DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EL CÓDIGO PENAL

TÍTULO V. DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN ENTIDADES ECONÓMICAS (ARTÍCULO 220)

  • Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad. Dictamen No  419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002.

Ver en delito de Malversación (artículo 336).

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES ECONÓMICAS (ARTÍCULO 221)

  • Determinación. Responsabilidad material. Dictamen No. 331. Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992.

Se trata de un delito “cometido esencialmente por imprudencia”. El tipo penal exige, que en caso de resultar aplicables las disposiciones relativas a la responsabilidad material –Decreto-ley No. 92 de 1986–, sólo podrá sancionarse el delito, si el valor de los daños ocasionados es superior a la cuantía establecida en la citada legislación –Sobre la responsabilidad material de los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores-.

En la investigación de este delito, resulta imprescindible conocer, en su caso, la resolución que determina el monto en que es exigible la responsabilidad material.

En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto Ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

  • Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad. Dictamen No  419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002.

Ver en delito de Malversación (artículo 336).

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESERVAR LOS BIENES DE ENTIDADES ECONÓMICAS (ARTÍCULO 222)

  • Determinación. Responsabilidad material. Dictamen No. 331. Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992.  

Se trata de un delito “cometido esencialmente por imprudencia”. El tipo penal exige, que en caso de resultar aplicables las disposiciones relativas a la responsabilidad material –Decreto-ley No. 92 de 1986–, sólo podrá sancionarse el delito, si el valor de los daños ocasionados es superior a la cuantía establecida en la citada legislación –Sobre la responsabilidad material de los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores-.

En la investigación de este delito, resulta imprescindible conocer, en su caso, la resolución que determina el monto en que es exigible la responsabilidad material.
En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto-ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

  • Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad. Dictamen No  419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002.

Ver en delito de Malversación (artículo 336).

USO INDEBIDO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES (ARTÍCULO 224)

  • Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad. Dictamen No  419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002.

Ver en delito de Malversación (artículo 336).

ABUSO EN EL EJERCICIO DE CARGO O EMPLEO EN ENTIDAD ECONÓMICA (ARTÍCULO 225)

  • Determinación. Sólo se comete en entidad económica de la producción o los servicios. Dictamen No. 160. Acuerdo No. 72 de 27 de abril de 1983.  

El delito de abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica, está inserto entre los delitos regulados en el Título V del Libro II del Código Penal; Delitos contra la economía nacional, por lo que es un delito que tiene por objeto de protección las relaciones que surgen en esa esfera de la sociedad, ya se trate de la producción o de los servicios; luego, los funcionarios o empleados que laboran en otras esferas de la actividad estatal, no son sujetos imputables en los delitos especificados en este Título.

Es muy importante la aclaración del Dictamen, y resulta válida para todos los delitos comprendidos bajo este Título. En el mismo se deja establecido que el propósito del legislador no es reprimir las conductas descritas cuando se incurre en ellas, prevaleciéndose del cargo en cualquier tipo de entidad, sino sólo en aquellas entidades económicas de la producción o los servicios.

  • (Artículo 225.1c). Requiere la actuación intencional del agente. Dictamen No. 216. Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985. 

La modalidad del artículo 225. 1 (inciso c) –“Obsequie, sin la debida autorización, productos, materiales u otros bienes de la entidad, empresa o unidad, u ofrezca gratuitamente los servicios que ellas presten”–, para su integración requiere, no sólo la realización de los elementos objetivos del tipo; exige también la actuación intencional del agente.

El antecedente inmediato de este delito, se encuentra en el artículo 269, inciso c, del CP de 1979, con similar redacción, y sobre el cual recayó el Dictamen.

INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES (ARTÍCULO 227).

  • (Artículo 227c). Requiere la actuación intencional del agente. Dictamen No. 216. Acuerdo No. 40 de 19 de marzo de 1985. 

La modalidad del artículo 227 (inciso c)  –“cobre mercancías o servicios por encima del precio o tarifa aprobados por la autoridad u organismo competente, o del precio pactado por las partes”–, para su integración requiere, no sólo la realización de los elementos objetivos del tipo; exige también la actuación intencional del agente.

El antecedente inmediato de este delito, se encuentra en el artículo 271.1, inciso c, del CP de 1979, con similar redacción, y sobre el cual recayó el Dictamen.

