LPCALE- DEL PROCEDIMIENTO CIVIL- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

PRIMERA PARTE
DEL PROCEDIMIENTO CIVIL

LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales

Título I
DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

Capítulo I
DE LA JURISDICCION

ARTÍCULO 1.- La jurisdicción civil se ejerce exclusivamente por los Tribunales Municipales Populares y por las Salas de lo Civil y de lo Administrativo de los Tribunales Provinciales Populares y del Tribunal Supremo Popular.

No obstante, la responsabilidad civil derivada de la comisión de delito se reclama conjuntamente con la penal ante los Tribunales competentes.

Cuando la ley ha dispuesto el ejercicio previo de la acción penal o cuando esta clase de responsabilidad  se hubiere extinguido por cualquier causa, la acción civil que subsistiere se ejercitará ante los Tribunales a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

ARTÍCULO 2.- Corresponde a esta jurisdicción conocer de:

  1. de las cuestiones civiles que se susciten entre personas naturales o jurídicas, siempre que al menos una de ellas sea cubana;
  2. las que se susciten entre personas naturales o jurídicas extranjeras con representación o domicilio en Cuba, siempre que la litis no verse sobre bienes situados fuera de Cuba;
  3. los asuntos sometidos contractualmente o por los tratados a la jurisdicción de los Tribunales cubanos

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 47, Dictamen 337, de 14.10.93: Sobre consideración de determinados documentos contractuales en actos de compraventa entre entidades estatales como prueba indubitada de la entrega de los productos.

Acuerdo 9, Dictamen 350, de 23.2.94: Sobre interpretación del segundo párrafo del artículo 37 del Decreto Ley No. 15, Normas Básicas de los Contratos Económicos; del artículo 2 del Decreto Ley 142, de 1993, referido al concepto jurídico de la constitución de las U.B.P.C.

Acuerdo 28, Dictamen 354, de 21.9.94: Sobre posibilidad de decretarse costas procesales y su pronunciamiento en la sentencia.

Acuerdo 30, Dictamen 356, de 21.9.94: Sobre posibilidad de obviar el dar traslado del desistimiento a la otra parte, cuando fuere anterior al emplazamiento o de haberse realizado, no se hubiera contestado.

ARTÍCULO 3.- La jurisdicción de los Tribunales cubanos es indeclinable. Los Tribunales no pueden rehusar el conocimiento de los asuntos si cualquiera de los litigantes es cubano o se refieren a bienes situados en Cuba, aunque sobre lo mismo exista pleito pendiente en otro país o haya habido sumisión a Tribunales extranjeros, aun arbitrales.

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior las controversias que surjan en el comercio internacional y que se sometan expresa o tácitamente, o por disposición de la ley o por acuerdos internacionales, a cortes arbitrales.

ARTÍCULO 4.- La falta de jurisdicción es declarable de oficio en cualquier estado del proceso.

Capítulo II
DE LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 5.- Los tribunales municipales populares conocen en materia civil de:

  1. las demandas de contenido económico cuya cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue no exceda de diez mil pesos;
  2. los procesos sobre el estado civil de las personas y los que se susciten por la aplicación del Código de Familia, salvo los que se señalan en el apartado 3) del artículo 6 de esta Ley;
  3. las reclamaciones sobre alimentos;
  4. los actos de jurisdicción voluntaria que no sean en negocios de comercio;
  5. los procesos sucesorios;
  6. los procesos de amparo fuera de actuaciones judiciales contra actos provenientes de particulares o de autoridades administrativas y los de suspensión de obra nueva;
  7. las demandas referidas a los conflictos consecuentes de las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad a que se contrae el Capítulo IV, Título II, Libro Segundo del Código Civil.

(Este Artículo quedó modificado en la forma dispuesta por el Artículo 1 del Decreto-Ley Nº 241/2006, de 26 de septiembre, contenido en Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 33, Extraordinaria, de 27 de septiembre del 2006).

