DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EL CÓDIGO PENAL

TÍTULO XI. DELITOS CONTRA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS RELACIONES SEXUALES Y CONTRA LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

ASPECTOS PROCESALES COMUNES AL TÍTULO XI

  • Examen de menores presuntas víctimas de delitos. Instrucción No. 173 de 7 de mayo de 2003.

Cuando exista un menor, presunta víctima de un delito, el Tribunal determinará, si su exploración en el juicio oral resulta imprescindible, o no. Para adoptar la anterior decisión, tendrá en cuenta los criterios siguientes:

a) No afectar la salud del menor;
b) Evitar la victimización del mismo;
c) Importancia del testimonio;
d) Si es suficiente la entrevista filmada, de haberse realizado;
e) Opinión del facultativo que atendió al menor; y
f) Propuesta y argumentos de la acusación y la defensa.

Sobre la base de los criterios expuestos, el Tribunal podrá decidir si prescinde del examen del menor, si es suficiente con la exhibición de la filmación –en su caso– o lectura de la declaración sumarial; si se explora directamente o a través de un especialista en sede judicial u otro sitio adecuado; o si se constituye en el domicilio del mismo, o través de despacho.

Las señaladas ideas también son válidas para aquellas personas cuya edad mental sea inferior a los 16 años, aunque su edad cronológica fuera superior, así como para todos los testigos menores de edad.

La instrucción denota un gran esfuerzo por la protección de los destinatarios a los que hace alusión, lo que es sin duda digno de elogio. Dos breves reflexiones sobre la misma. La primera, no es posible olvidar, que estamos ante una “presunta víctima”; aun no hay sentencia firme, y el acusado se presume inocente. La otra, en cualquier fórmula que se emplee para el examen de un menor, sin perder de vista como interés supremo su protección, no se puede inobservar el principio de contradicción, de manera que ha de ser obligatorio, en todas las variantes a utilizar, en el control del testimonio, por la acusación y la defensa, aspecto medular que también aborda la Instrucción.

CORRUPCIÓN DE MENORES (ARTÍCULOS 310 AL 314)

  • Determinación. Dictamen No. 412. Acuerdo No. 245 de 10 de diciembre de 2001.

Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la República, que es del tenor siguiente:

[…] Mediante el Decreto Ley 175 de 1997 se reformularon varias modalidades del delito de Corrupción de Menores y en específico en cuanto a las conductas previstas en el artículo 310 se sustituyó el verbo “inducir” por “utilizar, con lo cual ha surgido, en nuestro criterio, la posibilidad de que en algunos casos el empleo de menores en la comisión de un hecho configure la infracción, tanto de esta norma como de otra, en la cual pudiera estar presente, además, la circunstancia de agravación del empleo de menores.

Por ejemplo, si en un delito de Pederastia con Violencia, se hace participar también a un menor de dieciséis años, resultaría que este inductor, además de ser autor por ejecución (o por inducción) de ese delito, cometería, simultáneamente un delito de corrupción de menores. O en otro caso, aunque solamente sea menor la víctima del delito, por ejemplo de un abuso lascivo, pudiera considerarse que la utilización de ese menor para tal acto de perversión, constituye además, una corrupción de menores.

Esta convergencia de las normas correspondientes, puede considerarse como un concurso ideal de delitos (distintas infracciones que surgen de un solo acto), en cuyo caso se debería sancionar los hechos de conformidad con la sanción mayor o más grave prevista para ellos; otra posición sería considerar la existencia de un aparente concurso de normas, en cuyo caso se debería resolver el conflicto aplicando los criterios de especialidad o absorción, fundamentalmente, según el caso.

Otras situaciones pueden surgir de la interpretación que se haga de la expresión, en el apartado 1 del artículo 310, “otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código”, que al relacionar tales conductas con el Código Penal en general, permite considerar que se refiere prácticamente al universo de los delitos, ya que cualquier conducta ilícita es, en principio “deshonesta” y sin duda lo son las falsificaciones, las sustracciones y otras conductas que no están directamente vinculadas con la “honestidad” en el sentido de la moralidad de las relaciones sexuales.  En ese caso, utilizar un menor en la comisión de un Robo con Fuerza, a más de constituir una forma agravada de ese delito, podría constituir también un delito de Corrupción de Menores.

De modo similar habría que considerar la participación de menores en la ejecución de cualquier delito.

