LPCALE- DEL PROCEDIMIENTO DE LO ECONOMICO

CUARTA PARTE
Del Procedimiento de lo Económico

Capítulo I
De la Jurisdicción y Competencia

ARTÍCULO 739.- Corresponde a las salas de lo Económico de los tribunales populares el conocimiento y solución de los litigios que se susciten entre personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras con representación o bienes o intereses en Cuba, con motivo de sus relaciones contractuales, salvo cuando se contraigan en la esfera de consumo de la población.

Se exceptúan igualmente del conocimiento de las salas de lo Económico los litigios que se sometan expresa o tácitamente, o por disposición de la ley o acuerdos internacionales, al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de la asistencia que deban prestar en dichos procesos a solicitud de las partes o requerimiento del tribunal arbitral.

ARTÍCULO 740.- Son también competentes las salas de lo Económico para conocer de los litigios que resulten de hechos o actos relacionados con el transporte y el tráfico marítimo, ocurridos dentro de aguas interiores o el mar territorial, o que, teniendo lugar fuera de éstos, involucren embarcaciones de bandera cubana.

ARTÍCULO 741.- Corresponde asimismo a las expresadas salas de justicia, conocer y resolver los litigios que surjan con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales, o relacionados con los daños ambientales, resultantes de actividades económicas desarrolladas por personas jurídicas o naturales, cubanas o extranjeras, en el territorio nacional, comprendidas las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

Son del conocimiento de las salas de lo Económico de los tribunales populares, las acciones resarcitorias o de cumplimiento para la preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, que se promuevan por personas jurídicas o naturales cubanas, o, en su caso, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Fiscalía General de la República o el Ministerio de la Agricultura, este último en materia de Patrimonio Forestal.

ARTÍCULO 742.- Las salas de lo Económico conocen asimismo de los litigios de carácter extracontractual que surjan con motivo de los daños y perjuicios originados a terceros en su actividad económica por persona jurídica o natural, cubana o extranjera, en ocasión del desarrollo de su actividad productiva, comercial o de servicios en territorio nacional.

ARTÍCULO 743.- La jurisdicción de lo económico se ejerce por las siguientes salas de justicia:

a) la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular;

b) las salas de lo Económico de los tribunales provinciales populares y del Tribunal Especial Popular de la Isla de la Juventud.

ARTÍCULO 744.- Las salas de lo Económico competentes para conocer de un asunto, lo son también para todas sus incidencias y para la ejecución de la sentencia que dictan y los acuerdos o transacciones que aprueban.

ARTÍCULO 745.- La Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular es competente para conocer de:

a) los recursos de casación que se interpongan contra los autos definitivos y sentencias que dicten las salas de lo Económico de los tribunales provinciales;

b) los procesos extraordinarios de revisión contra sentencias y autos definitivos y firmes, dictados por las Salas de lo Económico de los tribunales provinciales, o con-tra las sentencias dictadas en recursos de casación por la propia Sala del Tribunal Supremo Popular;

c) las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, contra sujetos que puedan ser parte en los procesos de esta jurisdicción;

d) las demandas para declarar la nulidad de un laudo arbitral dictado por corte arbitral cubana o en proceso de arbitraje internacional desarrollado en territorio nacional;

e) los conflictos de competencia por razón del territorio que se susciten entre las salas de lo Económico de los tribunales provinciales populares.

ARTÍCULO 746.- Las salas de lo Económico de los tribunales provinciales populares son competentes para conocer de:

a) las demandas que se promuevan con motivo de modificación, incumplimiento, nulidad, ineficacia o extinción  de contratos económicos;

b) las demandas que se promuevan con motivo de contratos internacionales cuando una de las partes sea cubana o, siendo extranjera, tenga representación o bienes o intereses en Cuba, o su ejecución deba tener lugar en el territorio nacional;

c) los conflictos que se promuevan por los socios de las sociedades mercantiles cubanas, comprendidas las de capital mixto, constituidas conforme a la ley nacional, con motivo de la inactividad de sus órganos de gobierno o de su disolución y liquidación;

d) las demandas que se promuevan con motivo del incumplimiento de las regulaciones sobre la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales o de la producción de daños ambientales causados por una actividad económica;

e) las demandas que se promuevan con motivo de hechos o actos relacionados con el transporte y el tráfico marítimo;

f) la solicitud de embargo preventivo de buques o aeronaves, de conformidad con las convenciones internacionales de las cuales sea parte la República de Cuba;

g) las demandas que se promuevan sobre procesos ejecutivos en relación con los títulos de crédito que generan ejecución;

h) las demandas que se promuevan con motivo de daños y perjuicios, de carácter extracontractual, causados a terceros en ocasión del desarrollo de actividad productiva, comercial o de servicio;

i) las solicitudes que se promuevan para la ejecución de laudos arbitrales dictados por corte arbitral cubana en el territorio nacional;

j) los litigios entre entidades subordinadas a un mismo organismo, una vez agotada la vía administrativa de conciliación o solución arbitral;

k) los demás asuntos que les sean atribuidos por ley.

ARTÍCULO 747.- Los litigios de carácter contractual en que las partes tienen sus domicilios en diferentes provincias, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al domicilio del demandado o al de una de ellas, a elección del actor, si en el asunto aparecen como partes dos o más demandados que radiquen en territorios distintos.