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 129, Dictamen 4, de 10.4.78: Dispone que Tribunal resulta competente para tramitar las solicitudes sobre otorgamiento de escritura de trasmisión de dominio de solares urbanos vendidos a plazos, cuando el vendedor no lo otorgue voluntariamente.  Bol. 1978-1, pág. 26.

Acuerdo 251, Dictamen 11, de 19.5.78: Dispone el procedimiento a seguir y la instancia que debe conocer de las impugnaciones a la división del caudal hereditario cuya cuantía exceda de mil pesos.  Bol. 1978-1,  pág. 32.

Instrucción 71, de 28.6.78: Dispone que corresponde a los tribunales municipales la tramitación, por el proceso ordinario de las demandas establecidas para conocer sobre el estado civil de las personas, en cuanto a la ejecución de rectificación, adición o enmiendas de errores u omisiones sustanciales.  Bol. 1978-1, pág. 66.

Acuerdo 98, de 11.10.88: Deroga el Dictamen 264 y establece la competencia de la especialidad civil para conocer de las controversias sobre solares yermos. Bol. 1988-90 pág. 19.

ARTÍCULO 6.- Los tribunales provinciales populares conocen, en materia civil, de:

  1. las demandas de contenido económico en que la cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue exceda de diez mil pesos o sea inestimable o indeterminable;
  2. los procesos de expropiación forzosa;
  3. los procesos de nulidad de matrimonio y de los de privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad;
  4. los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio;
  5. los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias y resoluciones definitivas de los tribunales municipales populares;
  6. las demandas referidas a la nulidad o ineficacia de actos jurídicos o de la escritura pública que lo contiene;
  7. los demás asuntos civiles cuyo conocimiento no esté atribuido por esta Ley a otro Tribunal.

(Este artículo quedó modificado en la forma dispuesta por el artículo 1 del Decreto-Ley Nº 241/2006, de 26 de septiembre, contenido en Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 33, Extraordinaria, de 27 de septiembre del 2006).

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 11, Dictamen 342, de 22.2.92: Establece que la litis sobre la titularidad en viviendas construidas o ampliadas por esfuerzo propio  son de competencia civil.

ARTÍCULO 7.- El Tribunal Supremo Popular conoce, en materia civil, de:

1) los recursos de casación;

2) los procesos de revisión;

3) el procedimiento que para la ejecución de las sentencias extranjeras regula el artículo 484;

4) cualquier otro asunto que le sea expresamente atribuido por las leyes.

ARTÍCULO 8.- Es Tribunal competente por razón del lugar para conocer los asuntos civiles aquel al cual los litigantes se someten expresa o tácitamente.

ARTÍCULO 9.- Se entiende por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su propio fuero y designando con toda precisión al Tribunal a que se someten.

ARTÍCULO 10.- Se entiende hecha la sumisión tácita:

1) en cuanto al demandante, por el mero hecho de acudir al Tribunal interponiendo la demanda;

2) en cuanto al demandado, por el mero hecho de no haber planteado la inhibitoria dentro del término legal.

ARTÍCULO 11.- Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, la competencia para conocer de los asuntos civiles por razón del lugar se determina de acuerdo con las reglas siguientes:

  1. en los procesos en que se ejercitan acciones personales es competente el Tribunal del lugar en que debe cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato, o el de aquel en que se haya ocasionado el daño o perjuicio que se reclama.

