DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EL CÓDIGO PENAL

TÍTULO VII. LA LIBERTAD CONDICIONAL (ARTÍCULO 58)

  • Otorgamiento. Reincidencia. Instrucción No. 125 de 12 de abril de 1988 (Apartado Tercero).

Si el Tribunal en su sentencia no declaró la condición de reincidente o multirreincidente del sancionado, el establecimiento penitenciario no puede considerarlo comprendido dentro de estas categorías, a los efectos del término para la concesión de la libertad condicional, aun cuando le consten datos al respecto.

  • Otorgamiento. Instrucción No. 137 de 1ro de noviembre de 1990 (Apartado Decimocuarto).

Exige una valoración cuidadosa para su concesión, en el caso de los comisores de los delitos a que hace alusión dicha Instrucción. Recomienda solicitar las informaciones complementarias que sean necesarias, de modo que se asegure el mantenimiento en prisión de los sancionados más peligrosos y connotados.

  • Ejecución. Control por la PNR. Instrucción No. 156 de 30 de abril de 1997.

Ver en Remisión condicional.

  • Promoción por el Ministro de Justicia. Instrucción No. 162 de 12 de octubre de 2000.

Promovida por el Ministro de Justicia, la solicitud de libertad condicional ante la Sala correspondiente del TSP, acompañando evaluación de conducta y causa, el asunto se radica y turna. El ponente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, informará a la Sala, proponiendo su rechazo de plano o admisión. En este último supuesto, se dará traslado al Fiscal por el plazo de tres días para escuchar su parecer, luego se resolverá. De acceder la Sala, libra el mandamiento de libertad y las comunicaciones pertinentes.

  • . Ejecución. Juez de control. Instrucción No. 163 bis de 24de abril de 2004.

Ver en Remisión condicional.

  • Drogas. Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002 (Apartado Séptimo).

En el caso de los delitos relacionados con drogas, se debe proceder con extremo cuidado en la concesión del beneficio, solicitando –en su caso– las informaciones complementarias pertinentes, para no errar en la decisión.

  • Otorgamiento. Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartados Sexto y Octavo).

El Tribunal, en el examen para resolver sobre la instancia de libertad condicional, debe evitar sobredimensionar el reanálisis del delito, y la repercusión que en su momento tuvo; elementos que, seguramente, se consideraron al acordar la sanción, siendo esencial, verificar los requisitos que establece la ley para su concesión. Esta labor será encargada a Salas o Jueces determinados, para su atención periódica y sistemática.

Resulta muy esclarecedor el invocado apartado; otrora fue objeto de la consulta sobre la que recayó el Dictamen No. 316 de 1991(tratado en este Título).

  • Tramitación. Tribunal competente en caso de sentencia extranjeraDictamen No. 225. Acuerdo No.71 de 14 de mayo de 1985.

Sólo los funcionarios de la Fiscalía General de la República –en la instancia provincial con la categoría de Fiscal–, están autorizados para suscribir el escrito contentivo del parecer del Fiscal jefe provincial sobre el otorgamiento de la libertad condicional.

Es competente el Tribunal Provincial Popular, que dio cumplimiento a la sentencia dictada por Tribunal extranjero, para otorgar la libertad condicional.

  • Términos. Bonos de rebaja. Dictamen No. 243.  Acuerdo No. 31 de 11 de marzo de 1986.

Los bonos de rebaja, concedidos a los sancionados a privación de libertad por las autoridades penitenciarias, se adicionarán al tiempo de la sanción de privación de libertad realmente cumplido, a los efectos del otorgamiento de la libertad condicional.

  • Otorgamiento. Menores de 20 años de edad. Reincidencia o multirreincidencia. Requisitos. Dictamen No. 293. Acuerdo No. 90 de 29 de agosto de 1988.

En caso de sancionados reincidentes o multirreincidentes, que no hayan arribado a los 20 años de edad al momento de comenzar a extinguir la sanción de privación de libertad, para disponerse su libertad condicional, deben haber cumplido las dos terceras partes de la sanción impuesta, además de cumplimentar los restantes requisitos.

  • Informe de conducta. Contenido y parecer del Fiscal. Dictamen No. 316. Acuerdo No. 6 de 19 de febrero de 1991.

