DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EL CÓDIGO PENAL

SECCIÓN TERCERA (ARTÍCULO 32)

EL TRABAJO CORRECCIONAL CON INTERNAMIENTO

  • Ejecución. Liquidación de sanciones. Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979.

Ver en Privación de libertad. Se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que haya que determinar sus efectos en el tiempo.

  • Cancelación de oficio del antecedente penal. Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988.

En la Secretaría –Tribunal, Sala o Sección– se formarán cuadernos con las copias de la liquidación de sanción, organizadas cronológicamente en forma trimestral, según la fecha de extinción. Al vencer cada trimestre, y dentro de los diez primeros días del siguiente, el secretario comunicará al Registro Central de Sancionados que la sanción fue extinguida, a los efectos de la cancelación del antecedente proveniente de la misma. De revocarse la sanción sustitutiva del encarcelamiento, y disponerse el cumplimiento de la de privación de libertad originalmente fijada, se extraerá el documento de los citados legajos, no ordenándose la invocada cancelación.

  • Sentencia. Ejecución. Suspensión. Revocación. Instrucción No. 128 de 12 de abril de 1988.

La sentencia contendrá los fundamentos fácticos (artículo 32. 1) y jurídicos que permiten la imposición de esta sanción; en su parte dispositiva, se expondrán las obligaciones que se derivan de la misma (artículo 32. 3), así como cualquier otra acordada. Para su ejecución, se libra al centro de cumplimiento mandamiento de ingreso, testimonio de la sentencia y de la liquidación de sanción, quedando en la causa constancia de su recepción.

La suspensión de la ejecución de esta sanción, para lo que la ley no establece tiempo, debe ser instada por el centro de cumplimento, acompañando fundada evaluación de conducta. Si el Tribunal accede a la pretensión aludida, lo informa a la PNR.

La revocación de la sanción tiene como presupuestos, que el sancionado no se haya presentado injustificadamente en la fecha y lugar señalado para su extinción; expresamente se niegue a ello (ver bajo este mismo rubro el Dictamen No. 292 de 1988); incumpla u obstaculice la observancia de las obligaciones impuestas en la sentencia, todo lo que informará el centro receptor al Tribunal; o resulte sancionado a privación de libertad por un nuevo delito (se unirá copia de la sentencia a la causa). En la tramitación de la revocación se podrá escuchar el parecer del Fiscal.

Antes de adoptar la decisión de revocación de la sanción, el Tribunal debería escuchar al sancionado y, en su caso, a los representantes del centro de trabajo que presentó dicha solicitud.

  • Suspensión. Revocación. Instrucción No. 154 de 13 de marzo de 1997.

La suspensión de la sanción de trabajo correccional con internamiento no equivale a la extinción. Cuando se suspende, el sancionado queda sometido a un control por parte del Tribunal –Juez de ejecución– (ver en Remisión condicional la Instrucción No. 163 bis de 2002), y de los organismos correspondientes. Él deberá observar un buen comportamiento social; en caso contrario, el Tribunal sancionador puede revocar la suspensión señalada, y ordenar que extinga la sanción de privación de libertad originalmente fijada, abonándole el tiempo de suspensión, para lo cual practicará nueva liquidación.

  • Ejecución. Control por la PNR. Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Juez de control. Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Revocación. Sanción conjunta. Dictamen No. 270. Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987.

Ver en Limitación de libertad; puede resultar de utilidad.

  • Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento. Dictamen No. 292. Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988.

Si al notificar verbalmente a un acusado, la sentencia que impone la sanción de trabajo correccional con internamiento, en un juicio celebrado ante un Tribunal Municipal, este manifiesta en ese propio acto de notificación que no la cumplirá, el Tribunal tiene que esperar a que dicha resolución adquiera firmeza para su ejecución. Una vez firme, requerirá al sancionado para el cumplimiento de la sanción impuesta y, de negarse, se hará constar en acta extendida al efecto, revocándole el Tribunal la señalada sanción, y disponiendo que sufra la de privación de libertad, originalmente fijada.