Cuando son varios demandados con domicilio en lugares distintos, a falta del lugar del cumplimiento de la obligación, es competente el Tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante;

  1. en los procesos en que se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, ganado, aves y demás especies animales, es Tribunal competente el del lugar en que se halla el bien objeto del litigio, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante;
  2. en los procesos en que se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles, es Tribunal competente el del lugar en que está ubicado el inmueble;

Cuando son varios inmuebles situados en demarcaciones distintas, o uno solo situado en varias demarcaciones, es Tribunal competente el de cualquiera de dichos lugares, a elección del demandante;

  1. en los procesos en que se acumulan acciones reales y personales, la competencia se determina de acuerdo con las reglas anteriores a elección del demandante;
  2. en los procesos en que se ejercitan acciones referentes a las relaciones de familia, estado civil, patria potestad, tutela y filiación, es competente el Tribunal del domicilio del demandado, si es conocido; y en otro caso, el del demandante

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 67, Dictamen 421, de 07.05.2003: Sobre la competencia del tribunal que constituyó la tutela, con exclusión de cualquier otro para fiscalizar la disposición de los bienes del pupilo por el tutor, a través del proceso de jurisdicción voluntaria de utilidad y/o necesidad.

  1. en los procesos sobre reconocimiento o nulidad de matrimonio, divorcio y otros litigios entre marido y mujer, es competente el Tribunal del domicilio común, y de no existir éste, se aplicará la regla del apartado anterior;
  2. en las declaraciones de ausencia o presunción de muerte, el Tribunal del último domicilio del ausente o desaparecido;
  3. en las consignaciones, el Tribunal del lugar donde debe hacerse el pago; en las diligencias de depósito, reconocimiento o avalúo de bienes, el Tribunal del lugar donde éstos se encuentran; en las diligencias de reconocimiento de naves o sus cargamentos y otras análogas, el del puerto de arribada o de descarga; y en las demás diligencias de jurisdicción voluntaria, el del lugar donde se hallan las cosas, o en su defecto, el del domicilio del promovente;
  4. en los procesos entre comuneros, concernientes a la comunidad, el Tribunal del lugar en que están los bienes comunes;
  5. en los procesos sucesorios es competente el Tribunal del último domicilio en Cuba del causante;
  6. en las liquidaciones de averías, el Tribunal del puerto de descarga;
  7. en los demás procesos civiles en que no pueda determinarse la competencia con arreglo a los apartados anteriores, el Tribunal del domicilio del demandado o del demandante, si no fuere conocido aquél.

ARTÍCULO 12.- La competencia para conocer de la responsabilidad civil en que incurran los Jueces en el desempeño de sus funciones, estará atribuida al Tribunal superior de aquel al que pertenezca el demandado, a menos que esté referida a otro de mayor jerarquía, de acuerdo con las reglas de competencia. Dicha competencia estará atribuida a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular, cuando se trate de un juez de éste.

ARTÍCULO 13.- A los efectos de esta Ley, el domicilio de las personas naturales es el del lugar en que tienen su residencia habitual.

El de las personas sujetas a la patria potestad o tutela, es el del lugar en que residen habitualmente los que tienen su representación legal.

Se exceptúa el caso de que la patria potestad la ejerzan ambos padres sin domicilio común, en que se considerará como domicilio el del que tenga al menor bajo su guardia y cuidado.

ARTÍCULO 14.- El domicilio de los cubanos que residen en el extranjero por motivo de misión oficial o de estudio, es el último que tuvieron en el territorio nacional.

ARTÍCULO 15.- El domicilio de las entidades legalmente constituidas es el que señala el ordenamiento jurídico por el que se rigen. No constando esta circunstancia, el del lugar donde tienen el centro de sus actividades.

Capítulo III
DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES ENTRE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 16.- Los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado y de las Delegaciones Territoriales y los Comités Ejecutivos Provinciales o Municipales, cada uno dentro de los límites de su competencia, pueden suscitar conflictos de atribuciones en los casos en que los Tribunales interfieren las funciones que conforme a la ley corresponden a dichos Organismos, Delegaciones y Comités Ejecutivos.

Los Tribunales pueden, a su vez, plantear iguales cuestiones a los organismos y órganos a que se refiere el párrafo anterior, a fin de sostener la jurisdicción y atribuciones que las leyes les confieren.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Acuerdo 469 de 24.10.75: Dispone la potestad que le asiste a los tribunales para plantear conflicto sosteniendo sus atribuciones, cuando entienda que éstas han sido invadidas, a fin de sostener su jurisdicción y atribuciones. Bol. 1975, pág. 41.