No le compete al Tribunal, valorar conceptualmente los argumentos que exponen el Fiscal, ni el órgano de prisiones, cuando expresan su parecer sobre la concesión de la libertad condicional.

Intervine en la redacción de la consulta ya que, en ocasiones, el Fiscal se oponía a la concesión de la libertad condicional, bajo el fundamento de apreciar nuevamente la “índole del delito”, lo que, seguramente, en su oportunidad constituyó uno de los presupuestos para la medida de la sanción (la Instrucción No. 175 de 2004, en su apartado sexto, se refiere a este aspecto).

  • Términos. Bonos de rebajas. Dictamen No. 409. Acuerdo No. 168 de 6 de septiembre de 2001.

A los efectos del término del cumplimiento de la sanción, para acceder al beneficio de la libertad condicional u otros, así como determinar la extinción de la misma, se tendrá en cuenta para el tiempo cumplido, aquel que se otorga mediante bonos de rebaja, confeccionándose la rectificación de la correspondiente liquidación.

Reitera el Dictamen No. 243 de 1986 (ver bajo este mismo Título).

  • Otorgamiento. Reincidencia. Dictamen No. 410. Acuerdo No. 169 de 6 de septiembre de 2001.

Sólo el Tribunal sancionador, en el momento de dictar sentencia, puede declarar la condición de reincidente o multirreincidente de un sujeto.

De modo que, si en esta resolución no se hace tal afirmación –aún por error del juzgador al no apreciarla, pues objetivamente debía haberse estimado–, el órgano encargado de la ejecución de la sanción (establecimiento penitenciario), no puede –bajo ningún concepto– considerar reincidente o multirreincidente al sancionado, aunque le consten los datos necesarios para ello.

La condición de reincidente o multirreincidente de un acusado es una cuestión que se debe acreditar en el resultando probado de la sentencia, con expresión de los datos siguientes: Tribunal, Sala o Sección, causa, delito y sanción (así se dispone en el Acuerdo No. 147 de 11 de octubre de 1984).

Este Dictamen reitera una posición casi invariable del CGTSP sobre el tema, constituyendo una excepción los Dictámenes No. 194 de 1984 y No. 247 de 1986 (sin vigencia, según disposiciones posteriores de ese órgano).

  • Promoción. Acuerdo No. 204 de 24 de mayo de 1980.

En el caso en que un sancionado, o algún familiar allegado al mismo, soliciten la libertad condicional, si se ha cumplido el plazo legal –de oficio– se reclamará el informe de conducta al organismo correspondiente, y previa audiencia del parecer del Fiscal, se resolverá lo procedente.

Ampliación del Dictamen No. 106 de 1980. Acuerdo No. 166 de 30 de diciembre de 1986.

Los sancionados a privación de libertad, cualquiera que sea la extensión de dicha sanción, pueden recibir el beneficio de la libertad condicional, ya que la ley no hace distinción alguna sobre este asunto.

Ejecución. Control. Acuerdo No. 61 de 30 de junio de 1987.

Deben unirse a la causa, los acuses de recibo de las comunicaciones libradas a la PNR, firmados como constancia de su recepción.

  • Impugnabilidad. Acuerdo No. 92 de 30 de septiembre de 1987.

Contra el auto que otorga o deniega la instancia de libertad condicional, no procede el recurso de casación, siendo posible resolver el asunto por otras vías como las quejas.

¿Procede el de súplica?

  • Tramitación. Otorgamiento. Acuerdo No. 52 de 26 de octubre de 1992.  

El Tribunal resolverá, de manera cuidadosa y objetiva, las solicitudes de libertades condicionales que sean presentadas junto con la evaluación de conducta, dentro de los quince días siguientes a su presentación, comunicando lo resuelto, en ese propio plazo al centro solicitante. Asimismo, creará las condiciones con la Dirección Provincial de Prisiones, para tramitar con la mayor agilidad posible, las solicitudes que partan del sancionado o sus familiares.

TÍTULO VIII. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
(ARTÍCULOS 59 AL 65)

  • Muerte del reo. Dictamen No. 393. Acuerdo No. 228 de 14 de septiembre de 200.