Este mismo proceder se puede utilizar en las demás sanciones subsidiarias de la de privación de libertad.

  • Ejecución. Revocación. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida. Dictamen No. 295. Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988.

Si a un sancionado a trabajo correccional con internamiento, se le concede permiso de salida del centro de extinción por tiempo limitado, y no se reincorpora en la fecha indicada, su actuar puede estar comprendido en el apartado 8 del artículo 32, teniendo el Tribunal la facultad para revocar la mencionada sanción.

  • Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave. Dictamen No. 296. Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988.

Si el Fiscal solicita la imposición de una de las sanciones sustitutivas de la de privación de libertad –trabajo correccional con o sin internamiento o limitación de libertad–, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.

Sin duda, es un polémico asunto donde el CGTSP ha dado una importante definición, de manera que siempre que el Fiscal interese una sanción subsidiaria de la de privación de libertad, cabe la posibilidad de que el acusado sea condenado con prisión efectiva, sin el previo aviso de la invocada fórmula. Ver Dictamen No. 388 de 1999 sobre el procedimiento abreviado.

  • Obligaciones a imponer en la sentencia. Delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, artículo 170. Dictamen No. 303. Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989.

No es posible establecer en la sentencia, dentro de las obligaciones a que se refiere el inciso b) del apartado 3 del artículo 32, la de emplear los ingresos provenientes del trabajo, para satisfacer la multa cuyo impago motivó el delito por el que se le sanciona.

  • Sanción. Delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones (artículo 170). Dictamen No. 305. Acuerdo No. 43 de 11 de julio de 1989.

Cuando en el apartado 2 del artículo 170 se establece, que el Tribunal “puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional con internamiento”, ello constituye un llamado de alerta para que los Tribunales impongan esta clase de sanción, lo que no impide la adopción de otras posibles, de acuerdo con la ley.

La fórmula legislativa constituye una rareza, afortunadamente aclarada por el Dictamen, ya que al reprimirse el invocado delito con sanción de privación de libertad, que discurre de uno a seis meses, en principio, es posible la sustitución de esta sanción por cualquiera de las autorizadas –trabajo correccional con o sin internamiento, o limitación de libertad–,  o su remisión condicional.

  • Imposición a jóvenes de 16 años. Dictamen No. 308. Acuerdo No. 9 de 9 de enero de 1990.  

El Tribunal podrá imponer las sanciones de trabajo correccional, con o sin internamiento, a jóvenes que tengan 16 años de edad, lo que no contradice la legislación laboral vigente.

  • Ejecución. Evasión de presos. Revocación. Dictamen No 326. Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de 1991.

El sancionado a trabajo correccional con internamiento, que abandone o se ausente del establecimiento donde se encuentra internado, para el cumplimiento de dicha sanción, o del lugar de trabajo destinado por esa institución, comete el delito de evasión de presos, previsto en el artículo 163, y, además, se le revoca la sanción subsidiaria.

El delito señalado, según su nombre lo indica, se refiere a la evasión de presos o detenidos, que no es la condición del sancionado a trabajo correccional con internamiento, pero como en el tipo penal se expresa que la evasión puede ser del establecimiento penitenciario o del lugar en que el sujeto se halle cumpliendo la sanción; al parecer, esta es la razón por la que se le ha dado esa interpretación. Sostengo que las conductas objeto de la consulta, en su caso, sólo pueden motivar la revocación de la sanción subsidiaria, pero no constituyen delito; de todas formas, la interpretación dada en el Dictamen, tiene carácter vinculante en la aplicación de la ley.

  • Ejecución. Revocación. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida. Dictamen No. 327. Acuerdo No. 1 de 22 de enero de 1992.

Si un sancionado a trabajo correccional con internamiento –al vencimiento del término del pase o permiso de salida del establecimiento–, no se presenta en la fecha indicada para el cumplimiento de la sanción, ello puede constituir una falta grave, que de ser informada por la citada institución al Tribunal, este órgano procederá sin dilación a revocar la sanción subsidiaria, participándolo de inmediato a dicho centro.