ARTÍCULO 17.- Es requisito previo para establecer las reclamaciones a que se refiere este Capítulo que el reclamante se dirija al que estime ha interferido sus atribuciones, solicitando en comunicación razonada que se abstenga de seguir interviniendo en el asunto.

Denegada la solicitud o transcurrido el término de ocho días sin que el requerido haya accedido a la reclamación, queda franqueada la promoción del conflicto.

ARTÍCULO 18.- El conflicto a que se refiere el párrafo final del artículo anterior, se promueve mediante escrito dirigido al Pleno del Tribunal Supremo Popular, en el que se expresan los antecedentes de hecho y las razones legales en que se funde y al que se acompañarán los documentos atinentes de que se dispusiere.

ARTÍCULO 19.- El Pleno del Tribunal Supremo Popular reclamará informe justificado a la autoridad o Tribunal en conflicto, señalando el término en que debe ser enviado y, de estimarlo necesario, solicitará nuevos antecedentes e incluso el expediente original. Con el trámite anterior se suspenderán las actuaciones originarias del conflicto.

ARTÍCULO 20.- Recibidos los informes y demás antecedentes en su caso, el Pleno del Tribunal Supremo Popular dictará resolución dirimiendo el conflicto.

Capítulo IV
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA
ENTRE TRIBUNALES

ARTÍCULO 21.- Los Tribunales rechazarán de plano las promociones referidas a asuntos cuyo conocimiento no les esté atribuido por razón de la materia o la cuantía.

Deben, asimismo, rechazar de plano cuantas cuestiones se susciten en el trámite de contestación cuando su conocimiento les esté atribuido, por iguales razones.

ARTÍCULO 22.- Cuando la abstención se funde en que el conocimiento corresponde a un Tribunal inferior, contra la resolución que se dicte cabe únicamente recurso de súplica.

Cuando la abstención se funde en que corresponde conocer a un Tribunal superior, cabe el recurso de apelación ante éste.

ARTÍCULO 23.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo 21, el Tribunal no puede abstenerse salvo que al fallar entienda que el asunto corresponde a un Tribunal superior, previa consulta, en este caso, a dicho superior acerca de la procedencia de la abstención, mediante exposición razonada, y se atendrá al resultado de aquélla para seguir conociendo o dictar auto de abstención. Contra este auto puede establecerse recurso de apelación.

Nota: Ver las siguientes disposiciones

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL
SUPREMO POPULAR.

Instrucción No. 18, de 27.2.74: Dispone el procedimiento a seguir para la obtención de la ejecutoria de rectificación, adición o enmienda de errores sustanciales, habida cuenta de lo dispuesto en el ARTÍCULO 9 de la Ley del Registro del Estado Civil. Bol. 1974,  pág. 26.

Acuerdo 505, de 18.8.76: Dispone la obligación de elevar las actuaciones al tribunal superior una vez dictado auto de abstención por razón de la competencia, teniendo validez en esta nueva instancia todas las actuaciones que se hayan practicado en la otra.

Acuerdo 259, Dictamen 45, de 19.12.78: Dispone que la competencia en materia administrativa es improrrogable e impone la obligación al Tribunal de declararlo así, de oficio o a instancia de parte, debiendo ajustarse, tanto en forma como en oportunidad a las disposiciones procesales y al proceder de oficio como única oportunidad de abstenerse del conocimiento, al preciso trámite de admisión de la demanda; en los casos donde corresponda conocerlo al Tribunal superior y no se haya planteado como cuestión dilatoria sobre incompetencia de jurisdicción, el Tribunal viene obligado a continuar con el conocimiento hasta terminar la instancia en alguno de los modos que prevé el ARTÍCULO 651.