El Tribunal declara mediante auto la extinción de la responsabilidad penal por  muerte del reo, con independencia de que –en caso de tratarse de un acusado– este haya sido  instruido, o no,  de cargos.

  • Prescripción. Interrupción. Dictamen No. 395. Acuerdo No. 300 de 24 de noviembre de 200.

En el caso de interrupción de la prescripción, el CP precisa que después de cada interrupción, el término de prescripción comenzará nuevamente su decurso, como si fuera desde el principio, por igual término, pero el plazo de prescripción definitiva no podrá nunca exceder el doble del tiempo establecido en la Ley para que se extinga la acción penal o la ejecución de la pena, el cual será contado a partir del inicio de ese término. En consecuencia, cada interrupción permite ampliar el tiempo de la prescripción, pero dentro de un límite absolutamente impostergable, que es igual al doble del término establecido en la Ley para la prescripción, atendiendo al tipo de delito. De lo contrario, un delito podría perseguirse eternamente.

TÍTULO IX. LOS ANTECEDENTES PENALES (ARTÍCULOS  66 AL 69)

  • Determinación. Instrucción No. 125 de 12 de abril de 1988.

Ver en La reincidencia y multirreincidencia.

  • Cancelación de oficio, en caso de sanciones sustitutivas de la de privación de libertad. Instrucción No. 127 de 12 de abril de 1988.

Ver en Trabajo correccional con internamiento.

  • No se apreciarán los antecedentes cancelados o que debieron serlo. Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartado Quinto).  

Ver en La reincidencia y la multirreincidencia.

  • Decreto Ley No. 83. Dictamen No. 215. Acuerdo No. 33 de 5 de marzo de 1985.  

El Decreto-ley No. 83 de 1ro de octubre de 1984, ordenó la cancelación de los antecedentes penales provenientes de sentencias dictadas por lo juzgados correccionales, juzgados  Municipales en función de correccionales, y por los Tribunales populares que declaró extinguidos la Ley No. 1250 de 23 de junio de 1973, pero  en ninguno de sus preceptos, se dispuso dejar incumplidas las sanciones provenientes de dichas sentencias.

Ver en La reincidencia y multirreincidencia, los siguientes Dictámenes: No. 149 de 1982, No. 174 de 1983, No. 194 de 1984, Nos. 210, 211 y 217 de 1985, No. 250 de 1986, Nos. 299 y 301 de 1989, Nos. 398 y 410 de 2001 y No. 417 de 2002. También los Acuerdos No. 147 de 1984 y No. 165 de 1986.

TÍTULO X. LA DECLARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CIVILES PROVENIENTES DEL DELITO (ARTÍCULOS 70 Y 71)

  • Responsabilidad civil. Muerte. Lesiones. Aspectos procesales. Modificación de la pensión acordada. Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982.

En caso de muerte, debe acreditarse en la investigación, si la víctima en vida tenía obligaciones alimentarias, proporcionando la identificación de los alimentistas. Asimismo, se consignará en cuanto al acusado, su nivel regular de ingreso y las obligaciones familiares a su cargo. Los datos anteriores permiten determinar, en su caso, la renta en dinero que ha de disponerse en concepto de responsabilidad civil.

Si se trata de daño a la integridad corporal,  hay que dejar constancia de la pérdida total o parcial de la capacidad laboral –mediante prueba pericial médico legal–, de existir; también lo relacionado con Salarios dejados de percibir, gastos de curación y otros desembolsos relacionados de manera  directa y necesaria con la lesión, lo que permitirá acordar una renta en dinero o  suma alzada, según proceda.

De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal, en el caso de que  no sea posible su determinación en este acto.

Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias acordadas en la sentencia penal, o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

  • Responsabilidad civil. Aspectos procesales Lesionado pendiente de curación. Artículo 275 de la LPP. Instrucción No.104 de 16 de febrero de 1982 (modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987).