En la motivación de este acuerdo se reitera lo dispuesto en el Dictamen No. 326 de 1991, sobre sancionados a trabajo correccional con internamiento que se evadan de los centros, o lugares de trabajo, donde extinguen dicha sanción.

  • Ejecución. Aplazamiento por incapacidad temporal. Revocación por incapacidad definitiva. Dictamen No. 377. Acuerdo No. 62 de 26 de diciembre de 1996.

Si un sancionado a trabajo correccional con internamiento –al ingresar en el establecimiento correspondiente para el cumplimiento de esta sanción, o durante el cumplimiento de la misma–, enferma o presenta padecimientos que lo incapacitan para el trabajo, el Tribunal deberá disponer el aplazamiento de la ejecución de la sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 498. 1de la LPP por todo el tiempo que dure el impedimento, pero si este es de carácter definitivo o permanente para realizar las actividades laborales en el centro de trabajo al que se le destinó, entonces lo que procede es revocar la sanción subsidiaria (artículo 32.8), y disponer que el sancionado cumpla lo que le resta de la sanción de privación de libertad, originalmente fijada.

Sin duda el Dictamen contiene tres aspectos de gran interés. Primero, extiende la institución del aplazamiento de la sanción de privación de libertad (artículo 498.1) a la subsidiaria de trabajo correccional con internamiento. Segundo, la aplicación del aplazamiento a una sanción, que se está ejecutando, constituye una novedad, pues siempre se entendió que lo que se aplazaba era el inicio de su cumplimiento (¿se abona el tiempo de aplazamiento al cumplimiento de la sanción?). Tercero, se da solución a un problema real que no está previsto en la ley, al ordenar la revocación de la sanción subsidiaria, en caso de imposibilidad de su extinción por razones ajenas a la voluntad del sancionado. (¿Pudiera acordarse la licencia extrapenal en estos casos?)

Ver en Privación de libertad, los comentarios a la Instrucción No. 72 de 13 de julio de 1978.

  • Determinación. La condición de reincidente o multirreincidente no es un impedimento para su imposición. Dictamen No. 381. Acuerdo No. 6 de 13 de marzo de 1997.

El hecho que un acusado tenga la condición de reincidente o multirreincidente, no impide que el Tribunal pueda imponerle la sanción de trabajo correccional con internamiento, pues la Ley no lo prohíbe (el Dictamen hace alusión a la Circular del Presidente del TSP No. 84 de 7 de enero de 1992, donde imparte indicaciones sobre este asunto).

  • Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta. Dictamen No. 416. Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002.

Cuando una persona es sancionada a cualquiera de las penas subsidiarias de trabajo correccional, con o sin internamiento, limitación de libertad; o la sanción de privación de libertad se remite condicionalmente, y sin comenzar a extinguir cualquiera de ellas, o durante su cumplimiento, es sancionada a privación de libertad por un delito cometido con anterioridad o posterioridad al de la sentencia ejecutoria, no procede sustituir la nueva pena por cualquiera de estas subsidiarias (de igual o distinta calidad), ni remitirla condicionalmente, y de haber obrado así el Tribunal, lo procedente es revocar ambas condenas y formar la sanción conjunta.

El Tribunal encargado de formar la invocada sanción conjunta de privación de libertad –conforme al artículo 56– si estima que concurren los requisitos legales y las circunstancias que aconsejan racionalmente sustituir o remitir condicionalmente esta nueva pena, puede hacerlo en el ejercicio de su arbitrio judicial, según lo establecido en los artículos 32.1, 33.4, 34.4 y 57.