La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, es competente para conocer y resolver los litigios en que figure como demandado una persona jurídica que desenvuelva su actividad económica en esa provincia, aunque tenga su domicilio social en Ciudad de La Habana.

Los conflictos económicos en materia de ejecución de obras, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar de realización de la obra.

ARTÍCULO 748.- Los conflictos sobre la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales en los que sea parte alguno de los sujetos a que se contraen los artículos 751 y 752, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar en que ocurrió el evento dañoso o violatorio de la normativa ambiental.

ARTÍCULO 749.- Los conflictos económicos con motivo de un litigio extracontractual, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al lugar en que se produjo el daño.

ARTÍCULO 750.- Los conflictos económicos con motivo de la navegación o el tráfico marítimo, en aguas interiores o el mar territorial, o fuera de éstos, tratándose en este último caso de embarcaciones con bandera cubana, los conoce y resuelve la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana.

La solicitud de embargo de buque se conoce y resuelve por la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente al territorio del puerto donde se encuentre el mismo.

Capítulo II
DE LAS PARTES Y SU REPRESENTACION

ARTÍCULO 751.- Pueden ser parte en los procesos de lo económico:

a) las empresas, uniones y demás organizaciones económicas estatales, cualesquiera sean las formas que adopten conforme con la ley;

b) los órganos y organismos del Estado y demás unidades presupuestadas;

c) las sociedades mercantiles y civiles de servicio;

d) las instituciones financieras;

e) las organizaciones políticas, sociales y de masas y entidades que les están subordinadas;

f) las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones de carácter social;

g) las empresas mixtas y personas jurídicas o naturales extranjeras, autorizadas a operar en el territorio nacional;

h) las cooperativas de producción agropecuaria, las cooperativas de créditos y servicios, las unidades básicas de producción cooperativa o cualquier otro tipo autorizado por la ley;

i) los agricultores pequeños, propietarios o usufructuarios de tierras;

j) cualquier otra entidad o persona natural que autorice expresamente la ley.

ARTÍCULO 752.- Asimismo pueden ser también parte en los procesos que se promuevan por incumplimiento de las regulaciones sobre protección del medio ambiente y los recursos naturales, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y, en el caso del patrimonio forestal, el Ministerio de la Agricultura.

ARTÍCULO 753.- En los procesos de lo económico, a instancia de parte, o de oficio por el tribunal, puede ser incorporado un tercero como demandado.

Asimismo podrá solicitar su incorporación como actor en el proceso, cualquier persona natural o jurídica que justifique su legitimación.

ARTÍCULO 754.- Las partes podrán comparecer en el proceso económico por sí o representadas por abogado. Cuando lo hagan por sí mismas serán dirigidas por abogado.

ARTÍCULO 755.- La representación de las personas jurídicas se regirá por lo dispuesto al efecto en el artículo 64 de la presente Ley.

Por las asociaciones o entidades que no constituyan persona jurídica, actúan quienes, de conformidad con su título constitutivo, ostenten su representación o estén llamados a responder por su gestión.

ARTÍCULO 756.- Fuera de los casos exceptuados por ley, cuando la representación de persona jurídica deba recaer en persona natural ajena a la misma, ésta se hará constar en documento notarial.

No se precisará de la forma notarial en los poderes otorgados a abogados de bufetes colectivos o de consultorías jurídicas estatales, en cuyos casos ha de acreditarse la representación con el documento contentivo o acreditativo del contrato de servicios jurídicos.

ARTÍCULO 757.- Cuando la representación de persona jurídica estatal deba recaer en persona distinta a quien ostente ésta, perteneciente a la propia entidad, la misma deberá acreditarse mediante resolución de la que conste tal delegación. En dicha resolución deberán constar expresamente los fundamentos que autorizan dicha delegación.

ARTÍCULO 758.- Cuando la representación de persona jurídica no estatal deba recaer en persona distinta a quien la ostente, perteneciente a la propia entidad, ésta deberá acreditarse mediante certificación del acuerdo del órgano de administración correspondiente delegando la misma. En la expresada certificación deberán constar asimismo los fundamentos legales o estatutarios que autorizan dicha delegación.

ARTÍCULO 759.- En todos los casos, los representantes procesales deben estar expresamente facultados en el documento público o privado que le confiere tal representación, para desistir, allanarse, transigir y realizar todos los actos que requiera el proceso.

Los documentos públicos expedidos en el exterior deben presentarse con traducción al español y estar debidamente legalizados y protocolizados, salvo excepción establecida por ley o tratado al efecto.

ARTÍCULO 760.- Además de las causas de cese de la representación constituida en el proceso a que se refieren los artículos 74 y 76 de la presente Ley, también cesará la representación por extinción de la persona jurídica representada, en cuyo caso el proceso deberá continuar con quien la suceda en su patrimonio o deba dar continuidad al cumplimiento de sus obligaciones. 

Capítulo III
DE LAS COSTAS PROCESALES

ARTÍCULO 761.- Para la apreciación e imposición de costas procesales, las salas de lo económico se estarán a lo dispuesto en los artículos 198 y siguientes, salvo en lo que se contrae a la audiencia verbal a que se refiere el artículo 212 de esta Ley, la que solo convocarán cuando así lo requieran las circunstancias concurrentes, resolviendo sin más trámites sobre las mismas.

