LPCALE- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SEGUNDA PARTE
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Título I
DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

Capítulo I
DE LA JURISDICCION

ARTÍCULO 654.- El procedimiento para reclamar en la vía jurisdiccional contra decisiones y actos administrativos, se regirá por lo dispuesto en los artículos que siguen. En lo no previsto expresamente en esta Parte, regirán con carácter supletorio las disposiciones del proceso civil en la forma que resulten de aplicación.

ARTÍCULO 655.- Se entenderá por Administración a los efectos de esta Ley:

  1. los organismos de la Administración  Central del Estado así como sus delegaciones territoriales;
  2. los Comités Ejecutivos  de los órganos provinciales y municipales del Poder Popular 

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

LEGISLACION

REGLAMENTO DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES DEL PODER POPULAR, aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado de 13.9.95, publicado en la Gaceta Oficial, edición extraordinaria No. 4, de 13.9.95.

ARTÍCULO 4: Para el ejercicio de sus funciones la Asamblea Provincial del Poder Popular se apoya en las comisiones de trabajo, en los Consejos Populares, en el Consejo de la Administración, así como en la iniciativa y amplia participación de la población, en estrecha coordinación con los organismos de masas y sociales.

REGLAMENTO DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL PODER POPULAR, aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado, de 13.9.95, publicado en la Gaceta Oficial, edición extraordinaria No. 4, de 13.9.95.

ARTÍCULO 4: Para el ejercicio de sus funciones la Asamblea Municipal del Poder Popular se apoya en las comisiones de trabajo, en los Consejos Populares, en el Consejo de la Administración, así como en la iniciativa y amplia participación de la población, en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales.

Nota de los autores: Con las anteriores disposiciones resulta de entender que las funciones que le venían atribuidas a los Comités Ejecutivos Provinciales y Municipales, pasan a los Consejos de la Administración, respectivamente.

ARTÍCULO 656.- La jurisdicción en materia administrativa conocerá de:

1) todas las pretensiones que se deduzcan contra las disposiciones de carácter general y resoluciones que emanen de la Administración y que, en uno u otro caso, vulneren derechos legalmente establecidos a favor del reclamante, salvo lo dispuesto en los artículos 657 y 673; 

2) las cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación de la Reforma Urbana;

3) las demás cuestiones que la ley le atribuya especialmente.

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

LEGISLACION

Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial, edición extraordinaria No. 3 de 8.2.89.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 31, Dictamen 284, de 9.2.88: Sobre potestad discrecional y reglada de la Administración y cuando y por quien es recurrible la resolución que se dicte en el ejercicio de la primera.   Bol. 1988-1, pág. 57.

Acuerdo 98,de 11.1.88: Deja sin efecto el Acuerdo No. 33, de 23.4.87 que establecía que debía tramitarse por la vía administrativa cualquier tipo de reclamación en relación con la propiedad de solares yermos, en atención a lo dispuesto por la Instrucción No. 6, de 9.6.86, del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, al modificarse ésta por la Instrucción No. 3 de 5.7.88, del propio Presidente, a cuyo tenor, a partir de ese momento las reclamaciones sobre dichos solares corresponderán a lo civil, con excepción de los casos a que se refiere el Capítulo III de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda. Bol. 88-90, pág. 19.

Acuerdo 30, Dictamen 284, de 9.2.88: Dispone la posibilidad de que se conozca en la vía judicial las resoluciones dictadas por los Comités Ejecutivos del Poder Popular sobre asignación o entrega de algo, según sus facultades discrecionales, sólo en los casos donde afecte los derechos subjetivos de terceros.

ARTÍCULO 657.- No corresponden a la jurisdicción administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una autoridad concerniente a:

  1. la defensa nacional, la seguridad del Estado, el orden público y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales;
  2. las transacciones en divisas o valores extranjeros y el control de cambios;
  3. la planificación de la economía nacional;
  4. las materias constitucionales, civiles, penales, laborales y de seguridad social;
  5. la actividad educacional y la disciplina escolar y estudiantil;
  6. el ejercicio de la potestad discreciona

Tampoco pueden ser objeto de controversia administrativa los acuerdos del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.

Nota: El anterior artículo fue modificado por el Decreto Ley No. 33, publicado en la Gaceta Oficial, en su edición extraordinaria No. 5 de 14.3.80, el que quedó redactado en la forma que se consigna).

