DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EL CÓDIGO PENAL

TÍTULO XIII. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

HURTO (ARTÍCULOS 322 AL 324)

  • Bienes de limitado valor (artículo 323). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se consideran bienes de limitado valor (artículo 323), aquellos cuya cuantía sea hasta mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • La sustracción de un documento de inestimable valor integra la modalidad básica. Dictamen No. 120. Acuerdo No. 61 de 10 de marzo de 1981.

A los efectos de la punición del delito de hurto, se considera de inestimable valor el documento empleado para la distribución de equipos de refrigeración –denominados bonos–, por consiguiente, la acción de sustraer esos papeles cae en la modalidad básica del señalado delito.

  • Continuidad. Robo y hurto. Dictamen No. 273. Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987.

Los delitos de robo –con violencia o fuerza– y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado –delitos de robo y hurto–, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

  • Sustracción de arenas (marítimas o fluviales). Dictamen No. 283. Acuerdo No. 127 de 8 de diciembre de 1987.

Según se establece en el artículo 15 de la Constitución de la República, y el artículo 136 del Código Civil, son bienes de propiedad estatal, entre otros, las arenas marítimas o fluviales, y por tanto, la extracción de las mismas sin autorización integra el delito de hurto, pues implica sustraer una cosa mueble de ajena pertenencia. El carácter de bien mueble de las arenas lo determina el artículo 46 (apartado 2) del Código Civil. El valor de la arena, en su caso, se establecerá mediante prueba pericial.

  • Delito de hurto contra bienes que la víctima lleva consigo (artículo 324). Reincidencia. Dictamen No. 299. Acuerdo No. 8 de 10 de enero de 1989.  

Para declarar la reincidencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 324, el acusado tiene que haber sido objeto de una condena anterior a tenor del mismo delito; es decir, el preceptuado en el artículo invocado, y no en otra modalidad de hurto. También, dentro de ese concepto de reincidencia, se incluye la multirreincidencia por esta propia modalidad delictiva.

Si al acusado le constaren como antecedentes penales, delitos que constituyen la reincidencia o multirreincidencia específica –y también la reincidencia o multirreincidencia genérica–, los Tribunales, además de calificar el hecho por el artículo 324 apartado 2, apreciarán sólo la reincidencia o multirreincidencia genérica.

Sin duda, se trata de un polémico tema, pero muy interesante. El legislador incorporó la categoría de “reincidente” como elemento de agravación del tipo. El Dictamen aclara en qué consiste este concepto, expresando que sólo incluye al sancionado en virtud de uno o más delitos comprendidos en esta propia modalidad de hurto, es decir, del artículo 324. Además, se expone que, si junto a la reincidencia señalada, aparece la reincidencia o multirreincidencia específica –a tenor de hurtos de otras modalidades, por ejemplo– o la genérica, sólo se apreciará esta última. Este criterio me resulta difícil de comprender, pues si no existiera la referida modalidad –agravada a resultas de la reincidencia específica–, y el acusado hubiera sido objeto de condenas anteriores por delitos de la misma especie y de índoles distintas, el Tribunal se limitaría a declarar la reincidencia o multirreincidencia específica, sin tener en cuenta los delitos de otra naturaleza. De otro lado, la referida interpretación hace que una misma institución sea empleada doblemente en disfavor del acusado; primero, como elemento del tipo, y luego, en cuanto elementos que determinan la ampliación de los límites del delito calificado (considero válido este comentario para las modalidades de robo con violencia o fuerza, en su tipo agravado en virtud de la reincidencia; ver Dictamen No. 417 de 2002).

  • Grave perjuicio. Dictamen No. 353. Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994.

Debe considerarse que el grave perjuicio, como elemento normativo, no es sólo la lesión patrimonial que se le causa al perjudicado, sino otra consecuencia, no necesariamente económica, que se deriva del delito y de él trae su causa, distinto al valor económico, consecuencias perjudiciales que podrán tomarse en cuenta a los efectos de la adecuación de la sanción –en su caso– y, por supuesto, para la fijación de la responsabilidad civil, pero solamente desempeñarán un papel en la determinación del tipo penal aplicable, en aquellas conductas que contemplen una modalidad agravada por razón del grave perjuicio.