Los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, cuando exista un lesionado cuya sanidad estuviere pendiente de atestarse, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción. Una vez firme la sentencia, se instruirá al perjudicado para que ejercite la acción civil ante el Tribunal de lo civil competente, para lo cual el Tribunal de lo penal, le proporcionará toda la información necesaria. El Tribunal de lo civil, cuidará evitar cualquier posible inferioridad de la parte perjudicada en el proceso, para lo que adoptará las prevenciones convenientes. En el orden sustantivo, serán de aplicación las normas del Código Civil –Responsabilidad civil por actos ilícitos–, y supletoriamente las del Código de Familia –De la obligación de dar alimentos–; y en el orden adjetivo, las que disciplinan el Proceso sumario en caso de alimentos. Firme la sentencia, el pago de las indemnizaciones se hará a través de la Caja de Resarcimientos.

Atestar sanidad, significa determinar si el lesionado está o no restablecido de las lesiones, lo que corresponde decidir mediante prueba pericial a los servicios de medicina legal (ver Dictámenes No. 79 de 1979 y 338 de 1993).

La Instrucción autoriza el ejercicio de la acción penal independiente de la civil, sólo cuando sea posible establecer las calificaciones jurídicas de cada delito en particular –aun en el caso de los artículos 10 y 11 del CP–, y se  tengan los datos necesarios para  adecuar la  sanción (artículo 272. 3 del CP).

  • Responsabilidad civil. Determinación. Homicidio. Lesiones. Estafa. Instrucción No. 109  de 27 de abril 1983.

En caso de homicidio, si la víctima hubiese estado en vida sujeta a una obligación de dar alimentos, se dispondrá una renta en dinero a favor de los beneficiarios en concepto de indemnización de los perjuicios, y no una suma alzada como se hacía bajo el imperio del CDS.

En causa por lesiones, si el Fiscal ejercita la acción civil, el Tribunal esta obligado a resolverla en la sentencia, sin otra excepción que la del artículo 275 de la LPP.

Finalmente, en causas seguidas por el delito de estafa, cuando la defraudación proviene de un acto jurídico celebrado de común acuerdo, entre victimario y la víctima, en contra de una prohibición legal, o de los intereses de la sociedad y del Estado; o incumpliendo formalidades legales, establecidas con carácter de requisito esencial, y nulo, por tanto, desde el punto de vista del Derecho Civil, no puede hacerse declaración sobre responsabilidad civil en beneficio de la víctima en la sentencia, más lo que hubiese recibido el autor del delito en virtud de dicho acto, se decomisa y pasa al patrimonio del Estado, en concepto de efectos del delito.

Como ejemplos de este último supuesto, aparecen en la Instrucción, cuando la víctima se proponía adquirir un bien mueble o inmueble sin cumplir las formalidades legales; o de alguien no autorizado, u obtener mercancías por canales irregulares, o lograr un servicio ilegal o aún constitutivo de delito.

  • Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio. Dictamen No. 112. Acuerdo No. 458 de 6 de noviembre de1980.

Si el Tribunal en el Resultando probado de la sentencia, declara un hecho del cual se deriva responsabilidad civil, y en la parte dispositiva de dicha resolución, se omite hacer el oportuno pronunciamiento sobre este particular, que resulta preceptivo, es evidente, y por demás justo, que la Sala mediante auto aclaratorio de sentencia, subsane la señalada omisión.

En la consulta no se expresa, si el Fiscal ejercitó la acción civil conjuntamente con la penal, lo que se presupone para poder resolver sobre esta materia. De no haberse ejercitado, no es posible resolver al respecto –nadie lo ha solicitado–. Lo curioso es que por el camino indicado, se hace un nuevo pronunciamiento resolutivo, lo que no es propio por vía de  aclaración.

  • Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio.  Dictamen No. 179. Acuerdo No. 13 de 31 de enero de 1984.

El contenido de la consulta es similar a la del Dictamen No. 112 (ver en este Título).

  • Responsabilidad civil del tercero. Dictamen No. 195. Acuerdo No. 101 de 17 de julio de 1984.

La responsabilidad civil de los terceros se fundamenta, en la relación existente entre los órganos, organismos, empresas, organizaciones económicas estatales, cooperativas y sus funcionarios, empleados o dependientes, cuando estos en el ejercicio de sus respectivos  cargos cometan delitos.

  • Responsabilidad civil. Aspectos procesales. Auto aclaratorio. Aclaración por el Secretario. Dictamen No. 198. Acuerdo No. 126 de 28 de agosto de 1984.