ARTÍCULO 658.- La jurisdicción administrativa conocerá en todo caso de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, aún cuando ésta se derive de la ejecución de cualquiera de las disposiciones a que se refiere el artículo anterior.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 204, Dictamen 61, de 30.4.78: Sobre la necesidad de la existencia previa de una disposición o resolución no susceptible de recurso alguno, en la vía administrativa, como presupuesto objetivo del proceso administrativo. Bol. 1979-1, pág. 26.

Capítulo II
DE LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 659.- La jurisdicción en materia administrativa se ejercerá por los siguientes órganos:

  1. la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular; 
  2. las Salas de lo Civil y de lo Administrativo de los Tribunales Populares

ARTÍCULO 660.- Los órganos de la jurisdicción en materia administrativa que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias.

ARTÍCULO 661.- La competencia en materia administrativa será improrrogable; en su consecuencia, el Tribunal vendrá obligado a declarar su incompetencia, de oficio o a instancia de parte.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 259, Dictamen 45, de 19.12.78: Ver nota al artículo 23.

ARTÍCULO 662.- Las Salas de lo Civil y de lo Administrativo conocerán de las pretensiones que se formularen contra las disposiciones de carácter general y de las resoluciones emanadas de los Comités Ejecutivos de los órganos provinciales y municipales del Poder Popular que ejerzan sus funciones en el territorio de la provincia.

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

LEGISLACION

Véase nota al artículo 655 en cuanto al Reglamento de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 15, de 13.1.81: Sobre la competencia de la jurisdicción administrativa para conocer de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración. Bol. 1981-1, pág. 9.

Acuerdo 45, Dictamen 268, de 19.5.87: Dispone que contra las resoluciones dictadas por las Oficinas Municipales de la Vivienda, referidas a solicitudes de declaración de ilegalidad en la ocupación, no procede recurso en lo administrativo ni en lo judicial. Bol. 1987-1, pág. 26.

Aún y cuando no se especifica en este Dictamen los ilegales a que se hace referencia en el Dictamen anterior son los referidos en el artículo 115 de la Ley General de la Vivienda y no a los casos recogidos en los artículos 28, 32 y 64. (Nota de los autores).

Acuerdo 80, de 11.8.87: Dispone que corresponde al Instituto Nacional de la Vivienda el que haga saber a los posibles coadyuvantes el inicio de un proceso judicial en la vía administrativa. Bol. 1988-1, pág. 27.

Acuerdo 74, de 14.6.88: Dispone la incompetencia de los tribunales de lo civil para conocer de asuntos que entrañen pronunciamientos que afecten la ocupación de las viviendas. Bol. 1988, pág. 53.

ARTÍCULO 663.- La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, conocerá, además, de las pretensiones que se formulen contra las disposiciones de carácter general y de las resoluciones emanadas de los órganos superiores de los organismos de la Administración Central del Estado.

ARTÍCULO 664.- Si la disposición o resolución emanare en primera instancia de funcionario competente de los órganos a que se refiere el apartado 2) del artículo 655, corresponderá el conocimiento del asunto a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular respectivo, aunque la resolución dictada  en última instancia en la vía administrativa emane de un funcionario competente de un organismo de la Administración Central del Estado.

ARTÍCULO 665.- La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular conocerá:

  1. de los recursos de casación que se deduzcan contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Provinciales Populares en materia administrativa susceptibles de ellos conforme a lo previsto en esta Ley para el proceso civil. La sustanciación del recurso se ajustará también a lo establecido en esta Ley para dicho proceso;
  2. del proceso de revisión contra las sentencias firmes emanadas de los órganos de la jurisdicción administrativa, de acuerdo con lo previsto en esta Ley para el proceso civil

Título II
DE LA LEGITIMACION

ARTÍCULO 666.- Están legitimados para el ejercicio de la acción administrativa:

  1. si se pretendiese el restablecimiento y reconocimiento de una situación jurídica subjetiva únicamente el titular de un derecho derivado de una disposición legal que se considere vulnerada por la resolución impugnada;
  2. la Administración contra su propia resolución firme que haya creado un derecho de carácter subjetivo, siempre que el órgano supremo de la jerarquía administrativa o el Comité Ejecutivo del órgano provincial o municipal del Poder Popular de donde emanase aquélla haya declarado, en resolución fundada, que la misma es lesiva a los intereses públicos al objeto de impugnarla en la vía jurisdiccional. Esta declaración deberá hacerse dentro del plazo de tres meses a contar de la fecha en que hubiere sido dictada la resolución

Ninguno de los órganos inferiores podrá impugnar por sí mismo, las resoluciones de la Administración.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 174, Dictamen 59, de 20.4.79: Dispone la imposibilidad de entender resoluciones judiciales a otras que no hayan sido dictadas por los tribunales, así como interpreta el artículo 666 de la ley procesal y declaración de lesividad para poder acudir a la vía judicial.  Bol. 1979-1,  pág. 24.