El Dictamen resulta sumamente interesante para la interpretación de un complicado tema. Constituye un novedoso planteamiento que, una vez revocadas las sanciones subsidiarias, y formada la sanción conjunta de privación de libertad, esta pueda ser sustituida por una pena subsidiaria o remitida condicionalmente, cuando las penas bases para la constitución de la global no tienen esa consideración. Lamentablemente, en nuestro ordenamiento penal (artículo 56), si bien se establecen las reglas para la formación de la sanción conjunta –una vez determinado el nuevo marco penal– no se consignan qué factores se deben tener en cuenta para escoger una pena en su clase y extensión dentro de dicho marco; corriéndose el riesgo de incurrir en una doble valoración (en perjuicio o a favor del reo), al observar por segunda ocasión, elementos que ya se tuvieron en cuenta en la determinación de las penas individuales o bases de la conjunta. Ejemplo, en la determinación de las penas individuales, se aprecia las categorías de reincidencia y multirreincidencia, imponiendo las sanciones cercanas o coincidentes con sus límites máximos; y en el momento de formar la conjunta, esta se fija en el límite superior de la nueva escala, lo que se hace bajo los propios fundamentos antes mencionados.

SECCIÓN CUARTA (ARTÍCULO 33)

EL TRABAJO CORRECCIONAL SIN INTERNAMIENTO

  • Ejecución. Liquidación de sanciones. Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979.

Ver en Privación de libertad, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.

  • Cancelación de oficio del antecedente penal. Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • Sentencia. Ejecución. Revocación. Instrucción No. 128 de 12 de abril de 1988.

 La sentencia contendrá los presupuestos fácticos (artículo 33. 1 y 4) y la fundamentación jurídica que permiten la imposición de esta sanción. En su parte dispositiva, se expondrá claramente las obligaciones que ella conlleva (artículo 33. 3), así como cualquier otra; el centro de trabajo al que se le destina (artículo 33.5) y las limitaciones que tendrá en el ámbito laboral durante su extinción (artículo 33. 7).

Se ejecuta la sanción, librando una orden de presentación al centro de trabajo previamente determinado en la resolución, lo que se informa a la PNR.

Puede revocarse, si el sancionado ab initio se niega a su extinción (ver el Dictamen No. 292 de 1988 en Trabajo correccional con internamiento); injustificadamente no se presenta en el centro; incumple u obstaculiza su cumplimiento, todo lo cual informará dicho centro en su caso; o es sancionado a privación de libertad por un nuevo delito (se unirá testimonio de la ejecutoria a la causa). Antes de decidir, el Tribunal podrá escuchar el parecer del Fiscal.

El proceder expuesto, se complementa con lo establecido en la Instrucción No. 163 bis de 2002.

  • Ejecución. Control por la PNR. Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Juez de control. Instrucción No. 163 Bis de 24de abril de 2004.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Revocación. Dictamen No. 270. Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987.

Ver en Limitación de libertad, puede resultar de utilidad.

  • Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento. Dictamen No. 292. Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988.

Ver en Trabajo correccional con internamiento; puede resultar de utilidad.

  • Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave. Dictamen No. 296. Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988.

Si el Fiscal solicita la imposición de la sanción de trabajo correccional sin internamiento, sustitutiva de la de privación de libertad, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.

Ver comentarios  a este Dictamen en Trabajo correccional con internamiento.

  • Imposición a jóvenes de 16 años de edad. Dictamen No 308. Acuerdo No. 9 de 9 de enero de 1990.

El Tribunal podrá imponer las sanciones de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento a jóvenes que tengan 16 años de edad, lo que no contradice la legislación laboral vigente.

  • Ejecución. Revocación. Dictamen No 317. Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • Ejecución. Aplazamiento. Revocación. Dictamen No. 377. Acuerdo No. 62 de 26 de diciembre de 1996.

Ver en Trabajo correccional con internamiento, los criterios ofrecidos pueden resultar de utilidad.

  • Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta. Dictamen No. 416. Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • Acuerdo No. 52 de 26 de octubre de 1992.

Se deben crear en los municipios las condiciones adecuadas, para el eficaz cumplimiento  de esta sanción.

SECCIÓN QUINTA (ARTÍCULO 34)

LA LIMITACIÓN DE LIBERTAD 

  • Ejecución. Liquidación de sanciones. Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979.