Ante errores materiales de la sentencia –como nombres omitidos o mal consignados–, que impiden la ejecución de la responsabilidad civil; y no pudiendo aclararse esta resolución por no contarse con la mayoría de los miembros de la Sala, el Secretario, con vista a los documentos obrantes en las actuaciones –rollo y expediente–, puede librar las certificaciones pertinentes para la correcta identificación de las personas a los efectos del pago de las indemnizaciones.

El  Dictamen se refiere a simples errores u omisiones. Hay que partir de la consulta para su comprensión.

  • Determinación. Acusado que antes del juicio sufragó los daños materiales causados. Dictamen No. 212. Acuerdo No. 10 de 8 de enero de 1985.

Cuando antes de la celebración del juicio oral, el acusado sufragare a la víctima el valor de los daños materiales ocasionados por el delito, el Tribunal lo consignará así en el hecho probado de la sentencia, y fundamentará que no se dispone el pago del daño material causado, por haber sido abonado por el acusado con anterioridad.

  • Responsabilidad civil. Determinación. Gastos de la Salud Pública. Dictamen No. 291. Acuerdo No.72 de 14 de junio de 1988.

No es procedente, que el Tribunal declare en concepto de responsabilidad civil, la indemnización a un centro asistencial de la Salud Pública, por los gastos en que ha incurrido esta institución en la curación de un lesionado por el delito.

  • Determinación del valor del bien objeto del delito. Grave perjuicio. Dictamen No. 353. Acuerdo  No. 28 de 21 de septiembre de 1994.

La acertada interpretación del Apartado séptimo de la Circular No. 98 del Presidente del TSP es, que en los delitos contra la propiedad, cuya subsunción en un precepto o tipo legal está determinada por la cuantía del valor del bien o bienes objeto del delito, se atenderá al que se admita como racionalmente justo, según los medios de prueba obrantes en las actuaciones, esto es, el dicho del perjudicado, la evaluación pericial, las declaraciones de los testigos y el juicio racional que al respecto pueda hacer el actuante considerando nuestra realidad social, como bien lo señala el artículo 149 de la LPP.

Otra cosa es confundir el valor del bien o bienes objeto del delito, con el perjuicio causado a su legítimo propietario y víctima, u otras consecuencias  derivadas de la sustracción, apropiación o daño del objeto. Debe reconocerse que en las complejas circunstancias en que se desenvuelve nuestra economía, dentro de las cuales el precio oficial o el valor que se haya desembolsado por un objeto no representa en las generalidades de los casos, el valor material que se asigna al propio objeto en la actualidad, expresado en dinero, por lo que puede admitirse en la tasación pericial o de otro modo, se reconozca un valor en dinero –distinto al pagado– para adquirirlo, o al precio oficial asignado al momento de su adquisición.

Debe considerarse que el grave perjuicio –como elemento normativo– no es sólo la lesión patrimonial que se le causa al perjudicado, sino otra consecuencia –no necesariamente económica– que se deriva del delito, y de él trae su causa, distinto al valor económico; consecuencias perjudiciales que podrán considerarse a los efectos de la adecuación de la sanción –en su caso– y, por supuesto, para la fijación de la responsabilidad civil, pero únicamente desempeñarán un papel en la determinación del tipo penal aplicable, en aquellas conductas que contemplen una modalidad agravada por razón del grave perjuicio.

En el apartado séptimo del documento que se adjunta a la mencionada Circular No. 98 de 27 de septiembre de 1993, se expresa: “En los delitos cuya subsunción en un tipo o subtipo legal, este determinada por la cuantía del valor del bien o bienes objeto del delito, se atenderá necesariamente a la real ascendencia de ese valor en relación con la especifica situación económica del país, pues la determinación de ese aspecto –atendiendo al simple valor intrínseco del bien en cuestión– no lo representa con realismo, dado el cierto y efectivo perjuicio que se causa patrimonialmente; de manera que debe estarse a la determinación de la cuantía del valor por las consecuencias o perjuicios  que  se ocasione con el acto delictivo; y no a la inversa”.

