En el caso de la Ley cubana (Código de Familia), que ordena todo lo referente al matrimonio, las personas que se casan en la Isla lo hacen sometidos a esa ley, en la cual NO SE CONTEMPLAN ACUERDOS PREMATRIMONIALES para el régimen de propiedad durante la unión formalizada.

La Ley cubana en ese sentido es impositiva, no ofrece elección a ningún otro régimen económico para la constitución del matrimonio que no sea el de la “comunidad matrimonial de bienes”, es decir, todo matrimonio celebrado en la Isla se somete a esta condición.

Cada cónyuge llega al acto con sus bienes propios, que no integraran el patrimonio matrimonial, por lo tanto no son divisibles en caso de divorcio porque fueron adquiridos con fecha anterior, ahora bien, todo lo que se adquiera a partir de ese momento si integra el régimen de la "comunidad matrimonial de bienes", sin importar la magnitud de lo aportado por cada cónyuge a su incremento, así como los frutos o dividendos provenientes del trabajo que si pasaran a integrar ese caudal que posteriormente se liquidaría, con la excepción de las donaciones personales, herencias adjudicadas o regalos de familiares y amigos separadamente.

Siempre corresponde a cada cónyuge probar lo que considera adquirido durante la unión conyugal. En el caso de la practica judicial de los tribunales cubanos se les dificulta al cónyuge nacional acreditar los bienes que adquirió el otro en el exterior cuando se trata de un extranjero, así como los saldos de cuentas bancarias, entre otras cosas por razones obvias.

Los divorcios en otro país de un matrimonio efectuado en Cuba deberá ajustarse a la legislación de aquella nación para la división de bienes.