ARTÍCULO 667.- Se considerará por parte demandada:

  1. el órgano de la Administración del que emanare la disposición o resolución impugnada; 
  2. la persona que resulte directamente beneficiada por la resolución declarada lesiva conforme al apartado 2) del artículo anterior

ARTÍCULO 668.- Podrán intervenir en el proceso administrativo como coadyuvantes de la Administración demandada las personas que demuestren tener un interés en la desestimación de la demanda.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 662, de 23.11.77: Sobre la personalidad y la participación de los coadyuvantes en el proceso administrativo. Bol. 1977, pág. 25.

ARTÍCULO 669.- El Fiscal tendrá en el proceso administrativo las mismas facultades que con referencia al civil se expresan en el artículo 46.

Título III
DE LOS ACTOS IMPUGNABLES

ARTÍCULO 670.- El proceso administrativo podrá promoverse únicamente:

  1. contra las disposiciones de carácter general no excluidas expresamente conforme al artículo 657, cuando proceda; 
  2. contra las resoluciones que no sean susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa, ya sean definitivas o de trámite, si éstas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto de tal modo que pongan término a dicha vía o hagan imposible su continuación

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 268, de 2.7.78: Dispone el procedimiento a seguir por los tribunales cuando, tratándose de bienes sujetos a la Ley de Reforma Urbana, exista contradicción con lo dispuesto en el artículo 390 de la Ley Hipotecaria.

Acuerdo 204, Dictamen 61, de 30.4.79: Ver nota al artículo 658.

Acuerdo 11, Dictamen 342, de 22.2.92: Ver nota al artículo 6.

ARTÍCULO 671.- Los actos de aplicación sólo podrán ser impugnados una vez agotada la vía administrativa.

La falta de impugnación directa de una disposición de carácter general o la desestimación de la demanda formulada contra ella no impedirá la impugnación de las resoluciones de aplicación individual.

ARTÍCULO 672.- Cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o, en su defecto, del de cuarenta y cinco días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado al efecto de establecer, frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso, o esperar que sea dictada la resolución expresa para establecer el proceso en la forma ordinaria.

ARTÍCULO 673.- No son impugnables ante la jurisdicción administrativa las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores definitivas y firmes ni las confirmatorias de acuerdos con­sentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Título IV
DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo I
DE LA DEMANDA, EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACION

ARTÍCULO 674.- El procedimiento administrativo se iniciará con la presentación de la demanda, en la que se consignarán con la debida separación, los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deducen, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantas razones procedan, aunque no se hubieren expuesto previamente en la vía administrativa.

Al escrito de demanda se acompañarán los documentos que acrediten la personalidad y legitimación, así como la copia o traslado de la disposición o resolución o, cuando menos, indicación del expediente en que hubiere recaído o el periódico o boletín oficial en que hayan sido publicadas.

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Instrucción No. 8, de 27.4.83: Ver nota al artículo 108.

Acuerdo 45, Dictamen 268, de 19.5.87: Ver nota al artículo 662.

Acuerdo 31, Dictamen 284, de 9.2.88: Ver nota al artículo 656.

Acuerdo 43, Dictamen 314, de 21.8.90: Dispone que se debe emplazar a los demás demandados en igualdad de condiciones que a la Administración; aclarando que la institución del coadyuvante se mantiene vigente.  Bol. 1988-90,  pág. 194.

ARTÍCULO 675.- Cuando sea la Administración la que demande contra su propio acto, deberá acompañar, con el escrito de demanda, el expediente administrativo y una copia certificada de la resolución en la que se haya hecho la declaración de lesividad.

ARTÍCULO 676.- Si en el escrito de demanda no se hubieren cumplido los requisitos señalados en los artículos anteriores se otorgará al demandante un plazo de diez días para que subsane el defecto en que haya incurrido y, si no lo hiciere, se ordenará el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 677.- El plazo para la presentación de la demanda, cuando sea un particular el que reclame, será de treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la resolución o, en su caso, desde el día siguiente de la publicación oficial de la disposición de que se trate, cuando proceda, o de la ejecución de los actos de que se derive la responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 658.