Luego apareció el Dictamen No. 394 de 2000 sobre el propio tema. Ambas formulaciones son de gran importancia para la determinación del valor del bien objeto del delito, lo que puede resultar decisivo en la calificación del tipo penal aplicable, si constituye un elemento del mismo, o en lo concerniente a la responsabilidad de carácter civil.

La fórmula del artículo 149 de la LPP, al afirmar “[…] se estará al dicho del perjudicado […]”, la interpreto tomando en consideración los argumentos de los comentados dictámenes, en el sentido que se debe escuchar detalladamente al perjudicado sobre aspectos tales como el origen –modo de adquisición–, valor, trascendencia o afectación real, e hipotética reposición del bien objeto del delito, pero en forma alguna, el referido dicho puede resultar concluyente de modo absoluto. Este puede estar sujeto a crítica, confrontación y examen por todos los sujetos participantes en el proceso.

El antecedente del señalado artículo 149 se encuentra en el artículo 365 de la LECrim española, con una redacción comprensible al expresar: “Cuando para la calificación del delito o de sus circunstancias fuere necesario estimar el valor de la cosa que hubiese sido su objeto o el importe del perjuicio causado, o que hubiera podido causarse, el Juez oirá sobre ello al dueño o perjudicado, y acordará después el reconocimiento pericial en la forma determinada en el Capítulo VII de este mismo Título. El Juez facilitará a los peritos nombrados las cosas y elementos directos de apreciación sobre qué hubiere de recaer el informe, y si no estuvieren a su disposición, les suministrará los datos oportunos que se pudieran reunir, previniéndoles, en tal caso, que hagan la tasación y regulación de los perjuicios de un modo prudente, con arreglo a los datos suministrados”.

  • Determinación. Estudiantes o ciudadanos incorporados al Servicio Militar General. Dictamen 362. Acuerdo No. 19 de 4 de abril de 1995.

No es posible equiparar la condición de estudiante o de ciudadano incorporado al Servicio Militar Activo, con la de trabajador o pensionado sin bienes propios, a que alude el artículo 89. 1 del Código Civil; de manera que no es procedente en cuanto a los primeros, “adecuar la cuantía de la indemnización a un veinte por ciento del Salario o cualquier otro ingreso periódico que perciba, sin que pueda exceder el término de diez años”, como se establece en citada norma.

  • Responsabilidad civil. Ejecución. Personas jurídicas. Caja de Resarcimientos. Dictamen No. 390. Acuerdo No. 330 de 28 de diciembre de 1999.

La entrada en vigor del Decreto Ley No. 175 de 1997, libera a la Caja de Resarcimientos, de brindar a las personas jurídicas la protección del beneficio del cobro de las cantidades que como responsabilidad civil derivada de la comisión del delito se impone por el Tribunal, quedando limitada su intervención, a las personas naturales.

  • Determinación. Dictamen No. 394. Acuerdo  No. 299 de 24 de noviembre de 2000. (complementario del Dictamen No. 353 de 1994).

Para determinar el valor de los bienes dañados o sustraídos, cuando estos hayan sido adquirido por sus titulares con moneda extranjera o peso cubano convertible, o las acciones de daño o sustracción recaen directamente sobre este tipo de monedas, haciéndose preciso su avalúo en moneda nacional,  para poder definir la competencia, calificación del delito, sus circunstancias o el perjuicio causado, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 149 de la LPP. El valor de cualquier bien, puede ser expresado en la cantidad de dinero, en moneda nacional, que se necesita para su adquisición en nuestra sociedad.

El actuante no está obligado a someterse a la tasa de cambio establecida por el Banco Central, ni tampoco a la relación de cambio fijada en las Casas de Cambio (CADECA S.A.). Lo trascendente es la determinación en moneda nacional del precio del bien en nuestra realidad socioeconómica.

Lo antes expuesto exige del Tribunal una actuación libre de dogmas, que le permita arribar al valor real del bien dañado o sustraído, en nuestro cambiante y complejo entorno económico, de manera que se califiquen con certeza las modalidades delictivas, y sean resarcidos los perjudicados de forma efectiva.

Ver los comentarios al Dictamen No. 353 de 1994, bajo este mismo Título.