Capítulo IV
DE LA DEMANDA Y CONTESTACION

ARTÍCULO 762.- Los escritos de demanda y contestación, en cuanto a su forma y contenido, se ajustarán a lo establecido en el artículo 224 de la presente Ley.

En el caso de las personas jurídicas, las generales del actor y del demandado deben comprender, además, su número de identidad, en su caso, el órgano u organismo del que dependa, domicilio, código y localidad de la agencia bancaria y número de las cuentas bancarias con que operan.

ARTÍCULO 763.- Con los escritos de demanda y contestación se presentan y proponen los documentos justificativos de la representación y el carácter con que se comparece.

Se acompañan, asimismo, los documentos en que el actor o el demandado funde el derecho alegado.  Si no los tienen a su disposición, designan el archivo, oficina o lugar en que se encuentran los originales.

Cuando se aportan al proceso documentos en idioma extranjero se acompaña su traducción al idioma español, realizado por especialistas en el idioma utilizado.

ARTÍCULO 764.- De carecer el interesado de los documentos originales, puede presentar copias simples o fotocopia de los mismos, pero para que puedan surtir efecto, caso de ser impugnados, deben adverarse mediante copia o testimonio auténticos, o cotejo practicado, a solicitud del mismo.

ARTÍCULO 765.- Si el escrito de demanda carece de alguno de los requisitos a que se refieren los artículos precedentes, el tribunal concede un término de cinco días para su subsanación, transcurrido el cual sin haberse verificado, declara no haber lugar a admitir la demanda y dispone el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 766.- Admitida la demanda, se emplaza al demandado para que se persone y conteste en el término de diez días, ajustándose en lo pertinente a lo dispuesto respecto a los requisitos formales de aquélla, en esta Ley.

El término para personarse y contestar la demanda puede ampliarse por el tribunal, a instancia de parte,  hasta un máximo de veinte días, si el demandado o los demandados tienen su domicilio en territorio distinto al del tribunal que conozca del litigio, o excepcionalmente en circunstancias que lo hagan aconsejable.

El tribunal se pronuncia sobre la admisión o no de la contestación, dentro de los tres días posteriores a su presentación.

ARTÍCULO 767.- Si la contestación carece de alguno de los requisitos formales establecidos, el tribunal otorga un término de cinco días para su subsanación, transcurrido el cual, sin haberse cumplimentado, se tiene por no presentada ésta.

ARTÍCULO 768.- Si el demandado, emplazado en tiempo y forma, deja de personarse sin justa causa, apreciada libremente por el tribunal, se le tiene por conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas.

El tribunal, antes de dictar sentencia, puede disponer la práctica de las pruebas que estime indispensable sobre cuestiones de hecho que racionalmente le ofrezcan dudas, librando al efecto los mandamientos que procedan.

No obstante, el demandado puede personarse en cualquier momento posterior para ejercitar los derechos de que se estime asistido, sin que se retrotraiga el proceso.

ARTÍCULO 769.- En la contestación, el demandado puede oponer cuantas excepciones estime en su defensa, las que se resuelven, en todo caso, al dictarse sentencia, sin perjuicio de las que puedan ser resueltas en audiencia preliminar.

Puede igualmente reconvenir, en cuyo supuesto se da traslado al actor por el término de cinco días para que conteste, advertido de que debe limitarse a lo que sea objeto de la misma.

ARTÍCULO 770.- Si el debate se contrae a cuestiones de estricto derecho o a hechos cuya justificación resulta de los escritos y documentos presentados, el tribunal dictará sentencia sin más trámites.

Capítulo V
DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR
Y LA CONCILIACION

ARTÍCULO 771.- Contestada la demanda, o, en su caso la reconvención, o vencidos los términos para hacerlo, el tribunal está facultado para realizar actuaciones de carácter preparatorio, incluida la celebración de audiencia preliminar para el saneamiento del proceso y la fijación del objeto del litigio, a cuyo efecto, dentro del término de los diez días siguientes, podrá:

a) incluir como demandado o demandados a quienes no aparecen como tales en la demanda; estándose en lo sucesivo a las disposiciones del artículo 765, precedente;

b) citar a las partes para precisar aspectos que a su juicio requieran de esclarecimiento o precisión;
c) exigir a las partes declaraciones, escritos y documentos suplementarios;

d) citar a dirigentes o funcionarios de los organismos que correspondan para facilitar documentación o información requerida en el proceso;

e) cualquier otra actuación indispensable, orientada a garantizar la sustanciación del proceso.

ARTÍCULO 772.- En cualquier estado del proceso, cuando el tribunal aprecie que se hace necesario o aconsejable que las partes alcancen mayor grado de comunicación al objeto de establecer, o resolver por sí mismas, algunos de los extremos asociados a las pretensiones deducidas, puede fijar un plazo prudencial para que éstas procedan a conciliar.

En su caso, a solicitud de las partes, el tribunal podrá disponer una prórroga del término concedido para la conciliación.

Dentro del término fijado por el tribunal, o de la prórroga concedida, las partes vendrán obligadas a presentar a éste informe con los resultados alcanzados en la conciliación.