En caso de silencio administrativo, el plazo comenzará a decursar al siguiente día de aquel en que deba considerarse recaída la resolución presunta que agote la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del interesado a promover la acción administrativa contra la posterior resolución expresa, si llegare a dictarse, en el supuesto de que no hubiere impugnado oportunamente la resolución presunta.

En el caso del artículo 675, la Administración deberá presentar la demanda dentro del plazo de veinte días a partir del siguiente en que la resolución impugnada hubiere sido declarada lesiva a los intereses públicos.

ARTÍCULO 678.- Serán acumulables en un solo proceso las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan con relación a una misma disposición o resolución.

Lo serán también las pretensiones que se refieran a varias disposiciones o resoluciones, cuando unas sean reproducción, confirmación o ejecución de otras o exista entre ellas cualquier otra conexión directa, y en todo caso, siempre que el plazo para la presentación de la demanda no haya transcurrido respecto de ninguna.

En este último caso se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente en cuanto a las resoluciones respecto de las cuales el plazo no haya vencido y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673.

ARTÍCULO 679.- Si el Tribunal estimare improcedente la acumula­ción, lo declarará así y reservará al demandante o demandantes el derecho a establecer por separado las pretensiones en el plazo de diez días, sin más trámites ni recurso, y si no lo efectuaren, se tendrá por caducada aquella pretensión respecto de la cual no se hubiere cumplido lo dispuesto.

ARTÍCULO 680.- Presentada la demanda en forma legal, el Tribunal declarará no haber lugar a su admisión si constare de manera expresa:

  1. la falta de jurisdicción o competencia; 
  2. que la disposición o resolución objeto del proceso no es susceptible de impugnación conforme a las reglas de los Capítulos que anteceden:
  3. haber transcurrido el plazo para la presentación de la demanda

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 45, Dictamen 268, de 19.5.87: Ver nota al artículo 662.

ARTÍCULO 681.- Admitida la demanda, el Tribunal acordará, en el siguiente día hábil, el anuncio de la misma en la tablilla de asuntos del Tribunal, en el que se llamará a los que se consideren legitimados para comparecer como coadyuvantes.

Al propio tiempo, el Tribunal reclamará los expedientes administrativos directamente relacionados con la disposición o resolución impugnada, los cuales deberán ser remitidos dentro de los diez días siguientes, contados desde que se reciba el oficio, bajo la personal y directa responsabilidad del jefe de la oficina en la que obrare el expediente.

Si en el plazo señalado no se hubiere recibido el expediente, el Tribunal, de oficio, ordenará requerir al funcionario responsable de la demora para que lo entregue en el acto del requerimiento, apercibiéndolo al propio tiempo de que si no cumple lo ordenado, se le exigirá la responsabilidad a que diere lugar la desobediencia.

Si no hubiere tenido éxito el requerimiento dispuesto, sin perjuicio de cumplir el apercibimiento, el Tribunal elevará oficio al superior jerárquico, en el que le informará de la situación y apercibirá, a su vez, de que si en el plazo de cinco días no se recibiere en el Tribunal el expediente reclamado, podrá tenerse por conforme a la Administración con los hechos que resultaren de la exposición del actor.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 43, Dictamen 314, de 21.8.90: Ver nota al artículo 674.

ARTÍCULO 682.-Recibido el expediente o decursados, en su caso, los plazos señalados en el artículo anterior sin haberse recibido, se dará traslado de la demanda a la Administración y a los coadyuvantes que se consideren legitimados para intervenir en el proceso, a fin de que comparezcan y contesten la demanda.

A este efecto, el emplazamiento de la administración se entenderá realizado con la reclamación de los expedientes administrativos.

En cuanto a los coadyuvantes, se considerará como emplazamiento el anuncio en la tablilla de avisos del Tribunal a que se refiere el artículo 681.

El plazo para contestar la demanda será el de veinte días, contados a partir del día siguiente a la recepción por el Tribunal de los expedientes reclamados, lo cual se hará constar en los autos.

En el caso del último párrafo del artículo 681, si en definitiva no se hubieren recibido los expedientes, se hará constar este particular en las actuaciones y el plazo para contestar comenzará a decursar a partir de la fecha de esta diligencia.

ARTÍCULO 683.- Cuando la Administración sea la que demande contra su propio acto, el emplazamiento de los demandados directamente afectados por la resolución impugnada, se efectuará en la forma y por el término establecido para el proceso civil ordinario.

ARTÍCULO 684.- La contestación se formulará en los mismos térmi­nos previstos para la demanda.