  • Ejecución de obligaciones civiles. Acuerdo No. 210 de 24 de mayo de 1980.

Corresponde al Tribunal, en los casos de delitos de ocupación y disposición ilícitas de edificios o locales y usurpación –artículos 231, 232 y 333–, adoptar las medidas necesarias para que el inmueble sea desocupado y restituido al organismo que corresponda.

  • Responsabilidad civil. Organización Judicial. Acuerdo No. 39 de 27 de enero de 1981.

Los presidentes de los TPP, tienen el deber de velar por el cumplimiento de las ejecutorias sobre responsabilidad civil derivada del delito.

  • Responsabilidad civil. Renta en dinero. Acuerdo No. 116 de 19 de julio de 1983.

En el caso de disponer el Tribunal en su sentencia, una renta en dinero en concepto de responsabilidad de carácter civil –en caso de niños o personas que han perdido parcial o totalmente su capacidad laboral, por ejemplo–, se fija el monto y el lapso durante el cual tiene que percibirla el perjudicado, pero no viene obligado a precisar el día exacto de su extinción.

  • Responsabilidad civil. Pluralidad de responsables. Cómplices y receptadores. Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988.

Si son varios los que han de responder en el orden civil, el Tribunal tiene que determinar en la sentencia la parte que corresponde abonar a cada uno, con independencia de que tal obligación sea solidaria entre los mismos.

La complicidad no genera responsabilidad civil, sólo la autoría. Tampoco los receptadores responden por los daños y perjuicios causados por el delito antecedente, ya que la receptación es un delito totalmente independiente de aquel.

Por último, no está establecido legalmente un límite para la cuantía de las pensiones que se acuerden en concepto de indemnización, por los perjuicios causados por el delito.

  • Responsabilidad civil. Determinación. Acuerdo No. 37 de 2 de junio de 1989.  

En el artículo 86 del Código Civil se regula el contenido de la indemnización de los perjuicios; y en el inciso e) se hace referencia a “cualquier otro desembolso hecho por la víctima, sus familiares u otra persona, a causa del acto ilícito”, lo que debe entenderse como aquellos gastos, vinculados de una forma directa e imprescindible con el delito y el restablecimiento del mismo –en su caso– sin extenderse a otros gastos, como los incurridos en casa de descanso, cenas en funerales, etcétera.

TÍTULO XI. EL ESTADO PELIGROSO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD (ARTÍCULOS 72 AL 90)

  • Conducta antisocial. Prostitución. Instrucción No. 51 de 1ro de abril de 1975.

Entre los vicios moralmente reprobables, hay que considerar incluido –como de las conductas más repudiadas por nuestra moral socialista– el ejercicio de la prostitución.

La Instrucción no tiene vigencia, se refiere al CDS, pero sí valor para la comprensión del índice de peligrosidad de conducta antisocial, al clasificar el ejercicio de la prostitución como un vicio socialmente reprobable, que resulta una de las conductas comprendidas en dicho índice.

  • Ejecución. Interrupción ante apremio personal por impago de multa. Dictamen No. 49. Acuerdo No. 4 de 11 de enero de 1979.

Si contra un asegurado que cumple medida de seguridad detentiva, se dispone el apremio personal por impago de una sanción de multa, se interrumpe el cumplimiento de dicha medida por el Tribunal que la dispuso para que extinga la sanción, luego de lo cual, toma de nuevo su curso la medida original.

Este Dictamen apareció bajo el imperio del CDS, no obstante, ante un caso análogo, la solución que se ofrece también es aplicable con la Ley en vigor. De tratarse de una sanción de privación de libertad efectiva o apremio personal, no hay duda que esta es la manera de proceder (ver artículo 77. 2 y 3). En caso de ser la sanción una de las penas sustitutivas del encarcelamiento ¿también se procede de la manera indicada?

  • Modificación de la extensión de la medida. Aspectos procesales. Libertad por cumplimiento. Dictamen No. 146. Acuerdo No. 93 de 3 de agosto de 1982.

Si durante el cumplimiento de una medida de seguridad reeducativa, se considera que persiste en el asegurado el estado peligroso, el Tribunal puede cambiar la duración de la misma, siempre que no exceda el límite máximo de cuatro años establecido en la Ley (artículo 80.3); y en el caso de haber extinguido hasta dicho límite –cuatro años–, habrá que iniciar nuevo proceso, de conformidad con el artículo 415 de la LPP.