Acuerdo 153, Dictamen 152, de 13.11.82: Dispone que el tribunal municipal competente para conocer de los aspectos relacionados con la tutela, resulta ser el de la demarcación de residencia del tutelado, habida cuenta a lo dispuesto en los ARTÍCULOs 142 y 143 del Código de Familia.  Bol. 1982,  pág. 15.

ARTÍCULO 24.- La parte o partes demandadas en un proceso, pueden plantear la falta de competencia, por razón de la materia o la cuantía, sólo como excepción dilatoria, ante el Tribunal donde se haya iniciado aquél y dentro del plazo para contestar.

ARTÍCULO 25.- Con la cuestión de competencia planteada conforme al artículo anterior, el Tribunal dará traslado por tres días comunes a las demás partes a fin de que expresen lo que estimen convenir a sus derechos y, transcurrido los cuales, resolverá.

ARTÍCULO 26.- Las cuestiones de competencia por razón del lugar se sustancian por los trámites que se establecen en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 27.- La parte o las partes demandadas podrán promover dicha cuestión de competencia ante el Tribunal que estimen competente y deberán hacerlo dentro de la primera mitad del plazo concedido para personarse y contestar.

ARTÍCULO 28.- La cuestión de competencia se planteará mediante escrito razonado, al que se acompañarán copias de los antecedentes que se tengan para fundamentarla y la cédula del emplazamiento para justificar que se formula dentro de término.

ARTÍCULO 29.- Una vez promovida la cuestión en tiempo oportuno, el Tribunal lo participará por la vía más rápida al que estuviere conociendo del asunto a los efectos de la interrupción del término del emplazamiento y contestación; y dentro de los tres días siguientes  resolverá lo que estime procedente.

ARTÍCULO 30.- Si el Tribunal entiende que no procede librar el requerimiento de inhibición, lo decidirá de plano, sin ulterior recurso, y lo participará inmediatamente al otro Tribunal, para que deje sin efecto la interrupción y continúe conociendo del asunto.

ARTÍCULO 31.- Si declara haber lugar al requerimiento, despachará el oficio inhibitorio, reclamando las actuaciones del Tribunal donde se haya iniciado el proceso, con envío de testimonio del escrito en que se haya planteado la cuestión, del auto dictado y de los demás antecedentes que estime conducentes para reclamar la competencia.

ARTÍCULO 32.- Tan pronto el Tribunal reciba el oficio de inhibición, mantendrá la suspensión de la tramitación del proceso.

No obstante, podrá practicar, a instancia de parte, cualquiera actuación que sea absolutamente necesaria y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables.

ARTÍCULO 33.- El Tribunal requerido oirá por tres días a las partes que hayan comparecido ante él, pasados los cuales decidirá si acepta o resiste el requerimiento de inhibición.

Si acepta dicho requerimiento y el auto en que así lo resuelva se hiciere firme, lo comunicará con remisión de las actuaciones al Tribunal requirente y emplazará a las partes por término de cinco u ocho días, según se tratare de Tribunales que radiquen en una misma o en distintas provincias, para que se personen ante aquél.

Si el Tribunal resistiere la inhibición, lo comunica al que la hubiere propuesto, con remisión de testimonio de los escritos de los interesados y de los demás particulares que estime convenientes.

ARTÍCULO 34.- Recibido por el Tribunal requirente el oficio del requerido resistiendo la inhibición, resolverá en el término de tercero día si insiste o no en la misma.

Si el Tribunal requirente desiste de la propuesta, lo declarará así por medio de auto, sin ulterior recurso, y lo comunicará por el medio más rápido a su alcance al requerido de inhibición para que pueda continuar la sustanciación del proceso.

Si el Tribunal requirente insistiere en la inhibición, lo comunicará al que hubiese requerido de inhibición, y ambos remitirán inmediatamente sus respectivas actuaciones originales a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal superior común si se tratare de cuestión de competencia por razón del territorio, o al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular si se tratare de cuestión de competencia por razón de la materia.