Ver en Privación de libertad, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.

  • Cancelación de oficio del antecedente penal. Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • Ejecución. Control por la PNR. Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Juez de control. Instrucción No. 163 bis de 24de abril de 2004.

Ver en Remisión condicional.

  • Ejecución. Revocación. Sanción conjunta. Dictamen No. 270. Acuerdo No. 66 de 21 de julio de 1987.

Cuando un sancionado a limitación de libertad, comete un delito durante el cumplimiento de la sanción, para la formación de la sanción conjunta se constata lo que le restaba por cumplir, a partir de la fecha en que incurrió en el nuevo delito.

Este mismo criterio puede ser aplicado para las demás penas subsidiarias de la de privación de libertad.

  • Ejecución. Revocación. Sancionado que de inicio se niega al cumplimiento. Dictamen No. 292. Acuerdo No. 89 de 29 de agosto de 1988.

Ver en Trabajo correccional con internamiento; puede resultar de utilidad.

  • Determinación. Aspectos procesales. Sanción más grave. Dictamen No. 296. Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988.

Si el Fiscal solicita la imposición de la sanción de limitación de libertad, sustitutiva de la de privación de libertad, el Tribunal puede imponer la sanción de privación de libertad efectiva sin hacer uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP.

Ver los comentarios a este Dictamen en Trabajo correccional con internamiento.

  • Ejecución. Revocación. Dictamen No. 317. Acuerdo No. 8 de 19 de febrero de 1991.

Ver en Trabajo correccional con internamiento. El Dictamen es aplicable a esta sanción.

  • Determinación. Ejecución. Revocación. Sanción conjunta. Dictamen No. 416. Acuerdo No. 70 de 14 de mayo de 2002.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • Ejecución. Control. Acuerdo No. 61 de 30 de junio de 1987.

Deben unirse a la causa, los acuses de recibo de las comunicaciones libradas a la PNR, con la debida constancia de su recepción.

SECCIÓN SEXTA (ARTÍCULO 35) 

LA MULTA 

Ejecución. Liquidación de sanciones. Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979.

Ver en Privación de libertad, ya que se refiere a todas las sanciones, tanto principales, como accesorias, en las que hay que determinar sus efectos en el tiempo.

  • Ejecución. Instrucción No. 121 de 10 de febrero de 1987.

En los casos en que se imponga la medida cautelar de fianza o multa y la preste una entidad estatal por medio de cheque emitido a través del Tribunal correspondiente, este procederá de inmediato a endosarlo debidamente, presentándolo en la sucursal de crédito del Banco Nacional de Cuba más próxima, gestionando le aplique los trámites establecidos para los depósitos judiciales sujetos a las resultas de la causa.

  • Ejecución. Instrucción No. 131 de 3 de mayo de 1988.

En el caso del TPP, una vez firme la sentencia que impone la sanción de multa, previa liquidación de su importe en caso de haber estado el sancionado detenido o sufrido prisión provisional, se requiere para que la pague dentro de los treinta días siguientes, ante la oficina de control y cobro de multas de su lugar de residencia. En ese propio acto –requerimiento–, se le instruirá de las consecuencias del impago –apremio de bienes y personal, en su caso– entregándole copia de la boleta para hacerla efectiva y del requerimiento. Durante el mencionado período, podrá el sancionado solicitar al Tribunal pagar a plazos; de acceder este órgano, fijará los mismos y el monto a abonar en cada uno. Para la ejecución por la citada oficina, el Tribunal le remite la documentación correspondiente. De no abonarla en el tiempo señalado, ni ser posible el cobro por la vía de apremio que establece el Decreto-ley No. 99 de 1987, la oficina lo informa al Tribunal y este, previa declaración de insolvencia –lo que hará por auto– dispone el apremio personal, con la prevención de ponerlo en libertad tan pronto abone el importe, descontando el tiempo de prisión sufrido a razón de un día por cuota.