Una vez que llega la fecha de extinción –fijada en la liquidación por el Tribunal–, de una medida de seguridad reeducativa, el órgano encargado de su ejecución dejará en libertad al asegurado, sin que sea necesario ningún otro pronunciamiento del Tribunal.

  • Presunto asegurado que delinque antes de ser declarado en estado peligroso.Dictamen No. 166. Acuerdo No. 136 de 16 de  agosto de 1983.

No existe expresa prohibición impeditiva, para declarar en estado peligroso, a un sujeto que delinquió en el decurso de la tramitación de dicho expediente.

Luego de presentar el Fiscal al Tribunal, un expediente de peligrosidad por vagancia habitual y conducta antisocial, solicitando la imposición de una medida de seguridad predelictiva; si antes de su imposición, el pretenso asegurado comete un delito, ello no impide la tramitación del invocado proceso, para la declaración del estado peligroso y la imposición de la correspondiente medida.

La solución que ofrece el Dictamen, no está exenta de serios reparos, pues con la declaración del estado peligroso y las medidas que del mismo se derivan, lo que se pretende es evitar que el sujeto delinca, de incurrir este en el delito, como se afirma, ¿qué sentido tiene entonces continuar por la vía del estado peligroso?

  • Aspectos procesales. Modificación o cese de la medida a instancia de los familiares del asegurado. Dictamen No. 199. Acuerdo No. 127 de 28 de agosto de 1984.

Los familiares del asegurado, no están legitimados para instar a la modificación o cese de la medida de seguridad adoptada; no obstante, es aconsejable, que si dicha solicitud se formula cuando hubiese transcurrido un término prudencial, el Tribunal de oficio, solicite los informes correspondientes a los efectos procedentes.

La modificación o suspensión de la medida, según la Ley (artículo 83), sólo puede ser instada por el órgano encargado de su ejecución, o acordarse de oficio por el Tribunal.

  • Internamiento provisional. Dictamen No. 219. Acuerdo No. 48 de 2 de abril de 1985.

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 del artículo 374 de la LPP, si la sentencia –en proceso seguido por estado peligroso–, fuere absolutoria, se dejará de inmediato en libertad al presunto asegurado; pero si se le impusiere una medida de seguridad que implique internamiento, puede el Tribunal disponer su internamiento provisional.

El Dictamen aparece, antes de establecer la Ley procesal –artículo 415– un procedimiento particular para la declaración del estado peligroso por conducta antisocial, pues en aquel momento, el procedimiento que se seguía, era el de los TMP; de todas formas, la respuesta puede tener interés.

  • Modificación o cese de la medida. Dictamen No. 352. Acuerdo No. 18 de 13 de julio de 1994.

El Dictamen reitera lo preceptuado en el artículo 83, en cuanto a la facultad del Tribunal para disponer la suspensión o modificación de la medida de seguridad adoptada, siempre que estén presentes los presupuestos establecidos en la Ley.

  • Ejecución. Síntomas de enajenación mental. Dictamen No. 413. Acuerdo No. 244 de10 de diciembre de 2001.  

La peritación de un sancionado o asegurado, que presente síntomas de enajenación mental durante el cumplimiento de la sanción o medida –en establecimiento penitenciario o de otro tipo–, sólo puede acordarla el Tribunal que dispuso la ejecución de la resolución.

Una vez impuesta la medida de seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico, por razón de enfermedad mental, el control del Tribunal sobre su ejecución no se extiende a las cuestiones propias del tratamiento terapéutico (otorgamiento de visitas y permisos de salida temporal); lo que es potestad exclusiva de la institución hospitalaria. Por último, es el Tribunal el órgano facultado, para decidir la salida definitiva del asegurado de la invocada entidad.

El propio Dictamen señala que lo dispuesto, se hace extensivo a los asegurados que cumplen medidas en los centros de enseñanza especializada, o establecimiento asistencial de desintoxicación, cuyo régimen de tratamiento terapéutico obedece a las regulaciones internas de estas instituciones.