OCUPACIÓN Y DISPOSICIÓN ILÍCITAS DE EDIFICIOS O LOCALES (ARTÍCULO 231)

  • Determinación. Cesión. Dictamen No. 95. Acuerdo No. 188 de 15 de mayo de 1980.

Por cesión, gramatical y jurídicamente, hay que entender la renuncia de alguna cosa, posesión, acción o derecho que una persona (graciosa o interesadamente) hace a favor de otra; y tratándose concretamente de una vivienda, su cesión sea en forma total o parcial por quien la ocupa o disfruta de acuerdo con la legislación aplicable a la misma, requiere, en su consecuencia, la realización por parte de quien cede, de actos expresa y directamente encaminados a la total dejación a favor de quien adquiere el disfrute y demás beneficios derivados de la ocupación del inmueble que la vivienda constituye.

Lo mismo cabe decir en cuanto a las permutas que practiquen, entre sí, ocupantes distintos, prescindiendo de la adecuada autorización requerida por las disposiciones que rigen sobre el particular, por cuanto que en definitiva no significan otra cosa, que renuncias y adquisiciones recíprocas de tales derechos a favor, respectivamente, de personas distintas a sus ocupantes legales y constituyen, por tanto, cesiones mutuas, y como tales, comprendidas en la prohibición de que se deja hecha referencia.

En su caso, el Tribunal tendrá que extender la jurisdicción –artículo 6 de la LPP–, a todas aquellas cuestiones del ámbito civil y administrativo que sean necesarias elucidar, para la determinación de la culpabilidad o inocencia.

  • Determinación. Ubicación del inmuebleDictamen No. 133. Acuerdo No. 260 de 4 de noviembre de 1981.

Sin entrar a distinguir la ubicación de edificios o locales –periferia de la ciudad, zona rural, o comunidad campesina, por ejemplo–, el agente que realice los actos previstos en el tipo penal, comete el delito de ocupación y disposición ilícitas de edificios o locales.

  • Ejecución. Acuerdo No. 210 de 24 de mayo de1980.  

El Tribunal que conoce del delito, adopta las medidas necesarias para que el inmueble sea desocupado y restituido (artículo 70).

TÍTULO VI. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

No encuentro disposición al respecto.

TÍTULO VII. DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (ARTÍCULOS 250 AL 260)

  • Clasificación de los documentos. Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983.  

Por Cuanto: En el nuevo Código Penal, al igual que en la legislación sustantiva penal precedente –el Código de Defensa Social y el de 1870–, en relación con las falsedades documentarias (Capítulo III del Título VII), no se determina cuáles documentos tienen el carácter de públicos, cuáles de privados y sólo parcialmente los comprendidos en el concepto de bancarios o de comercio.

Por Cuanto: Esta indefinición ha provocado una gran confusión en la práctica judicial, y ha dado lugar a que sean frecuentes los casos en que sentencias de los Tribunales Provinciales Populares deban ser casadas, por haberse incurrido en error en ellas en cuanto al carácter atribuido al documento en que se funda la calificación.

Por Cuanto: Se trata, sin embargo, de una cuestión que, planteada en términos correctos, no hay razón para que se mantenga subsistente.

Por Cuanto: En nuestra tradición legislativa, la regulación de los medios de prueba –la documental entre ellos– corresponde a la legislación sustantiva civil (civil y mercantil) y, modernamente, casi exclusivamente a la procesal civil, con valor extensivo a las demás ramas del derecho, y a los conceptos que aparecen en la misma deben acudir, por tanto, todos los Tribunales –incluidos los de lo penal– a los efectos de determinar la clase de los documentos implicados en la decisión que han de adoptar. De lo antes expuesto se deduce, que no se ha dejado al criterio discrecional del Tribunal –forzosamente impreciso– de determinar la naturaleza de los referidos documentos.

Por Cuanto: La razón de la clasificación, según habrá de advertirse al transcribir los preceptos legales pertinentes, estriba, fundamentalmente, en cuanto a los documentos públicos, en la circunstancia de ser expedidos por los funcionarios públicos competentes y con las solemnidades específicas señaladas en la ley, y tocantes a los bancarios o de comercio, en la de proceder de operaciones de comercio, incorporar un derecho patrimonial (valores) y ser transmisibles por simple entrega o por endoso. Los demás no incluibles en la anterior clasificación tendrían el carácter de privados.