En el caso de los TMP, se observarán las propias reglas, con la excepción que la diligencia de requerimiento se practica una vez concluido el juicio oral, sin esperar la firmeza de la sentencia; de recurrirse, dicha diligencia queda sin efecto. El TPP cuando resuelva el recurso con la celebración de vista, en esa propia fecha, efectúa un nuevo requerimiento, cuyo original unirá al rollo, remitiendo una copia junto con las actuaciones al TMP, y la otra la entrega al sancionado. De imponer por sí el TPP la sanción de multa, confecciona nueva boleta; en caso de ratificar la adoptada por la instancia, se emplea la originalmente elaborada.

Sobre esta materia rigieron las Instrucciones No. 87 de 1979, complementada por la No. 90 de 1980, ambas fueron derogadas por la No. 111 de 1983 y esta, a su vez, lo fue por la No. 112 de 1984. Aunque las mismas no tienen vigencia, su lectura resulta interesante. Por ejemplo, en la No. 87 (Apartado Segundo), se dan indicaciones para que quede constancia en la diligencia de requerimiento de los bienes susceptibles de embargo, en caso de impago, lo que no se reproduce en las posteriores.

Referido a la Instrucción vigente, No. 131, en el momento que se dictó, todo juicio de apelación se resolvía con la celebración de vista. Luego esta situación cambió (Decreto-ley No. 151 de 1994), de manera que hay recursos de esta clase que se deciden sin vista; en estos casos, ¿quién practica el requerimiento? Una solución pudiera ser que el TPP, al citar al sancionado para notificarle lo acordado, lo requiera. Otro supuesto que no pudo prever la Instrucción, lo es en el caso del procedimiento abreviado, cuando en el acto se declara la firmeza (artículo 487. 6 de la LPP), aquí el requerimiento se puede practicar a continuación.

  • Determinación. Límite mínimo (“hasta”). Dictamen No. 21. Acuerdo No. 376 de 4 de septiembre de 1978.

Cuando una ley penal expresa solamente el límite máximo de la sanción de multa, empleando la fórmula “hasta”, deberá entenderse que el límite mínimo es una cuota.

Este Dictamen se acordó bajo la vigencia del Código de Defensa Social y es aplicable a la ley actual. Ejemplos de delitos donde aparece la invocada fórmula, lo son los comprendidos en los artículos 178.3, 179.9, 181.2, 184.1 c) y d), entre otros.  Según el artículo 35.2, las cuotas no serán inferiores a un peso ni superior a cincuenta pesos. Para determinar el importe de las cuotas, se tendrá en cuenta la posición económica del infractor, cuidando –en lo posible– de no afectar la parte de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades básicas y la de los familiares a su abrigo (artículo 35.4).

  • Ejecución ante impago. Sujeto que extingue medida de seguridad. Dictamen No.49. Acuerdo No. 4 de 11 de enero de 1979.

Impuesta la sanción de multa a un asegurado que extingue una medida detentiva –dado su estado peligroso–, de acordarse por el Tribunal sancionador el apremio personal por su impago, se suspende el cumplimiento de dicha medida y se recluye al sancionado en el establecimiento correspondiente, de modo que sufra –con preferencia a la medida indicada–, prisión subsidiaria en defecto del pago de la multa en los términos que establece la ley. Una vez cumplida la sanción, toma de nuevo su curso la medida.

Este Dictamen se acordó estando en vigor el Código de Defensa Social, pero considero que tiene vigencia, según lo establecido en el artículo 77.2. La suspensión de la medida la acuerda el Tribunal que la dispuso, y no el Tribunal sancionador, excepto que sea el mismo órgano. La medida y el apremio personal, se cumplen en establecimientos diferentes, en virtud de sus fines (ver artículo 592 del CDS).

  • Ejecución. Sancionado a privación de libertad y multa. Dictamen No. 148. Acuerdo No. 101 de 17 de agosto de 1982.