ARTÍCULO 773.- Celebrada la conciliación, si las partes llegaran a acuerdo concluyente, el tribunal verificará los extremos que consten de la transacción e impartirá, en su caso, su aprobación mediante auto fundado por el cual se pondrá fin al proceso.

ARTÍCULO 774.- De no tener lugar la conciliación, o no llegarse a acuerdo en ella, el tribunal, con lo expuesto por las partes y lo deducido de las documentales aportadas, precisará y enumerará los puntos controvertidos y decidirá sobre la admisión de los elementos probatorios propuestos, citando a las partes para el día, la hora y lugar de la práctica de pruebas, dentro de los diez días hábiles siguientes de haberse efectuado la audiencia preliminar.

Capítulo VI
DE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS

ARTÍCULO 775.- Las pruebas se proponen por las partes con los escritos de demanda y contestación, o en cualquier otro momento, con anterioridad a la comparecencia, o con posterioridad a ésta, en este último caso, sólo a solicitud del tribunal.

ARTÍCULO 776.- Las pruebas que requieren ser practicadas se llevan a efecto, a instancia de parte o de oficio, en el momento que fije el tribunal con antelación a la comparecencia o durante la misma, o en su caso posteriormente, en la oportunidad que éste lo disponga.

Salvo para aquellas que deban ser practicadas en el  acto de la comparencia, para la práctica de pruebas deberá citarse con no menos de cinco días de antelación.

ARTÍCULO 777.- Las pruebas consisten en documentos, comprendidos los electrónicos o digitales, dictámenes de peritos, reconocimiento judicial, y declaraciones de testigos o especialistas, y demás medios que se reconocen y regulan en esta Ley.

ARTÍCULO 778.- El tribunal analiza conjunta y separadamente las pruebas y las valora con objetividad y criterio racional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso sometido a su consideración.

Los hechos que el tribunal considere que han sido admitidos por las partes no necesitan de ulterior prueba en el proceso. Ninguna prueba tiene valor preestablecido.

ARTÍCULO 779.- El tribunal está en la obligación de adoptar las medidas necesarias conducentes a asegurar la protección de la información confidencial aportada al proceso.

Capítulo VII
DE LA COMPARECENCIA

ARTÍCULO 780.- Constituye facultad exclusiva del tribunal convocar la celebración de comparecencia, a la que deben concurrir las partes en litigio y las personas que con otro carácter sean citadas a la misma.

Asimismo, el tribunal queda facultado para prescindir de dicha celebración cuando considere que puede decidir el fondo del asunto controvertido sobre la  base de los elementos obrantes en el expediente, y en su caso, derivados de las actuaciones preparatorias realizadas.

ARTÍCULO 781.- Comparecidas las partes, el tribunal declara abierto el acto y comprueba si persiste el litigio entre ellas.

En la comparecencia, el tribunal impone a las partes acerca de sus derechos y obligaciones, solicitando a las mismas que en su momento y por su turno, oralmente expongan de manera ordenada, clara y concisa sus alegaciones en relación con el objeto del litigio y en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Al tribunal incumbe la dirección de la comparecencia y formular a las partes las preguntas que estime pertinentes.

ARTÍCULO 782.- En el acto de la comparecencia las partes pueden arribar a un acuerdo que ponga fin al litigio, cuya aprobación judicial mediante auto surte los efectos atribuidos a la transacción judicial.

Las partes tienen derecho a modificar las pretensiones de la demanda, de la contestación o de la reconvención en su caso, ampliando o reduciendo las mismas, en cuyo supuesto el tribunal concede un término de cinco días a la otra parte o partes, para que se pronuncien sobre las nuevas cuestiones planteadas.

ARTÍCULO 783.- Si a cualesquiera de los que hayan de acudir a una comparecencia le resulta imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifiesta de inmediato al tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicita nuevo señalamiento.

El tribunal procederá en consecuencia resolviendo lo pertinente y, de resultar indispensable, hará nuevo señalamiento el que se efectuará con la mayor inmediatez. 

ARTÍCULO 784.- Cuando el testigo o el perito que haya sido citado a comparecencia por el tribunal, manifieste y acredite encontrarse en la misma circunstancia de imposibilidad expresada en el artículo anterior, el tribunal, si acepta la excusa, decide si deja sin efecto el señalamiento de la comparecencia y efectúa uno nuevo, o si cita al testigo o al perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la comparecencia señalada.

ARTÍCULO 785.- Toda suspensión que el tribunal acuerde se comunica de inmediato a las partes personadas y a quienes hayan sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición.

ARTÍCULO 786.- Sólo circunstancias excepcionales sobrevenidas durante el desarrollo de la comparecencia, pueden determinar su interrupción.

ARTÍCULO 787.- Las principales cuestiones tratadas en la comparecencia deben hacerse constar en acta, conforme se establece en el artículo 116 de la presente Ley.

ARTÍCULO 788.- Las actuaciones orales de la comparecencia, pueden registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen.

La grabación se efectúa bajo la fe del secretario, a quien corresponde la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que se haya efectuado.

En tales supuestos, el acta se limita a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y lugar, las peticiones o propuestas de las partes y las decisiones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no puedan constar en aquel soporte.

