecución y el control de su cumplimiento competen al Tribunal Municipal Popular del territorio en que conste domiciliado el sancionado o asegurado. Estos tribunales velarán también porque los sancionados bajo su control cumplan las sanciones accesorias y demás obligaciones que les hayan sido impuestas en la sentencia.

3.- Las solicitudes que surjan durante el cumplimiento de la sanción de privación temporal de libertad interesando su sustitución por cualesquiera de las sanciones que le son subsidiarias o, la suspensión de la sanción de trabajo correccional con internamiento, la suspensión o cambio de clase o duración de una medida de seguridad predelictiva, la licencia extrapenal, el otorgamiento de beneficios de excarcelación anticipada y la revocación de dichos beneficios y de las referidas sanciones subsidiarias, se presentarán, tramitarán y decidirán por el Tribunal Provincial Popular del territorio donde se encuentre cumpliendo el sancionado .

ARTÍCULO 8.- Se modifican los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimiento Penal, que quedan redactados de la forma siguiente:

Artículo 8.- Los tribunales municipales populares son competentes para conocer de los índices de peligrosidad predelictiva y de los delitos cometidos en sus respectivos territorios, sancionables con multa de hasta mil cuotas, o privación de libertad que no exceda de ocho años, o ambas.

- Los tribunales provinciales populares son competentes para conocer de los procesos que se originen por hechos delictivos cometidos en sus  respectivos  territorios,  sancionables con multa superior a mil cuotas; privación de libertad superior a ocho años; muerte; o que atenten, cualquiera sea la sanción, contra la seguridad del Estado. Asimismo, conocerán de los delitos solo perseguibles a instancia de parte.

La competencia de las salas respectivas de estos tribunales se extenderá al territorio que determine el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Tribunales Populares.

ARTÍCULO 9.- Se modifican los artículos 378, 382, y 384 de la Ley de Procedimiento Penal, que quedan redactados de la forma siguiente:

Artículo 378.- Firme que sea la sentencia por no haberse recurrido o dictada en su caso la que corresponda resolviendo la apelación, se procede a su ejecución por el Tribunal Municipal Popular competente en los términos acordados. A ese efecto dicho Tribunal libra los oportunos despachos en la forma procedente.

- Celebrada la vista, el Tribunal se retira de los estrados por el tiempo necesario para dictar sentencia, realizado lo cual reanuda el acto y pronuncia la que haya acordado, sin ulterior recurso.

El Tribunal Provincial Popular al dictar sentencia dispondrá que el acusado sea reducido a prisión para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad. En todo lo demás, la ejecución de la sentencia corresponderá al Tribunal Municipal Popular que haya conocido del juicio en primera instancia o, cuando se trate de sanciones subsidiarias de la privación de libertad que no conllevan

internamiento, al del territorio en que conste domiciliado el sancionado, a cuyo efecto se le devolverán las actuaciones al primer órgano juzgador y este procederá a la ejecución o a su impulso al Tribunal competente.

Los procesos penales competencia de los tribunales municipales populares, por delitos sancionables con privación de libertad superior a un año, o multa de trescientas cuotas o ambas, se sustanciarán conforme a las disposiciones establecidas para los procesos de la competencia de los tribunales provinciales populares en lo relativo a la fase preparatoria, el juicio oral y la sentencia.

1. En estos delitos el término para la interposición del recurso de apelación es de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia.

2. El recurso debe estar autorizado con firma de letrado.

ARTÍCULO 10.- Se modifica el artículo 416 de la Ley de Procedimiento Penal, que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 416.- Firme que sea la resolución que imponga una medida de seguridad predelictiva, se procede a su ejecución por el Tribunal que conoció del expediente en primera instancia o, cuando se trate de alguna de carácter no detentivo, al del territorio en que conste domiciliado  el  asegurado, a cuyo efecto se le devolverán las actuaciones al primer órgano juzgador y este procederá a la ejecución o, a su impulso al Tribunal competente, ajustándose, en cuanto resulten aplicables, a las disposiciones que regulan la ejecución de sentencias .

ARTÍCULO 11.- Se modifican los artículos 492 y 495 de la Ley de Procedimiento Penal, que quedan redactados de la forma siguiente:

Artículo 492.- La ejecución de la sentencia sancionadora una vez firme, corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia o, previo impulso de aquel, al Tribunal municipal popular del territorio en que conste domiciliado el sancionado cuando se trate de sanciones subsidiarias de la privación de libertad que no conllevan internamiento.

- Corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia practicar la liquidación de la sanción que sirve de base a las autoridades y funcionarios encargados de los establecimientos penitenciarios y otros centros en que haya de cumplirse para determinar la fecha de su extinción.

Las rectificaciones que procedan en los casos de interrupción del cumplimiento a virtud de circunstancias que así lo determinen, las practica el Tribunal Provincial Popular del territorio donde se halle cumpliendo el sancionado.

Las sanciones y medidas de seguridad se ejecutan de acuerdo con las disposiciones de la ley penal sustantiva que las establezca u otras disposiciones
legales o reglamentarias dictadas a ese efecto, y siempre del modo que resulte más acorde con la naturaleza o índole de cada una.

Para el cumplimiento de la ejecutoria en los extremos que se refieren a la responsabilidad civil, el Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia libra los testimonios y facilita los datos y antecedentes necesarios que se le requieran por los funcionarios y organismos encargados de satisfacerla.

Las facultades de los tribunales populares para ejecutar las sentencias comprenden las de resolver las cuestiones e incidentes que se susciten en relación con la ejecución, según sea el órgano jurisdiccional legalmente encomendado, y excluyen por tanto, las de otra autoridad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: Las disposiciones contenidas en este Decreto-Ley no se aplicarán a las causas que al momento de su entrada en vigor se encuentren en tramitación por los respectivos tribunales populares, las que continuarán sustanciándose con arreglo al procedimiento anterior. En los casos que por cualesquiera de las variantes que establece la ley, se dispuso retrotraer el asunto a una fase anterior, su ulterior tramitación se realizará conforme a las regulaciones del presente Decreto-Ley a partir de su vigencia.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

ÚNICA: El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, el Fiscal General de la República y el Ministro del Interior reglamentarán, en lo que respectivamente les concierna, la aplicación de lo establecido en este Decreto-Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se derogan los incisos b) y c) del apartado 2 del  artículo 71 del Código Penal y cuantas otras disposiciones se opongan al cumplimiento del presente Decreto-Ley.

SEGUNDA: El Consejo de Ministros emitirá en el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo que se establece en el artículo 43 del Código Penal.

TERCERA: Este Decreto-Ley entra en vigor el primero de octubre de 2013.

CUARTA: Publíquese en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de mayo  de 2013.

Raúl Castro Ruz Presidente del Consejo de Estado

Gaceta Oficial No. 018 Extraordinaria de 25 de junio de 2013

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