La delimitación y división entre elementos descriptivos y normativos son muy discutidas en las cuestiones concretas. Tradicionalmente, se entiende por elementos descriptivos, aquellos que reproducen determinados datos o procesos corporales o anímicos, y que son verificados de modo cognoscitivo por el Juez; ejemplos de lo anterior son los conceptos “edificio” o “sustraer”. Son normativos, todos los elementos cuya concurrencia presupone una valoración; ejemplos, los términos “injuria” o “ajeno”. El grave perjuicio debe ser abarcado por el dolo. Ejemplo de un hecho, que pudiera ocasionar un grave perjuicio, lo es la sustracción de un ejemplar ganado vacuno –único en el país– traído del exterior para estudios genéticos en aras del desarrollo ganadero. La acción se llevó a cabo por un trabajador del centro de investigación donde se encontraba el animal, con pleno conocimiento de los antecedentes expresados y las consecuencias de su conducta.

SUSTRACCIÓN DE ELECTRICIDAD (ARTÍCULO 325)

  • Interpretación del Consejo de Estado. Instrucción No. 139 de 10 de abril de 1991.  

Los Tribunales Populares, considerarán entre las formas de sustracción del fluido eléctrico, las que para alcanzar dicho objetivo penalmente reprobable, impliquen:

Restablecer o conectar de cualquier forma, sin la autorización debida, el servicio eléctrico que le haya sido suspendido o desconectado, con el fin de apoderarse de fluido eléctrico que no le corresponde o de cuyo uso le haya sido privado.

Aplicar al equipo de medida de electricidad (metro-contador) cualquier procedimiento o mecanismo para adulterar el registro del consumo y apoderarse del fluido eléctrico.

Transcribo literalmente la Instrucción.

  • Formas de comisión. Dictamen No. 91. Acuerdo No. 102 de 20 de marzo de 1980.

En el proceso de elaboración del CP de 1979, se analizaron las violaciones al régimen de distribución de la energía eléctrica que se efectuaban mediante las denominadas “tendederas”, y para reprimirlas, se creó este tipo penal. La figura comprende cualquier violación del régimen restringido de distribución a través de una sustracción de energía. No precisa modos de ejecución determinados, ni lucros ulteriores. El perjuicio es el desbalance que produce, en el sistema, los “apagones”, las interrupciones en la producción y en el servicio. El beneficio que persigue el infractor, no es no abonar la energía, sino sustraerla clandestinamente para usarla, en perjuicio de los usuarios legítimos. El delito se comete, tanto por el que da la energía de su reloj, como por el que la toma; por ende, a cualquier supuesto de sustracción de energía eléctrica le es aplicable este delito.

SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USARLOS (ARTÍCULO 326)

  • Bienes de considerable valor (artículo 326.2 a). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Grave perjuicio. Dictamen No. 353. Dictamen No. 353. Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994.

Ver este Dictamen en delito de Hurto (artículos 322 al 324).

ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS (ARTÍCULO 327)

  • Continuidad. Robo y hurto. Dictamen No. 273. Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987.

Los delitos de robo con violencia y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado –delitos de robo y hurto–, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

  • Robo con violencia. No puede ser continuado en caso de víctimas diferentes. Dictamen No. 318. Acuerdo No. 9 de 19 de febrero de 1991.

En el caso del delito de robo con violencia o intimidación en las personas (artículo 327), no es posible declarar la continuidad cuando se trata de distintas víctimas, porque además de atacar bienes patrimoniales, se lesionan derechos inherentes a la persona misma, como la integridad corporal o la libertad (artículo 11.2).

  • “[…] inmediatamente después de cometido el hecho […]” (artículo 327.2 a). Diferencia con el atentado (artículo 142.1 y 2). Dictamen No. 391. Acuerdo No. 331 de 28 de diciembre de 1999. Determinación.

El término empleado en el tipo penal, “inmediatamente después de cometido el hecho”, ha de entenderse como que “la violencia o amenaza de inminente violencia” con las finalidades descritas, tiene que ser a continuación del acto de la sustracción.