Si el demandado y los coadyuvantes no comparecieren a contestar la demanda en el plazo concedido al efecto, continuará el proceso su curso en la forma que se prevé en esta Ley para el proceso en rebeldía. También se aplicarán las normas pertinentes del proceso en rebeldía, en el caso de que aquéllos se personaren posteriormente.

En ningún caso podrá utilizarse la reconvención.

ARTÍCULO 685.- Si las partes estimaren que los expedientes administrativos no están completos, podrán solicitar, dentro de los diez primeros días del plazo concedido para formular la contestación, que se reclamen los antecedentes adecuados para completarlos.

La solicitud suspenderá el plazo para la contestación y deberá ser resuelta dentro de tres días sin más trámite ni recurso.

Si se accede a la reclamación de los nuevos antecedentes, la Administración deberá remitirlos en los plazos y en la forma previstos en el artículo 681.

Denegada la solicitud o recibidos, en su caso, los antecedentes reclamados, continuará corriendo el plazo para la contestación.

Capítulo II
DE LA PRUEBA

ARTÍCULO 686.- El recibimiento a prueba deberá solicitarse en los escritos de demanda y contestación, expresándose concretamente los hechos sobre los cuales ha de recaer la misma.

La solicitud será admitida si se contrae a hechos básicos de influencia decisiva en el pleito y en relación con los cuales las partes no se muestren de acuerdo.

ARTÍCULO 687.- Si se accede al recibimiento a prueba, se estará a la regulación establecida para el proceso civil ordinario.
Capítulo II
DE LA SENTENCIA

ARTÍCULO 688.- Decursado el término de contestación, o terminado el período de prueba, en su caso, se procederá en la forma dispuesta en los artículos 354 y 355 de esta Ley.

ARTÍCULO 689.- La sentencia desestimará la demanda cuando la disposición o resolución impugnada se ajuste a derecho.  Esta declaración implicará la confirmación del acto o dispo­sición objeto del litigio.

La sentencia estimará la demanda cuando la disposición o resolución impugnada sea contraria a derecho, incluso por falta de competencia de la autoridad administrativa de la que emanare.

ARTÍCULO 690.- La sentencia estimatoria revocará total o parcialmente la disposición o resolución impugnada y dispondrá la devolución del expediente administrativo para que por la Administración en el término de treinta días, se dicte nueva disposición o resolución que se ajuste a lo declarado en la sentencia.

Contra la nueva resolución administrativa no procederá recurso alguno. No obstante, la parte que se considere afectada por la misma, podrá acudir a la Fiscalía a los efectos del control de la legalidad socialista.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 538, Dictamen 46, de 27.12.78: Dispone la obligación en que se encuentran los tribunales de vigilar la efectiva ejecución de los fallos que pronuncien, por el organismo gubernativo correspondiente en cuanto al proceso administrativo se refiere. Bol. 1978-2,  pág. 32.

ARTÍCULO 691.- La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación de la demanda sólo producirá efectos entre las partes. Los mismos efectos producirá la sentencia que revoque una resolución de carácter particular.

La sentencia que anule una disposición de carácter general producirá efectos entre las partes y respecto de las personas a quienes afecte dicha disposición.

Título V
DE LA SUSPENSION DEL ACTO OBJETO DEL PROCESO

ARTÍCULO 692.- El ejercicio de la acción administrativa no impedirá a la Administración ejecutar la disposición general o resolución objeto de la misma, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión.

Procederá ésta cuando la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil y siempre que de la misma no pueda derivarse grave lesión al interés público.

ARTÍCULO 693.- La suspensión podrá pedirse en cualquier estado del proceso y se sustanciará en pieza separada.

Solicitada la suspensión, el Tribunal oirá por el plazo común de tres días al representante de la Administración y a los coadyuvantes que hubieren comparecido y resolverá el incidente por medio de auto, dentro de tercero día.

ARTÍCULO 694.- Si el Tribunal acordare la suspensión, exigirá al que la hubiere pedido fianza bastante para responder a lo que resulte del proceso.

El acuerdo de suspensión no se llevará a efecto hasta que la fianza sea constituida y acreditada en las actuaciones.

ARTÍCULO 695.- Acordada la suspensión y acreditado en forma haberse prestado la fianza, el Tribunal ordenará su inmediato cumplimiento a la autoridad administrativa que corresponda, según los términos de la resolución en que se haya acordado. Si se estimare la demanda se devolverá la fianza al que la hubiere prestado.

Si se desestimare, caerá en comiso la fianza y se ingresará en firme su importe.