Nos encontramos ante posibles casos de concurso o conflicto aparente de normas y que por tanto, lo hechos deben calificarse por un solo delito, atendiendo al criterio de la especialidad (la particular protección que otorga la ley a los menores en unos casos, o la mayor especificidad de la descripción de la conducta en otros) en primer lugar y al de la absorción (que el hecho corruptor está comprendido ya en la otra norma, por ejemplo, al agravar específicamente la sanción por emplear a menores en la ejecución o al hacerlos víctimas). En cuanto a la interpretación del concepto de “conductas deshonestas de las previstas en este Código”, muchos se inclinan por la idea de que el legislador quiso darle un sentido amplio y no limitarlas solo a los delitos relacionados con la libertad sexual y la adecuada formación de los menores, como se interpretaba del texto del apartado 1 del artículo 487 del Código de Defensa Social, que simplemente se refería a la inducción de un menor para “ejercer actos deshonestos”, los cuales se relacionaban con los delitos contra las buenas costumbres y la honestidad.

Otro problema que se plantea en relación con el delito de Corrupción de Menores se deriva de la introducción  como circunstancia de agravación en el inciso ch) del apartado 2) del artículo 310, “la utilización de más de un menor para la realización de los actos previstos…” y surge la duda acerca de si esto significa que el legislador no consideró que este delito sea de los que se consideran como lesivos de bienes “personalísimos”, es decir, inseparables de la individualidad de cada persona y que por tanto una conducta punible de corrupción puede recaer, al menos simultáneamente, sobre varios menores o, si por el contrario puede darse el caso de que se sancione por tantos delitos como menores hayan resultado perjudicados y además, en cada una de las sanciones se tome en cuenta esta circunstancia agravante.

En síntesis, la consulta consiste en lo siguiente:

¿Cómo debe interpretarse la expresión “otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código” contenida en el apartado primero del artículo 310 del Código Penal?  ¿Se refiere a cualquier conducta delictiva o a las previstas en una determinada familia de delitos, título o capítulo del Código Penal?

¿En cualquier caso, ya se interprete de manera restringida o amplia, el individuo que utilice a un menor en la comisión de un delito comprendido en tal concepto, responde como autor de ese delito de conformidad con lo previsto en el inciso ch) del apartado 2 del artículo 18 del Código Penal o como autor del delito de Corrupción de Menores o como autor de ambos delitos? ¿Debe resolverse el caso aplicando la fórmula en el inciso b) del apartado 1 del artículo 10 del Código Penal?

Si lo procedente fuera sancionar por los dos delitos, en el caso del que se califique por concepto distinto al de Corrupción de Menores, ¿sería de apreciar además la circunstancia agravante prevista en el inciso ch) del artículo 53 del Código Penal?

En el caso que se utilice a más de un menor en alguna forma de corrupción, por ejemplo en prácticas de prostitución simultáneamente, ¿se debe calificar un solo delito con la agravante correspondiente al inciso ch) del apartado 2 del artículo 310 del Código Penal o dos –o más– delitos y cada uno de ellos con tal circunstancia de agravación?

El Consejo de  Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:

Dictamen  No.  412

Las cuestiones sometidas a consulta con relación al delito de Corrupción de Menores no resultan simples y dependen precisamente del conocimiento que tengan los Fiscales y Jueces de los hechos, así como del elemento subjetivo del delito, para, a partir de la intención tenida por el autor con relación a la ejecución del hecho, revelada por las circunstancias, los resultados, los medios y modos de la comisión del delito y otros elementos, poder determinar si su objetivo era el de deformar la psiquis de la víctima hacia la realización de los actos de corrupción que él propiciara, o perseguía otra finalidad.

El delito de Corrupción de Menores es una de las tipologías que demanda la adopción de un criterio uniformado a partir de las modificaciones que se le introdujeran mediante el Decreto Ley No. 175 de 1997, al sustituirse el verbo rector “inducir”, –que es el que recoge [sic] casi todas las legislaciones– por el de “utilizar”, ya que mediante el primero de los mencionados se diferenciaba claramente este delito de los Abusos Lascivos, Escándalo Público y otros. La supresión de ese verbo se hizo por el legislador para poder incluir dentro de él otras conductas que no integraban este delito anteriormente. Sin embargo, a pesar de que en la figura básica recogida en el artículo 310.1 del Código Penal siempre se empleó el nuevo verbo, encontramos que en la subfigura del apartado 3, el legislador mantuvo sin modificación el verbo “inducir”, rompiéndose así la sistematicidad de la ley.