Por Cuanto: El artículo 281 de la LPCAL establece:

“Artículo 281. Son documentos públicos;

  • los autorizados por funcionario público competente con las formalidades requeridas por la ley;
  • las certificaciones de dichos documentos expedidas en forma legal;
  • los Registros oficiales y las certificaciones de los asientos que obren en los mismos expedidos por los funcionarios que los tuvieren a su cargo;
  • las actuaciones judiciales y las certificaciones legalmente expedidas con vista de las mismas.

Son documentos privados los formados por particulares y los demás no comprendidos en el apartado anterior”.

Por Cuanto: El Código de Comercio, en sus artículos 443 y 532, dispone:

“Artículo 443. La letra de cambio se reputará acto mercantil, sin distinción de personas, se regirán por las disposiciones de este Código.

Artículo532. Las libranzas a la orden y los pagarés también a la orden, se reputarán de carácter mercantil y producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, respecto de los libradores, endosantes y avalistas a quienes se hubiere hecho el oportuno protesto o notificación por falta de pago en la forma prevista en el Título anterior.

Los vales o pagarés que no estén expedidos a la orden, se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común o al mercantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el Título siguiente”.

Por Tanto: En consecuencia, el CGTSP haciendo uso de sus facultades…, acuerda dictar la siguiente:
Instrucción No. 108

Primero: Tienen el carácter de documentos públicos, a los efectos del delito previsto en el artículo 303 del CP, aquéllos que reúnen las características señaladas en el artículo 281 de la LPCAL.

Segundo: Tienen el carácter de documentos bancarios o de comercio, a los efectos de la aplicación del artículo 304 del CP, aquéllos que procedan de operaciones de comercio, incorporan un derecho patrimonial transmisibles por simple entrega o por endoso, como los cheques y mandatos de pago a la orden librados entre entidades relativos a operaciones de comercio.

También se calificarán como mercantiles los documentos a los que se les confiera expresamente ese carácter por la Ley.

Tercero: Los documentos que no son documentos públicos ni de comercio o bancario de acuerdo con lo expuesto en los acápites anteriores y tampoco son de alguna de las otras clases reguladas en el Capítulo III del Título VII del CP, tienen el carácter de documentos privados, y les es aplicable, a los efectos de su protección penal, el artículo 310 del antes citado cuerpo legal.

Por su importancia, he transcripto la Instrucción de manera total. Como podrá apreciarse, fue dictada bajo en imperio del CP de 1979, no obstante, conserva íntegramente su valor para la interpretación de los actuales preceptos que abordan la falsedad documental. Sobre los documentos bancarios o de comercio, se han sostenido disímiles criterios en su clasificación, entiendo de la Instrucción, que no es suficiente para incorporarlos dentro de la citada clase, el sólo hecho de que procedan de operaciones de esta naturaleza –comercio– sino que han de reunir cumulativamente el resto de los presupuestos a que alude la disposición.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS (ARTÍCULO 250)

  • Requisitos para que un documento sea considerado de carácter público. Dictamen No. 162. Acuerdo No. 101 de 5 de julio de 1983.  

El artículo 281 de la LPCAL, relaciona genéricamente los documentos a los cuales le otorga el carácter de público. Dicha ley, no formula una relación nominal de tal clase de documentos, sino que enumera los requisitos que deben reunir para ser clasificados de la invocada especie; estos son:

1ro. Que la persona que lo emita sea un funcionario público, para lo cual se tendrá en cuenta la interpretación auténtica contextual que aparece en el artículo 173.

2do. Que el documento suscrito por el funcionario público, esté dentro del ámbito de su competencia, esto es, si tiene facultad para realizar ese acto.

3ro. Que el documento fue expedido, de acuerdo con los requisitos legales exigidos para su fehaciencia.

4to. Que  tenga como objetivo una declaración de voluntad reconociendo, negando, modificando, una relación jurídica o es fiel expresión de un estado o situación de hecho con relieve jurídico.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS BANCARIOS Y DE COMERCIO (ARTÍCULO 251)

Ver al inicio de este Título en Falsificación de documentos (artículos 250 al 260) la Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983. Clasificación de los documentos.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO (ARTÍCULO 257)

Ver al inicio de este Título en Falsificación de documentos (artículos 250 al 260) la Instrucción No. 108 de 27 de abril de 1983. Clasificación de los documentos.