ARTÍCULO 789.- El tribunal dicta sentencia, dentro del término de diez días después de concluida la comparecencia, o de practicadas las pruebas dispuestas durante la misma.

En este último caso, las partes podrán solicitar al tribunal, en la propia comparecencia en que se disponga por éste la práctica ulterior de pruebas, que se cite a las mismas a vista antes de dictar sentencia, a partir de cuya celebración decursará el plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Capítulo VIII
DE LOS RECURSOS DE SUPLICA Y CASACION

ARTÍCULO 790.- Las resoluciones dictadas en los procesos de lo económico, pueden ser impugnadas por medio de los recursos de súplica y casación.

ARTÍCULO 791.- El recurso de súplica contra los autos o providencias que dicte el tribunal, debe ajustarse a lo establecido en los artículos 615 al 617 de esta Ley.

ARTÍCULO 792.- Procede el recurso de casación contra las siguientes resoluciones judiciales dictadas en única instancia por el tribunal:

a) los autos que declaran la inadmisión de la demanda, o pongan fin al proceso, agotado el recurso de súplica;

b) las sentencias definitivas dictadas en proceso ordinario; y

c) los autos resolutorios de recurso de súplica dictado en trámites de ejecución de sentencia.

ARTÍCULO 793.- El recurso de casación en esta materia se interpone y resuelve por las causales y de conformidad con lo establecido en los artículos 630 al 640 de la presente Ley.

Capítulo IX
DEL PROCESO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 794.- Procede la revisión, en materia de lo económico, contra las sentencias y autos definitivos firmes dictados en proceso ordinario por las salas de lo Económico de los tribunales provinciales, así como contra las sentencias dictadas en recursos de casación por la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 795.- El proceso de revisión se tramita y resuelve, en lo pertinente, por las causales y de conformidad con lo establecido en los artículos 642 al 650 de la presente Ley, salvo en lo que se contrae a la participación del fiscal.

ARTÍCULO 796.- La revisión sólo puede ser promovida por quienes hayan sido parte en el proceso original.

En ningún caso puede ser llamado un tercero al proceso de revisión que no haya participado con tal carácter en el proceso original.

ARTÍCULO 797.- La revisión se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia objeto de impugnación, el cual, dentro de los cinco días posteriores a su recibo, la eleva a la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular, conjuntamente con el expediente de su razón, previa incorporación, en su caso, de los documentos que hayan sido desglosados.

ARTÍCULO 798.- El proceso de revisión no puede ser promovido después de transcurridos dos años desde la fecha de haber alcanzado firmeza la sentencia o auto que haya podido motivarla, salvo en el supuesto de prórroga a que se refiere el artículo 645 en relación con el apartado 644 de esta Ley.

Capítulo X
DEL EMBARGO Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 799.- Todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar al tribunal competente la adopción de medida cautelar.

Asimismo podrá solicitar medida cautelar todo actor que lo sea en proceso de arbitraje ante corte arbitral cubana.

ARTÍCULO 800.- Es competente para conocer de la solicitud de medida cautelar el tribunal que lo sea para conocer de la demanda principal, salvo en caso de proceso de arbitraje ante la corte arbitral cubana, en que lo será el tribunal del domicilio del demandado.

ARTÍCULO 801.- La medida cautelar podrá solicitarse antes de o al interponer la demanda principal, o en cualquier momento posterior durante el proceso.

Cuando la medida cautelar sea solicitada y adoptada antes de la presentación de la demanda principal, la parte actora vendrá obligada a presentar la misma o, en su caso, a acreditar su presentación, dentro de los treinta días siguientes al de su solicitud.

ARTÍCULO 802.- El tribunal competente que conoce de la solicitud de medida cautelar podrá condicionar su otorgamiento a la prestación de fianza o caución, cuyo monto se fijará en relación con el efecto de la medida solicitada.

ARTÍCULO 803.- El tribunal podrá acordar como medida cautelar, entre otras, las siguientes:

a) el embargo preventivo de bienes;

b) el secuestro de bienes en litigio;

c) la anotación preventiva en registro público;

d) el depósito temporal de bienes;

e) el aseguramiento de medios probatorios;

f) la suspensión o abstención de actividad o conducta determinada;

g) cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia del proceso.

ARTÍCULO 804.- Procederá la adopción de medida cautelar cuando concurran circunstancias, debidamente acreditadas, que evidencien el riesgo cierto de daño irreparable para la parte actora de no adoptarse la misma. En caso de corresponder al aseguramiento de obligaciones de pago, deberá presentarse, además, prueba documental de la que pueda inferirse la existencia cierta y actual de la deuda.

No obstante, para su decisión, el tribunal deberá valorar, en cualquier caso, los eventuales perjuicios que ello pueda suponer para el demandado, o terceros, así como la conducta previa de las partes.

ARTÍCULO 805.- El tribunal que conozca de la solicitud de medida cautelar, dará traslado de la misma por tres días a la parte demandada, contados a partir de su notificación y citará a las partes a vista para dentro de los diez días siguientes a su solicitud, en las que éstas serán oídas y resuelto, sin más trámite, lo que en derecho proceda.

No obstante, cuando concurran razones de urgencia u otra que así lo justifique, la parte actora podrá solicitar del tribunal la adopción directa de la medida cautelar con antelación a la vista.