La Sala o el Consejo de Gobierno, en sus respectivos casos, resolverá dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones. Contra la resolución que se dicte no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 35.- La Sala de lo Civil y de lo Administrativo  del Tribunal superior común o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en su caso, una vez resuelta la cuestión de competencia, remitirá las actuaciones del proceso y las que haya tenido a la vista para dirimir la cuestión de competencia al órgano declarado competente, y lo pondrá en conocimiento del otro.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 229, de 19.12.78: Sobre el modo de resolver conflictos de competencia entre salas de un mismo nivel.

ARTÍCULO 36.- Las actuaciones que se practiquen hasta la decisión de la competencia son válidas, sin necesidad de que se ratifiquen por el Tribunal que en definitiva resulte competente.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 505, de 18.8.76: Ver nota al artículo 23.

Capítulo V
DEL REPARTIMIENTO DE ASUNTOS

ARTÍCULO 37.- Cuando la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular se divida en Secciones, su Presidente, asistido del Secretario, repartirá entre éstas los asuntos mediante turno, según la clase de éstos y orden de ingreso, sin que se permita sumisión a una Sección determinada.

Capítulo VI
DE LAS FACULTADES DE LOS TRIBUNALES

ARTÍCULO 38.- La dirección e impulso del proceso una vez iniciado, corresponde al Tribunal,  el que impedirá su paralización, ordenando de oficio, al vencer el término o plazo señalado para cada actuación, el paso al trámite o diligencia siguiente, excepto que un precepto expreso subordine su impulso a la instancia de los interesados.

ARTÍCULO 39.- El Tribunal acordará, de oficio, las medidas necesarias para mantener la igualdad de las partes en el proceso, evitar demoras y concentrar en un solo acto las diligencias que puedan practicarse conjuntamente, e imponer lealtad y probidad en el debate judicial. Asimismo prevendrá y corregirá, en su caso, cualquier conducta contraria al estricto respeto a estos principios.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Instrucción No. 104, de 16.2.82: Dispone que los tribunales, al conocer demandas que se interpongan para reclamar indemnizaciones por delito, que no se hayan resuelto en juicio penal, acordarán de oficio las medidas necesarias para evitar la posible inferioridad que pueda tener la víctima al ventilarse el proceso civil. Bol. 1982,  pág. 40.

ARTÍCULO 40.- Cuando en un proceso se presentare una situación de evidente indefensión o desigualdad susceptible de causar perjuicio irreparable no imputable a la parte que la sufra, y no tuviere solución específica en esta Ley, el Tribunal, de oficio y oídas las partes o a instancia del interesado y oída la contraparte, puede adoptar las medidas necesarias para restablecer la equidad procesal aunque sin alterar los términos del debate.

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 152, de 7.4.75: Sobre representación procesal de menores sujetos a patria potestad en el caso de tener interés opuesto al de sus padres. Bol. 1975 pág. 13.

Acuerdo 69, Dictamen 50, de 10.2.79: Sobre la representación y defensa, por el fiscal, de los menores en asuntos en que su interés sea opuesto al de ambos padres o al de ellos que ejerza la patria potestad. Bol.1/79 pág. 14.

Acuerdo 146, de 11.10.84: Sobre tramitación de las demandas incidentales presentadas sin representación ni asistencia letrada. Bol. 1984, pág. 22.

ARTÍCULO 41.- La facultad del Tribunal para exigir caución, cuando proceda, le obliga a señalar su objeto, clase o cuantía y el modo y término en que ha de prestarse.

ARTÍCULO 42.- El Tribunal, en cualquier estado del proceso, podrá hacer comparecer a las partes para interrogarlas sobre los hechos del litigio, u ordenar la inspección de las cosas que fueron objeto del mismo y de los libros o documentos que tengan relación con el pleito, siempre que ello sea indispensable para el conocimiento de los hechos.

ARTÍCULO 43.- Los Tribunales al fallar apreciarán las pruebas de acuerdo con el valor que la ley atribuya a cada una y ajustándose en todo caso a los principios de la razón y la ciencia.