TÍTULO VIII. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

HOMICIDIO (ARTÍCULO 261)

  • Responsabilidad civil en caso de homicidio.Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982.  

En caso de muerte, debe acreditarse en la investigación, si la víctima en vida tenía obligaciones alimentarias, proporcionando la identificación de los alimentistas. Asimismo, se consignará en cuanto al acusado, su nivel regular de ingreso y las obligaciones familiares a su cargo. Los datos anteriores permiten determinar, en su caso, la renta en dinero que ha de disponerse en concepto de responsabilidad civil.

De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal, caso que  no sea posible su determinación en este acto.

Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias, acordadas en la sentencia penal o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

Ver esta Instrucción en Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71).

  • Responsabilidad civil en caso de homicidio. Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983.

En caso de homicidio, si la víctima hubiese estado en vida sujeta a una obligación de dar alimentos, se dispondrá una renta en dinero a favor de los beneficiarios en concepto de indemnización de los perjuicios, y no una suma alzada, como se hacía bajo el imperio del CDS.

Ver esta Instrucción en Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71).

  • Delitos de homicidio y lesiones, presuntamente cometidos por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades. Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983.  

Cuando el Fiscal presente al Tribunal, con solicitud de apertura a juicio oral, un asunto seguido por un delito de homicidio o lesiones, presuntamente cometido por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina –en el ejercicio de sus respectivas especialidades– el Tribunal observará si constan en el expediente las acciones de instrucción siguientes:

  • Si se realizó una amplia información testifical, en relación con trabajadores del centro asistencial donde ocurrió el hecho, familiares de la víctima, u otras personas;
  • Si el Director del centro asistencial rindió informe circunstanciado sobre los hechos;
  • Si consta el resultado de la necropsia clínica;
  • Si está debidamente verificado el dicho del acusado;
  • Si están debidamente documentadas las acciones de instrucción realizadas y cumplidas las garantías procesales establecidas en la ley;
  • Si consta –unido al expediente– el informe pericial, expedido por la Comisión Médica designada por el Director Provincial de Salud Pública.

Si el Tribunal considera que la investigación no está agotada, devolverá el asunto (artículo 263 de la LPP), señalando concretamente las acciones a realizar y, de estimarlo procedente, solicitará al Ministerio de Salud Pública que designe una comisión –integrada por especialistas del más alto nivel– con el propósito de determinar sobre la actuación de los médicos, o personal de la salud, que estén acusados.

LESIONES (ARTÍCULOS 272 AL 274)

  • Responsabilidad civil en caso de lesiones.Instrucción No. 103 de 16 de febrero de 1982.

Si se trata de daño a la integridad corporal,  hay que dejar constancia de la pérdida total o parcial de la capacidad laboral –mediante prueba pericial médico legal–, de existir; también lo relacionado con Salarios dejados de percibir, gastos de curación y otros desembolsos relacionados de manera directa y necesaria con la lesión, lo que permitirá acordar una renta en dinero o  suma alzada, según proceda.

De no aparecer en el expediente los señalados datos, el Tribunal, de oficio, dispondrá las pruebas para su obtención en el juicio oral, y sólo devolverá el asunto al Fiscal en el caso que  no sea posible su determinación en este acto.

Por último, para la modificación o cese de las pensiones alimentarias, acordadas en la sentencia penal o por el Tribunal civil (artículo 275 de la LPP), el obligado tendrá que acudir ante el Tribunal civil competente; en el primer supuesto, empleando el Proceso sumario en caso de alimentos; y en el segundo, la vía incidental.

Ver esta Instrucción en Libro Primero, Título X. La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito (artículos 70 y 71).

  • Responsabilidad civil. Lesionado cuya sanidad está pendiente de atestarse (artículo 275 de la LPP).Instrucción No. 104 de 16 de febrero de 1982, modificada por el Acuerdo No. 3 de 13 de enero de 1987.

Los Tribunales darán curso a la acción penal, sin ejercitar conjuntamente la civil, cuando exista un lesionado cuya sanidad estuviere pendiente de atestarse, siempre que las diligencias de pruebas permitan la calificación del delito y la adecuación de la sanción.