ARTÍCULO 806.- La medida cautelar, una vez dispuesta, podrá ser sustituida, modificada o revocada, a instancia de cualquiera de las partes, cuando hayan variado o cesado las circunstancias que determinaron su adopción, con sujeción al procedimiento a que se contrae el artículo anterior.

En su defecto, la medida cautelar se mantendrá hasta la terminación del proceso principal.

En caso de dictarse resolución judicial estimatoria de la pretensión objeto de aseguramiento, y ser requerida su ejecución, la medida cautelar se mantendrá como parte del proceso ejecutivo a que dé lugar.

ARTÍCULO 807.- Podrán ser objeto de embargo o medida cautelar, toda clase de bienes y derechos, con excepción de aquellos a que se contrae el artículo 463 de la presente Ley.

No obstante, en el caso de que la medida cautelar solicitada tenga por objeto el embargo de instrumentos o medios de trabajo de una sociedad mercantil, o vehículos destinados a la actividad empresarial de la misma, éstos no se reputarán comprendidos en las excepciones a que se refieren los apartados 4 y 5 del referido precepto legal.

Sin perjuicio de ello, al decretar el embargo de los bienes a que se contrae el párrafo anterior, el tribunal podrá valorar, a instancia de parte, la posibilidad de disponerlo sin privar de su uso a la entidad titular de los mismos.

ARTÍCULO 808.- Dispuesto el embargo o medida cautelar, se procederá a su ejecución en la forma que corresponda, atendiendo a la naturaleza de los bienes objeto del mismo, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 464 y siguientes de la presente Ley.

Si se tratare de recursos monetarios en cuenta bancaria, se librará oficio al banco ordenando retención temporal por el monto correspondiente. Si estos resultaran insuficientes, y así fuera instado por la parte actora, el tribunal podrá disponer las medidas correspondientes respecto a los créditos que tenga la parte deudora en relación con terceros.

ARTÍCULO 809.- No se llevará a efecto el embargo si la parte en cuyo perjuicio se haya dispuesto o pretenda disponer, pagare, consignare o constituyere fianza bastante para responder de la suma pretendida.

De igual modo se dejará sin efecto el embargo en cualquier momento posterior en que dicha parte proceda a ello.

ARTÍCULO 810.- Si al practicar el embargo o medida cautelar se comprendiesen en la diligencia o acto otros bienes distintos a los dispuestos, el tribunal deberá subsanar esta extralimitación tan pronto lo advierta y dispondrá en el acto, de oficio o a instancia de parte, y sin audiencia de nadie, que se excluyan de la diligencia los indebidamente comprendidos, librando a dicho objeto cuantos mandamientos se requieran. El recurso de súplica en este caso carecerá de efectos suspensivos.

Capítulo XI
DEL EMBARGO DE BUQUES

ARTÍCULO 811.- Los buques o embarcaciones, surtos en puertos cubanos, pueden ser objeto de embargo preventivo, siempre que tenga por fundamento la existencia de un crédito marítimo.

Se exceptúan las naves de guerra, nacionales o extranjeras, y cualquier nave afecta al servicio de un Estado, salvo que las mismas efectúen actividades propias del comercio marítimo.

ARTÍCULO 812.- Por el embargo de buque o embarcación se entiende la retención de éstos en puerto, por disposición judicial, para asegurar el pago de créditos marítimos.

ARTÍCULO 813.- Por crédito marítimo se entiende la alegación de un derecho o de un crédito que tenga por causa:

a) daños causados por un buque, ya sea por abordaje, ya de otro modo;

b) pérdida de vidas humanas o daños corporales causados por un buque o provenientes de la explotación de un buque;

c) asistencia o salvamento;

d) contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;

e) contratos relativos al transporte de mercancía por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conocimiento o de otra forma;

f) pérdidas o daños causados a las mercancías y equipajes transportados por un buque;

g) avería común;

h) préstamo a la gruesa;

i) remolque;

j) pilotaje;

k) suministro de productos o de materiales hechos a un buque para su explotación o su conservación, cualquiera que sea el lugar de los mismos;

l) construcción, reparaciones, equipamiento de un buque o gastos de puerto;

m) salarios del capitán, oficialidad o tripulación;
n) desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, los fletadores o los agentes por cuenta del buque o de su propietario;

o) la propiedad impugnada de un buque;

p) la copropiedad impugnada de un buque o su posesión, o su explotación, o los derechos a los productos de explotación de un buque para la ejecución de un título;

q) cualquier hipoteca naval.

ARTÍCULO 814.- La medida en cuya virtud se dispone el embargo preventivo de un buque o embarcación por la autoridad judicial competente, se adopta mediante resolución dictada al efecto que se notifica a la Capitanía del Puerto correspondiente, así como al capitán o patrón en su caso.

Cuando la medida de embargo recae sobre un buque o embarcación extranjera, se informa al representante consular del país de abanderamiento, si existiera, así como al agente naviero del buque o agente de protección.

ARTÍCULO 815.- El tribunal que decrete el embargo, debe exigir del demandante fianza o caución para responder de los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida.

Para la fijación de su importe el tribunal tomará en consideración el monto de la suma adeudada.