ARTÍCULO 44.- El Tribunal decidirá sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes.

ARTÍCULO 45.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, los Tribunales podrán resolver sobre aspectos no contenidos en las cuestiones planteadas, con arreglo a las condiciones siguientes:

  1. que los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal sean consecuentes o estén íntimamente relacionados con las pretensiones originalmente deducidas;
  2. que los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal se encuentren dentro de su competencia;
  3. que antes de dictar sentencia, el Tribunal instruya a las partes de los nuevos aspectos que aprecie, concediéndoles un plazo no mayor de seis días para que hagan las alegaciones y propongan las pruebas que estimen convenir a su derecho

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR

Instrucción No. 40, de 16.2.82: Dispone que los tribunales, al resolver las demandas establecidas sobre indemnizaciones por delito, que no hayan sido resueltas en proceso penal, ampliarán la resolución a los efectos relativos a los derechos no planteados por el reclamante. Bol. 1982, pág. 40.

Capítulo VII
DE LA INTERVENCION DE LA FISCALIA

ARTÍCULO 46.- Los Fiscales ejercitan las acciones civiles y promueven los actos y diligencias que la ley le encomiende a la Fiscalía, ejercen la representación procesal de la administración general del Estado ante los Tribunales en los asuntos civiles en que deba ser parte sin necesidad de delegación y sin perjuicio de la facultad de aquella de hacer designación expresa cuando lo estime conveniente.

ARTÍCULO 47.- El Fiscal es parte en los procesos concernientes al estado civil y capacidad de las personas y en todos aquellos en que la ley así lo prevenga. Puede, además, mostrarse parte en cualquier otro asunto en que alegue un interés social.

El Fiscal, al intervenir en el proceso, puede hacerlo como actor o demandado. En el primer caso puede adherirse, ampliar o modificar la presentación formulada por el actor principal o alegar otras nuevas aunque sin alterar sustancialmente lo que sea objeto del pleito. En el segundo caso puede alegar cuantas excepciones estime pertinentes.

Nota: Ver la siguiente disposición:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 69, Dictamen 50, de 10.2.79: Ver nota al artículo 40.

ARTÍCULO 48. El Fiscal representa y defiende a los menores, incapacitados y ausentes, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de sus personas y de la defensa de sus bienes y derechos.

Nota: Ver las siguientes disposiciones:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.

Acuerdo 69, Dictamen 50, de 10.2.79: Ver nota al artículo 40.

Acuerdo 152, de 7.4.75: Ver nota al ARTÍCULO 40.

Acuerdo 272, de 14.9.77: Sobre la intervención del Fiscal en procesos civiles donde dentro de la litis puedan existir intereses de menores de edad, cuyos padres se encuentren privados de la patria potestad o sancionados en causa criminal. Bol. 1977, pág. 19.

Capítulo VIII
DE LA RECUSACION Y EXCUSA DE LOS
JUECES Y SECRETARIOS

ARTÍCULO 49.- Los Jueces pueden ser recusados del conocimiento de los asuntos por alguna de las causas señaladas en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 50.- Son causas de recusación:

  1. el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes, sus representantes en el proceso o sus defensores;
  2. la relación de adopción, tutela o guarda legal con alguna de las personas anteriormente señaladas;
  3. tener pleito pendiente con cualquiera de las partes;
  4. hallarse sujeto a proceso en virtud de haber sido denunciado por alguna de las partes;
  5. tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes;
  6. haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito como Abogado o intervenido en él como testigo o Fiscal;
  7. haber dictado resolución definitiva en instancia inferior;
  8. tener interés en el proceso o en otro pendiente sobre cuestión de derecho

ARTÍCULO 51.- Los Fiscales no pueden ser recusados, pero sí excusarse de intervenir en un proceso cuando concurra en ellos alguna de las causas señaladas en el artículo 50. En tal caso, el Fiscal lo informa a su superior jerárquico, quien, si considera válida la causa alegada, lo releva de intervenir en los actos judiciales objeto de la excusa.