En cuanto a la consulta múltiple formulada, es de señalar lo siguiente:

Primero: La cuestión inicial sometida a consulta, tomando en consideración las razones antes expuestas, justifican plenamente la interpretación de que en cada caso concreto que se refiera a las otras conductas deshonestas de las previstas en el Código Penal, cualquiera de ellas, esté en la familia que esté, habrá corrupción, siempre que el propósito del sujeto activo haya tenido como elemento subjetivo para su comisión el ánimo de corromper; o pudo o debió prever esas consecuencias; si este ánimo o intención no se puede determinar de los hechos imputados, entonces se calificará por la figura que tipifique, o sea lo preponderante en el análisis de los hechos será la intención tenida por el comisor de ellos o la posibilidad o el deber de preverlo. Derivado de este principio la segunda cuestión sometida a análisis referida a la autoría del que utilice a un menor en la comisión de un delito comprendido dentro de las otras familias, título o capítulo del Código Penal, se concluye que el sujeto activo será autor del delito que según los hechos se haya podido determinar hubiera tenido la intención de realizar: el de Corrupción de Menores o el otro delito que haya ejecutado con la participación del, o de los menores.

Segundo: En lo que concierne a la tercera cuestión sometida a consulta, referida a la apreciación de la circunstancia agravante prevista en el inciso ch) del artículo 53 del Código Penal, en el caso de que se arribe a la determinación de que la conducta del comisor no estuvo guiada por el ánimo corruptor, al calificarse el otro delito que corresponda de los contenidos en el Código Penal, se le apreciaría la antes mencionada agravante siempre que no se trate de un ilícito que tenga como subfigura de agravación, la participación de menores; ahora bien, en el caso en que se determine que el propósito de corromper haya presidido la actividad del agente activo no se apreciará esta agravante, al estar comprendida en los elementos del delito del artículo 310.1 del Código Penal.

Tercero: En lo que respecta a la cuarta cuestión formulada para su esclarecimiento, que se contrae al caso en que se utilice a más de un menor en alguna forma de corrupción, ello constituiría, un solo delito de Corrupción de Menores de la forma agravada prevista en el artículo 310.2, inciso c) del Código Penal, por lo que tampoco sería de apreciar la circunstancia de agravación del inciso ch) del artículo 53 del Código Penal, al predominar el criterio de la especialidad y estar ello contenido ya en la figura del mencionado delito.

Cuarto: No obstante haber sido respondidas las diferentes preguntas formuladas, se hace necesario aclarar otras cuestiones referidas al delito de Corrupción de Menores, como son:

  • Es común que como parte de un único delito de Corrupción de Menores, el comisor realice varias acciones tendentes a mover la voluntad de la víctima hacia la realización de los actos de corrupción, por lo que de ellos se deriva que esta figura no tiene carácter de continuidad, con independencia de cuantas acciones haya realizado sobre ella.
  • No se integra su comisión en grado de tentativa, puesto que la mera proposición del acto corruptor es sancionable como figura independiente.
  • Otros delitos contemplados dentro de la misma familia delictiva, donde también se tutela a los menores, pueden acarrear un conflicto aparente de leyes ante determinadas conductas y por eso es muy importante discernir de los hechos, con meridiana claridad, cuál era la voluntad del agente activo o su obligación o deber de prever sus resultados, y aplicar con la debida distinción ese elemento subjetivo, sin olvidar el principio de la especialidad, pues el legislador agravó determinadas figuras delictivas cuando para su ejecución se utilizan menores de edad, para dar adecuada respuesta penal.

Es por ello que si de los hechos se pone de manifiesto la realización de actos de tocamientos, sin que existan otros encaminados a la realización del acto sexual, estando el elemento subjetivo dirigido a satisfacer impulsos lúbricos, sin otro propósito ulterior, se integraría el delito de Abusos Lascivos.

Ahora bien, tampoco puede afirmarse de manera absoluta que el solo hecho de realizar tocamientos a un menor de uno u otro sexo, siempre integraría el delito de Abusos Lascivos, pues si del conjunto fáctico declarado probado se pone de manifiesto la realización reiterada de tales actos con un mismo menor, la entrega de dádivas para así comprar su voluntad, la formulación de determinadas promesas o amenazas, u otros actos, de modo que lo vayan encaminando a la desviación, la perversión, o la deformación en el normal desarrollo de la sexualidad, o de su comportamiento social particular que debió y pudo prever el comisor, estaríamos en presencia de un delito de Corrupción de Menores.