En caso que la víctima objeto de una sustracción de bienes, transcurrido un tiempo –en otro momento–, encuentre al autor del hecho con el objeto sustraído, y este le impida mediante la violencia o amenaza, recuperar lo que le pertenece, incurre en el delito de atentado, de la modalidad del apartado 2 del artículo 142; pues la víctima en ese momento, estaba contribuyendo a la aplicación de las leyes; y por tanto, pasa a ser un agente pasivo de este delito.

El Dictamen es parco en su explicación surgiendo la duda siguiente: ¿Para la integración del citado delito de atentado, basta con que la víctima se limite, a intentar recuperar o recuperar, el bien que le fue sustraído; o es necesario un propósito ulterior, el de someter al malhechor a la persecución penal para que responda de sus actos? Muchos se inclinan por la segunda interpretación, de acuerdo con el Título y delito, aunque el Dictamen no hace distinción.

La comentada modalidad del delito de atentado, no estaba comprendida en el Código de 1979, ni en la versión original del Código en uso, fue fruto de una modificación legislativa en 1994.

  • (Artículo 327.1.4 ch). Pluralidad de participantes (artículo 51).Dictamen No 415. Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002. 

Ver en Robo con fuerza en las cosas.

  • Determinación. Modalidad agravada de robo con violencia por reincidencia. Reincidencia. Acuerdo No. 239 de 1999. Dictamen No. 417. Acuerdo No. 129 de 6 de septiembre del 2002.

En el delito de robo con violencia, en su forma agravada (artículo 327.1.4ch), por haber sido sancionado el autor con anterioridad, en virtud de cualquiera de los invocados tipos penales –modalidad básica, agravada o privilegiada, de robo con violencia o con fuerza–, no es posible emplear nuevamente el dato de la sanción precedente –ya utilizado para agravar el tipo– con el propósito de apreciar la reincidencia específica (artículo 55.1.3.a), pues lo prohíbe la regla del apartado 2 del artículo 47, ni siquiera en aquellos casos en que se eligió el marco sancionador de la figura básica, por haberse aplicado el Acuerdo No. 239 de 8 de octubre de 1999 del CGTSP.

¿Cómo proceder en los casos siguientes?

El autor había sido sancionado por varios delitos de robo con fuerza o violencia; o por delitos de la misma especie –diferentes a los señalados robos–; o como consecuencia de un delito de la misma especie y otro de índole diferente; o por varios delitos de naturaleza distinta.

Ver en delito de Hurto (artículos 322 al 324) el Dictamen No. 299 de 1989 y los comentarios al mismo.

ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS (ARTÍCULO 328 Y 329)

  • Bienes de considerable y limitado valor (artículos 328.2 ch  y 329.1). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Son bienes de considerable valor –artículo 328. 2 ch-, aquellos cuya cuantía es superior a dos mil pesos; y de limitado valor –artículo 329. 1-, los de hasta quinientos pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Robo y hurto. No pueden ser continuados por sus diferentes formas de comisión. Dictamen No. 273. Acuerdo No. 69 de 21 de julio de 1987.

Los delitos de robo con  fuerza y hurto, no se funden nunca en un solo delito de carácter continuado, habida cuenta que en sus formas de comisión, no guardan similitud en su ejecución, lo que constituye un requisito para declarar la continuidad.

En el Dictamen se aclara, que apreciar la continuidad en el caso consultado –delitos de robo y hurto–, además de ser incorrecto por la razón expuesta, conlleva a sancionar más severamente, que en caso de reprimir cada delito por separado, afirmando que lo que se pretende con la aludida institución “es beneficiar al reo”.

  • Dictamen No. 302. Acuerdo No. 22 de 14 de febrero de 1989. Elevada peligrosidad (artículo 329.1).

La peligrosidad social de un hecho criminoso, se manifiesta a través de factores provenientes del hecho en sí mismo, o de su autor o autores. Del hecho en sí mismo, por la forma en que se llevó a cabo, los medios empleados, o los resultados lesivos que produjo. En cuanto a su autor o autores, por sus características personales, antecedentes penales, conducta social, o particular forma de actuar en su ejecución.