ARTÍCULO 52.- Sólo pueden recusar los que sean parte legítima o tengan derecho a serlo y se personen en el proceso a que se contraiga la recusación.

ARTÍCULO 53.- La recusación se propone en el primer escrito que presente el recusante una vez que tenga conocimiento de la intervención del Juez en quien concurra la causa de recusación, cuando sea ésta anterior y tenga conocimiento de ella.

Cuando la causa fuere posterior o aunque anterior no hubiere tenido antes conocimiento de ella el recusante, la debe proponer tan pronto llegue a su noticia.

Puede asimismo proponerse verbalmente ante el propio Tribunal al constituirse éste para la celebración de la vista del proceso o del recurso, en su caso.

ARTÍCULO 54.- Si el recusado acepta la causal alegada será sustituido por el que legalmente corresponda.

En otro caso, si el Tribunal admite el incidente de recusación, se formará pieza separada para sustanciarlo, en  el que podrá intervenir el recusado.

El proceso seguirá sustanciándose sin intervención del recusado, que será sustituido por el que legalmente corresponda hasta la citación para sentencia definitiva. En este estado se suspenderá el proceso hasta que se decida el incidente, si éste no estuviere terminado.

ARTÍCULO 55.- Formada la pieza separada se oirá a las partes en el proceso, por término común de tres días, dentro del cual podrán proponer las pruebas de que intenten valerse.

Las pruebas admitidas se practicarán en el término de ocho días, transcurrido el cual el Tribunal, dentro de los tres días siguientes, resolverá lo que proceda, continuando el proceso su curso, según su estado.

Contra la resolución dictada en el incidente de recusación, que admita o deniegue la práctica de cualquier diligencia de prueba, o que lo decida, no se dará recurso alguno

ARTÍCULO 56.- El Tribunal podrá rechazar de plano la recusación propuesta si no se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley, o la alegada fuere manifiestamente infundada.

ARTÍCULO 57.- En la resolución en que se declare no haber lugar a sustanciar la recusación, o se desestime ésta, se impondrán las costas al recusante y una multa de veinticinco a cien pesos. Esta disposición no se aplicará al Fiscal.

ARTÍCULO 58.- Los Secretarios pueden ser recusados ajustándose en lo pertinente a las causas y a la tramitación que se establece en cuanto a los Jueces.

ARTÍCULO 59.- En tanto se sustancia la pieza separada de recusación, los Secretarios serán sustituidos por quienes corresponda, sin que su recusación detenga el curso ni el fallo del proceso en que se hubiere propuesto.

ARTÍCULO 60.- El Juez o Secretario comprendido en alguna de las causas de recusación lo pondrá en conocimiento del Tribunal a que pertenezca, sin esperar a que se le recuse; y el Tribunal, siendo aquélla cierta, lo tendrá por excusado, quedando desde ese momento eximido de intervenir en las actuaciones sucesivas del proceso.

Capítulo IX
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES, DE LOS FISCALES Y DE LOS SECRETARIOS

ARTÍCULO 61.- La responsabilidad civil no derivada de la comisión de un delito en que puedan incurrir los Jueces, Fiscales y Secretarios en el desempeño de sus funciones, puede ser exigida a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, por el procedimiento ordinario y ante el Tribunal competente conforme al artículo 12 de esta Ley.

ARTÍCULO 62.- No puede establecerse el proceso sobre responsabilidad civil por el que no haya utilizado a su tiempo los recursos legales contra la sentencia, auto o providencia que estime causantes del daño o perjuicio, o no hubiere reclamado oportunamente contra los vicios de nulidad de que adolezcan los actos o diligencias de que se trate.

La demanda de responsabilidad civil deberá interponerse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que haya puesto fin al proceso. Transcurrido este plazo, caducará la acción.