Una vez firme la sentencia, se instruirá al perjudicado para que ejercite la acción civil ante el Tribunal de lo civil competente, para lo cual, el Tribunal de lo penal le proporcionará toda la información necesaria. El Tribunal de lo civil cuidará evitar cualquier posible inferioridad de la parte perjudicada en el proceso, con ese propósito adoptará las prevenciones convenientes. En el orden sustantivo, serán de aplicación las normas del Código Civil –Responsabilidad civil por actos ilícitos–, y supletoriamente las del Código de Familia –De la obligación de dar alimentos–; y en el orden adjetivo, las que disciplinan el Proceso sumario en caso de alimentos. Firme la sentencia, el pago de las indemnizaciones se hará a través de la Caja de Resarcimientos.

Atestar sanidad, significa determinar si el lesionado está o no restablecido de las lesiones, lo que corresponde decidir –mediante prueba pericial– a los servicios de medicina legal (ver Dictamen No. 338 de 1993 bajo este rubro).

La Instrucción autoriza el ejercicio de la acción penal independiente de la civil, sólo cuando sea posible establecer las calificaciones jurídicas de cada delito en particular –aun en el caso de los artículos 10 y 11 del CP–, y se  tengan los datos necesarios para  adecuar de la  sanción (artículo 272.3 del CP).

  • Responsabilidad civil en caso de lesiones. Acción civil Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983. (Artículo 275 de la LPP).

En causa por lesiones, si el Fiscal ejercita la acción civil, el Tribunal está obligado a resolverla en la sentencia, sin otra excepción que la del artículo 275 de la LPP.

Delitos de homicidio y lesiones, presuntamente cometidos por médicos o personal profesional y auxiliar de la medicina, en el ejercicio de sus respectivas especialidades. Instrucción No. 110 de 5 de julio de 1983.

Ver esta Instrucción en el delito de Homicidio (artículo 261).

  • Lesiones como concepto jurídico. Dictamen No. 233. Acuerdo No. 101de 25 de junio de 1985.

En el ordenamiento legal sustantivo cubano, no se puede confundir el concepto de lesiones desde el punto de vista médico con el jurídico.

El Dictamen hacía referencia a una modalidad del delito de lesiones, maltrato de obras (artículo 328 del CP de 1979), que pasó a ser una contravención; no obstante, el pronunciamiento inicial, sobre la distinción entre el concepto de lesiones desde el punto de vista médico y el legal, tiene vigencia; y esa es la razón por la que he colocado el Dictamen.

  • Determinación. Maltrato de obra. Contravención. Dictamen No. 298. Acuerdo No. 109 de 29 de noviembre de 1988.

Cuando un Tribunal Municipal reciba actuaciones por un presunto delito de lesiones, si al dictaminarse sobre las mismas –prueba pericial médica– en sede judicial, se concluye que estas no pusieron en peligro la vida de la víctima, ni le dejaron secuelas, ni requirieron para su curación tratamiento médico, y por tanto, no constituyen delito; en el caso que las actuaciones estén radicadas como causa, se dictará auto de sobreseimiento libre, librándose testimonio de lugares a la Fiscalía o Policía, a los efectos de la represión de esa conducta por la vía contravencional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 141, de 24 de marzo de 1988, en su artículo 1 (inciso m); pero si sólo están controladas en el Cuaderno de diligencias sin radicar, las actuaciones serán remitidas a las citadas instituciones con la finalidad indicada.

El supuesto de la consulta es difícil que acontezca –no imposible–, ya que el Tribunal, para admitir esta clase de asuntos, debe cerciorarse de que en las investigaciones previas se practicó la prueba pericial médica; y por tanto, el hecho constituye delito, según el concepto que del mismo (lesiones) ofrece la ley.

  • Determinación. Prueba pericial médico-legal. Dictamen No. 338. Acuerdo No. 1 de 14 de enero de 1993.

No es imprescindible la presencia de los peritos médicos en el juicio oral, cuando la prueba pericial se haya practicado de forma legal, entendiendo por esto, que según la índole de las lesiones causadas al perjudicado –ya sean dolosas o culposas– del dictamen emitido, resulta evidente la naturaleza y características de las mismas para una acertada calificación de los hechos por parte del Tribunal, debiéndose –en este caso– dar lectura, como prueba documental, en el acto del plenario al dictamen antes citado, consignando esos particulares detalladamente en el acta levantada. Si el Tribunal requiriera de algún esclarecimiento, ampliación o precisión, ordenará la comparecencia de los peritos al juicio oral.