ARTÍCULO 816.- La parte que haya solicitado el embargo, debe presentar las pruebas indiciarias que acrediten la legitimidad de su derecho, sin perjuicio de su obligación de interponer la correspondiente demanda judicial dentro de los treinta días siguientes de haberse efectuado el mismo; o, de haberse ejercitado las acciones en los casos en que conste como pacto expreso de las partes el sometimiento del conflicto a jurisdicción extranjera o arbitral, lo cual deberá ser acreditado por la parte actora dentro del propio plazo, sujeto a los mismos efectos en caso de no presentación, en defecto de lo cual el embargo queda sin efecto alguno.

ARTÍCULO 817.- El tribunal que decrete el embargo notifica la medida a las partes concernidas y, previa coordinación con el Ministerio del Transporte, designa la entidad encargada del depósito judicial del buque o embarcación, la cual debe proceder a la determinación del lugar en que quedará constituido el referido depósito y a la adopción de las medidas de seguridad que procedan, informando al tribunal sobre estos extremos.

ARTÍCULO 818.- La entidad designada como depositario, en adición a las obligaciones generales en su condición de tal, tendrá las de:

a) cuidar de la conservación del buque o embarcación objeto del embargo;

b) velar porque se lleve a cabo, en su caso, la repatriación de los oficiales y tripulantes que así lo exijan, garantizando el mantenimiento a bordo de la dotación mínima de seguridad;

c) tramitar con la Capitanía del Puerto las autorizaciones para los movimientos y las maniobras de seguridad del buque;

d) contratar los seguros que estime convenientes para la protección de la nave;

e) rendir cuenta periódicamente de su gestión al tribunal.

ARTÍCULO 819.- Lo dispuesto en los artículos que anteceden resulta de aplicación, en lo atinente, al embargo de aeronaves en aeropuertos de la República de Cuba.

Capítulo XII
DE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES

ARTÍCULO 820.- La parte favorecida por laudo arbitral dictado por corte de arbitraje cubana o en proceso arbitral internacional realizado en Cuba, podrá solicitar su ejecución ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular correspondiente al domicilio de la parte que venga obligada a su cumplimiento.

ARTÍCULO 821.- La solicitud de ejecución de laudo arbitral dictado en Cuba podrá presentarse dentro del año contado a partir de su firmeza.

Se entiende que un laudo arbitral es firme y ejecutorio, transcurridos los diez días de su notificación sin que haya sido solicitada su nulidad por la parte obligada por el mismo, o, una vez desestimada ésta por el tribunal competente.

ARTÍCULO 822.- A la solicitud de ejecución de laudo arbitral deberá acompañarse copia certificada del mismo y, en su caso, de la sentencia desestimatoria de su nulidad.

ARTÍCULO 823.-A los efectos de su ejecución, los laudos arbitrales se equiparan a sentencia judicial, siguiéndose la vía de apremio correspondiente.

Igual tratamiento recaerá sobre los autos dictados en proceso arbitral aprobando una transacción.

ARTÍCULO 824.- En los casos de laudo arbitral dictado en el extranjero, cuya ejecución se pretenda realizar en territorio nacional, se requerirá del reconocimiento previo concedido por la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular.

Capítulo XIII
DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL

ARTÍCULO 825.- La solicitud de declaración de nulidad de laudo arbitral dictado por corte arbitral cubana o en arbitraje internacional celebrado en Cuba, se presentará ante la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular dentro de los diez días siguientes al de su notificación y por las siguientes causales:

a) invalidez del acuerdo arbitral o incapacidad de obrar de las partes;

b) violación en la constitución del tribunal arbitral o en la notificación de su nombramiento;

c) violación en el procedimiento que determine la imposibilidad de la parte de presentar y hacer valer sus alegaciones; y estar referido el laudo a controversia que no haya sido o pueda ser objeto del acuerdo arbitral o exceder de los términos del mismo.

ARTÍCULO 826.- Con la presentación de la solicitud se acompañará copia certificada del laudo cuya nulidad se propone.

ARTÍCULO 827.- La parte que solicite la nulidad de un laudo arbitral podrá solicitar que el tribunal disponga la suspensión de su cumplimiento.

El tribunal resolverá por auto sobre la suspensión de la ejecución del laudo arbitral cuya nulidad se solicita, den-tro de los tres días siguientes, pudiendo requerir de la parte promovente la caución previa que estime necesaria.

ARTÍCULO 828.- Apreciada la nulidad del laudo arbitral, el tribunal se limitará a disponer ésta por sentencia.

La sentencia disponiendo la nulidad del laudo arbitral es definitiva y contra la misma no cabe recurso ni proceso de revisión.
Capítulo XIV
DE LA SENTENCIA EN PROCESO MEDIOAMBIENTAL

ARTÍCULO 829.- La sentencia que se dicte en proceso referido a daño al medio ambiente, no causa estado de cosa juzgada, quedando legitimado el perjudicado para ejercitar nuevas acciones reclamatorias por la continuidad de los efectos del mismo evento dañoso que haya dado lugar a la misma.

(Esta Cuarta Parte fue adicionada por el Artículo 3 Decreto-Ley Nº 241/2006, de 26 de septiembre, contenido en Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 33, Extraordinaria, de 27 de septiembre del 2006).