Cuando se sanciona a un acusado a privación de libertad y, a la vez, al pago de una multa, no hay impedimento legal para que, ejecutándose la sanción de privación de libertad, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ley con respecto a la ejecución de la sanción pecuniaria. Esto consiste en practicar el requerimiento –en el supuesto de impago ir a la vía de apremio– y, en el caso de insolvencia, disponer que sufra apremio personal, para lo cual se hará la correspondiente rectificación de la liquidación de la sanción de privación de libertad que está cumpliendo.

El contenido de este Dictamen es similar al No. 88 de 1980 –también tratado en esta sanción–. Sería interesante la cuestión de cómo proceder ante el supuesto que el sancionado a multa, en el momento de ser declarado insolvente y disponerse el apremio personal, esté cumpliendo una sanción sustitutiva de la de privación de libertad, TCCI, TCSI o LL. (¿Se interrumpe el cumplimiento de estas para que extinga el apremio personal? ¿Se revocan estas condenas, aun cuando la nueva no constituye privación de libertad –efectiva o no– y se forma una sanción conjunta?)

  • Revisión. Es sancionado a privación de libertad quien antes lo fue a multa. Dictamen No. 333. Acuerdo No. 34 de 29 de junio de 1992.

Si a consecuencia de un procedimiento de revisión, es sancionado a privación de libertad quien antes lo fue a multa, el importe de esta se devuelve, y extingue la nueva sanción de prisión acordada en dicho procedimiento.

  • Ejecución. Pago de la multa a plazos. Dictamen No. 363. Acuerdo No. 32 de 30 de mayo de 1995.

La oficina de cobro de multas, de no poder hacer efectivo el cumplimiento de esta sanción en los términos que establecen las disposiciones legales sobre la materia, lo informará de inmediato al Tribunal a los efectos procedentes.

Sólo la ley faculta al Tribunal para acordar el pago de la multa a plazos (artículo 35.6), y este órgano lo comunicará a la oficina de cobro de multas. El incumplimiento en el pago de alguno de los plazos lleva aparejada la pérdida de ese beneficio, lo que acontece al vencimiento de dicho término, sin necesidad de declaración judicial (de lo cual debe instruirse al sancionado en la resolución en que se dispone este beneficio), y la mencionada oficina procederá, mediante la vía de apremio que establece la legislación correspondiente, pudiendo disponer el embargo de cualquier ingreso que perciba el obligado, hasta cubrir el monto total de los plazos que quedaban por abonar, pero esta operación se hará en una sola ocasión, pues en caso contrario (embargo a próximos ingresos) –de hecho– se convertiría nuevamente en el pago de la multa a plazos. De no cobrarse la multa de la manera indicada, la oficina lo informará al Tribunal, el que dispondrá el apremio personal.

SECCIÓN SÉPTIMA   (ARTÍCULO 36)

LA AMONESTACIÓN 

  • Ejecución. Dictamen No. 251. Acuerdo No. 146 de 4 de noviembre de 1986.

Cuando un TMP imponga una sanción de amonestación, luego de la notificación verbal de la sentencia, el Presidente requerirá al acusado para que manifieste si tiene intención de recurrir la misma; de ser negativa la respuesta, la amonestación se ejecuta de inmediato, sin esperar la firmeza de la resolución, lo que no impide que el acusado pueda establecer el recurso, si lo hace dentro del plazo que establece la ley.

El proceder indicado, se aparta del principio de que sólo se procede a la ejecución de una sentencia, cuando esta adquiere su firmeza. (¿Puede obrarse de la manera indicada en el caso del procedimiento abreviado ante el TPP, pues la sentencia también se pronuncia en forma verbal?)

  • Ejecución. Dictamen No. 272. Acuerdo No. 68 de 21 de julio de 1987.

Si se ejecuta la sanción de amonestación antes de que la sentencia adquiera firmeza, y el acusado establece recurso de apelación, se entenderá que la amonestación ha quedado sin efecto, y que se estará a lo que, en definitiva, resulte de la apelación.

En caso de declararse el recurso sin lugar, no se ejecuta nuevamente esta sanción.