La presencia del perito en el juicio se deriva del principio de oralidad que rige en este acto, lo que debe constituir la regla, pero pudiera prescindirse de su asistencia, si la acusación y la defensa no la requieren, y tampoco el Tribunal; siendo suficiente –entonces– la lectura del dictamen pericial. De estimar alguna de las partes –con argumentos suficientes– o el Tribunal, necesaria la comparecencia del especialista al juicio, este debe concurrir. La prueba se practica originariamente ante el Tribunal (principio de inmediación).

  • Determinación. Prueba pericial médico-legal. Dictamen No. 343. Acuerdo No. 12 de 22 de febrero de 1993.

Corresponde a la Policía en la fase investigativa, disponer la práctica de la prueba pericial médico-legal, a los fines de determinar si el daño a la integridad corporal, constituye una contravención o un delito.

La citada diligencia de prueba, resulta imprescindible para la determinación de si el hecho constituye o no el delito de lesiones, y en su caso, la clase de las mismas.

  • Determinación. Prueba pericial médico-legal. Dictamen No. 360. Acuerdo No. 17 de 4 de abril de 1995.

Corresponde a la Policía en la fase investigativa, disponer la práctica de la prueba pericial médico-legal, a los fines de determinar si el daño a la integridad corporal, constituye una contravención o un delito.

TÍTULO IX. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INDIVIDUALES

  • No se encuentran disposiciones al respecto.

TÍTULO X. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS LABORALES 

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL TRABAJO (ARTÍCULO 296)

  • Instrucción del Consejo de Estado. Determinación. Instrucción No. 114 de 10 de abril de 1984.

Al recibir el Tribunal, un expediente de fase preparatoria –seguido por un presunto delito de incumplimiento de normas de protección e higiene del trabajo– comprobará cuidadosamente si en el mismo constan practicadas las diligencias de prueba requeridas, para la determinación de la persona a quien corresponda realmente exigirle responsabilidad penal, a tenor de haber propiciado directamente –mediante acción u omisión– el resultado, siendo, por lo tanto, presuntamente culpable de la infracción de la disposición sobre protección e higiene del trabajo que haya ocasionado el accidente, por haber incumplido su obligación o función y siempre que, a consecuencia de este incumplimiento, se haya producido el resultado penalmente perseguible.

Lo expuesto anteriormente, lo exigirá el Tribunal de instancia, haciendo uso del artículo 263 de la LPP, y el de Casación a través del artículo 79 de ese propio cuerpo legal.

  • Determinación. Acuerdo No. 276 de 17 de noviembre de 1981.

Al presentar el Fiscal un asunto de esta naturaleza, el Tribunal debe examinar si constan acreditados los elementos siguientes:

a)  La persona que tenía la obligación de aplicar o ejecutar la medida de protección e higiene infringida u ordenar la aplicación de dichas medidas;
b)  La infracción de la aplicación, ejecución o disposición de la medida;
c)  La entidad del resultado de peligro o daño.

De no aparecer los citados datos, devolverá el asunto al Fiscal, con indicaciones expresas para su subsanación.

IMPOSICIÓN INDEBIDA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS (ARTÍCULO 297)

  • Determinación. Sujeto pasivo (Dirigentes). Dictamen No. 224. Acuerdo No. 66 de 16 de abril de 1985.

La protección penal ante la imposición o aplicación ilegal de medidas disciplinarias, debe comprender, tanto a los trabajadores, como a los dirigentes, por cuanto ambos se encuentran sometidos a regímenes disciplinarios que convergen en un mismo fin, que es el de garantizar la corrección indispensable cuando la conducta asumida resulte atentatoria a la disciplina laboral en su concepto más amplio; por tanto, se integrará el delito, cuando realmente se demuestre que se ha estado en presencia de la aplicación de una medida ilegal.

El Dictamen apareció bajo el imperio del Código Penal de 1979, refiriéndose al delito previsto en el artículo 351.1 de aquel cuerpo legal, el cual constituye el antecedente inmediato del delito de igual denominación, previsto en el artículo 297 del Código en uso. Los criterios del Dictamen pueden resultar de utilidad.