Por la complejidad e importancia del asunto, se transcribe literalmente la consulta y el Dictamen.

  • (Artículo 310.2 ch). Pluralidad de participantes (artículo 51). Dictamen No. 415. Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002

El tipo cualificado de corrupción de menores, previsto en el artículo 310 (apartado 2, inciso ch): “si el hecho se realiza por quien tenga la potestad, guarda o cuidado del menor”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurran los descritos elementos de agravación, en cuanto a los demás sujetos no comprendidos en dicho supuesto, responden por las modalidades penales que correspondan; lo que se fundamenta en el artículo 51.

OTROS ACTOS CONTRARIOS AL NORMAL DESARROLLO DEL MENOR (ARTÍCULO 315)

  • Impago de pensión alimenticia. Dictamen N. 16. Acuerdo No. 279 de 27 de junio de 1978.

El hecho de que el padre sea un trabajador por cuenta propia, cuyo Salario es imposible de embargar, lo que genera serias dificultades para hacer efectiva la pensión alimenticia acordada, no constituye, sin más, elemento suficiente para entender como regla general, que se integra el mencionado delito.

El Dictamen apareció bajo en imperio del CDS, cuyo artículo 503 –de igual denominación al actual– describe un comportamiento similar.

  • Determinación. Acuerdo No 92 de 21 de abril de 1981.

La conducta de los padres que se desentienden de sus obligaciones y deberes para con sus hijos menores, tanto en la esfera material, como en la moral, cuando constituya un abandono real y constante, con relevante trascendencia en las condiciones de desamparo en los referidos órdenes (material y moral), y por tanto, un grave incumplimiento de sus deberes,  integra el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.

VENTA Y TRÁFICO DE MENORES (ARTÍCULO 316)

(Artículo 316.1. 2 b). Pluralidad de participantes (artículo 51). Dictamen No. 415. Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002.

El tipo cualificado de venta y tráfico de menores –previsto en el artículo 316 apartado 2, inciso b– “si es cometido por la persona o responsable de la institución que tiene al menor bajo su guarda y cuidado”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurran los descritos elementos de agravación, en cuanto a los demás no comprendidos en dicho supuesto, responden por las modalidades penales que correspondan; lo que se fundamenta en el artículo 51.

TÍTULO XII. DELITOS CONTRA EL HONOR

DIFAMACIÓN, CALUMNIA E INJURIA (ARTÍCULOS 318, 319 Y 320)

  • Diferencias. Dictamen No. 271. Acuerdo No. 67 de 21 de julio de 1987.

Las tres especies de delitos contra el honor previstos en el CP –difamación, injuria y calumnia– son realmente inconfundibles, por tener elementos de tipicidad –objetivos y subjetivos- bien distintos.

El delito de difamación (artículo 318) requiere que el autor –al imputar a otro, hechos contrarios al honor– haya obrado con el propósito de rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza requerida para el desempeño de su cargo, profesión o función social. El hecho imputado puede ser cierto o no; pero si el autor lo afirma –a sabiendas de que es falso– el delito cometido no es el de difamación sino el de calumnia.

En el delito de injuria (artículo 320) el autor con la ofensa, persigue únicamente herir a la víctima en sus sentimientos, sin ningún propósito ulterior.

En el delito de calumnia (artículo 319) el autor divulga –o sea, afirma ante terceras personas– hechos falsos que redundan en descrédito de una persona, a plena conciencia de su falsedad.

Los delitos de difamación y de calumnia se cometen, tanto en presencia, como en ausencia de la víctima, y respecto al de injuria, esta doble posibilidad resulta del propio texto del artículo 320 del CP, que lo define.

A pesar de la naturaleza similar de los delitos de difamación, injuria y calumnia, el artículo 321 del CP establece que el primero es semipúblico; o sea, que requiere –para ser perseguible– la previa denuncia de la persona ofendida, y que los dos últimos son delitos privados, es decir, que sólo son perseguibles en virtud de querella de la persona ofendida. Esta anomalía puede deberse a que el CP se promulgó después de hallarse vigente la LPP, la cual –en sus artículos 420 y siguientes– sólo estableció el requisito de la querella para perseguir los delitos de injuria y calumnia.

El Dictamen, cuyo proyecto fue presentado al Consejo de Gobierno por el Doctor Mario Ugidos Rivero –Presidente p. s. de la Sala de lo Penal en aquel entonces– de forma magistral, denota cómo los tres delitos son inconfundibles.