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA.- Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de Comercio y demás leyes, órdenes, reglamentos de todas clases que establecen normas en materia no contenciosa en relación a los actos de comercio, que conforme a la legislación anterior no derogada ni modificada expresa o tácitamente, estén requeridos de la intervención judicial, continuarán observándose con carácter provisional, sin otras modificaciones que la de que el conocimiento de las actuaciones a que den lugar estará referido a la competencia de los respectivos Tribunales Provinciales Populares; que en la sustanciación de las mismas regirán con carácter supletorio las disposiciones generales de dicha ley referente a la jurisdicción voluntaria con arreglo a los artículo 2070 y siguientes; que las decisiones de carácter definitivo se adoptarán en forma de autos; y que contra ellos cabrá únicamente el recurso de súplica del modo que autoriza el apartado 2) del artículo 399 de la presente Ley.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, en los casos de urgencia, tales diligencias podrán promoverse, a prevención, ante los Tribunales Municipales Populares situados fuera del lugar donde radique la sede del Tribunal Provincial Popular respectivo, los cuales, una vez practicadas las actuaciones más necesarias, se limitarán a elevarlas al Tribunal Provincial Popular que corresponda, con emplazamiento de los interesados, para su continuación según el estado de las mismas. En este caso el Tribunal Provincial Popular podrá, una vez recibidas las diligencias, subsanar o rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier defecto de forma que se hubiere padecido.

En todo caso el Tribunal podrá, según lo estime conveniente, encargar la práctica de las diligencias que disponga a uno o más de sus miembros o practicarlas por sí.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Los procesos  que estén conociendo en la actualidad las respectivas salas de lo Económico de los tribunales populares al amparo del procedimiento anterior, conservan toda su validez, pero los efectos posteriores a la vigencia de este Decreto-Ley se rigen por sus disposiciones.

SEGUNDA: Los procesos en materia civil que se encuentran en tramitación en los diferentes tribunales de este orden, atendiendo a la competencia que les atribuyen los preceptos que por el presente Decreto-Ley se modifican, se continuarán conociendo por los mismos hasta su resolución definitiva.

TERCERA: Los recursos de casación relacionados con los procesos civiles a que este cuerpo legal se contrae, y que al momento de su entrada en vigor están pendientes en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular, seguirán su tramitación hasta su culminación, sin perjuicio de las modificaciones que por el presente Decreto-Ley se establecen.

(Estas disposiciones son las contenidas en el Decreto-Ley Nº 241/2006, de 26 de septiembre, contenido en Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 33, Extraordinaria, de 27 de septiembre del 2006).

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Los procesos de lo económico, en todo cuanto no esté previsto y regulado expresamente en la Cuarta Parte  de esta  Ley, se regirán con carácter supletorio por las disposiciones relativas al proceso civil en la forma que resulten de aplicación.

SEGUNDA: En lo relativo a procesos sobre daños al medio ambiente y los recursos naturales, en los cuales aparezcan como parte actora la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, o el Ministerio de la Agricultura, el tribunal que conozca del litigio puede disponer el ingreso de la indemnización que resulte al Presupuesto Central del Estado.

TERCERA: Los dirigentes y funcionarios de los órganos y organismos del Estado y de organizaciones empresariales y presupuestadas, vienen obligados a responder oportunamente las solicitudes que reciban de las salas de justicia de los tribunales populares en relación con la elaboración de dictámenes, remisión de documentos, informaciones o asistencia a actos judiciales.

CUARTA: Se faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para establecer y regular lo que corresponda en relación con la cuantía mínima exigible para presentar las demandas de contenido patrimonial ante las salas de lo Económico de los tribunales provinciales populares.

(Estas disposiciones especiales fueron adicionadas por el Artículo 5 del Decreto-Ley Nº 241/2006, de 26 de septiembre, contenido en Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 33, Extraordinaria, de 27 de septiembre del 2006).

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- El procedimiento para la tramitación de las prestaciones de la seguridad social a largo plazo queda regulado en la forma siguiente:

  1. el Jefe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección de Seguridad Social del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social resolverá en primera instancia las solicitudes de prestaciones a largo plazo formuladas al amparo de la legislación de Seguridad Social;
  2. el Jefe del Departamento de Tramitación de Incidentes de la referida Dirección resolverá en primera instancia las cuestiones referentes a la modificación, suspensión o extinción de los derechos relacionados con dichas prestaciones;
  3. el Director de Seguridad Social del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social conocerá de los recursos que se establezcan contra las resoluciones dictadas por los funcionarios mencionados en los apartados anteriore

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

LEGISLACION

Decreto Ley No. 147, publicado en la Gaceta Oficial, edición extraordinaria No. 2, de 21. 4. 92.

Ver nota al artículo 704

SEGUNDA.- Se modifica el artículo 704 del Código Civil, el que quedará redactado en la forma siguiente:

ARTÍCULO 704.- Los testamentos otorgados sin la autorización de Notario serán ineficaces si no se adveran conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral."

TERCERA.- Se derogan la Ley número 1261, de 4 de enero de 1974, Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, y las demás disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

CUARTA.- Esta Ley comenzará a regir una vez que queden constituidos los órganos judiciales establecidos por la Ley de Organización del Sistema Judicial.

Ciudad de La Habana, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos setenta y siete.

Blas Roca Calderío