Ver en El concepto de delito (artículo 8) la Instrucción No. 115 de 20 de junio de 1984.

  • Artículo 328.1 y 3 b). Pluralidad de participantes (artículo 51). Dictamen No. 415. Acuerdo No. 3 de 15 de enero de 2002.

El tipo cualificado de robo con fuerza en las cosas, previsto en el artículo 328 (apartado 3, inciso b); “si el hecho se ejecuta por una persona que con anterioridad ha sido sancionada por el delito de robo con fuerza en las cosas o de robo con violencia o intimidación en las personas”; sólo abarca a los autores o cómplices en quienes concurran el descrito elemento de agravación, en cuanto a los demás –no comprendidos en dicho supuesto– responden por las modalidades penales que correspondan, lo que se fundamenta en el artículo 51.

  • Determinación. Modalidad agravada de robo con fuerza por reincidencia. Reincidencia. Dictamen No. 417. Acuerdo No. 129 de 6 de septiembre del 2002. Acuerdo No. 239 de 1999.

En el delito de robo con fuerza, en su formas agravada (artículo 328.1.3b), por haber sido sancionado el autor con anterioridad, en virtud de cualquiera de los invocados tipos penales –modalidad básica, agravada o privilegiada, de robo con violencia o con fuerza–, no es posible emplear nuevamente el dato de la sanción precedente –ya utilizado para agravar el tipo– con el propósito de apreciar la reincidencia específica (artículo 55.1.3.a), pues lo prohíbe la regla del apartado 2 del artículo 47, ni siquiera en aquellos casos en que se eligió el marco sancionador de la figura básica, por haberse aplicado el Acuerdo No. 239 de 8 de octubre de 1999 del CGTSP.

¿Cómo proceder en los casos siguientes?

El autor había sido sancionado a tenor de varios delitos de robo con fuerza o violencia; o por delitos de la misma especie –diferentes a los señalados robos–; o a consecuencia de un delito de la misma especie y otro de índole diferente; o por varios delitos de naturaleza distinta.

Ver en delito de Hurto (artículos 322 al 324), el Dictamen No. 299 de1989 y los comentarios al mismo.

USURPACIÓN (ARTÍCULO 333)

  • Dictamen No. 359. Acuerdo No. 16 de 4 de abril de 1995. Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995. Determinación. Ocupación ilegal de tierras o viviendas.

La ocupación o apoderamiento ilegal –sin empleo de violencia o intimidación–, de una vivienda, no integra la modalidad básica del delito de usurpación (artículo 333.1), por encontrar solución ese conflicto en la Ley No. 65 de 23 de diciembre de 1988, “Ley General de la Vivienda”. Tampoco la ocupación de terrenos agropecuarios, corporifica el citado delito, ya que esa situación está regulada y encuentra solución en el Decreto-ley No. 125 de 30 de enero de 1991 y su correspondiente Reglamento. Este tipo penal queda reservado para la ocupación o apoderamiento ilegítimo de terrenos o solares yermos –ubicados en zonas urbanas–, o de otros bienes inmuebles, carentes de protección en las mencionadas legislaciones administrativas.

ESTAFA (ARTÍCULO 334)

  • Comiso. Efectos del delito. Instrucción No. 109 de 27 de abril de 1983 (Apartado Tercero).

Cuando, en causas seguidas por el delito de estafa, la defraudación proviene de un acto jurídico celebrado de común acuerdo entre el victimario y la víctima, en contra de una prohibición legal, o de los intereses de la sociedad y del Estado; o incumpliendo formalidades legales –establecidas con carácter de requisito esencial,– y nulo, por tanto, desde el punto de vista del Derecho civil, no puede hacerse declaración sobre responsabilidad civil en beneficio de la víctima en la sentencia, más lo que hubiese recibido el autor del delito –en virtud de dicho acto– se decomisa y pasa al patrimonio del Estado, en concepto de efectos del delito.

  • Bienes de considerable valor (artículo 334.3).Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a cinco mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Determinación. Recuperación de lo defraudado. Dictamen No. 281. Acuerdo No. 125 de 8 de diciembre de 1987.

La circunstancia de recuperarse parte del dinero defraudado a la víctima de un delito de estafa, no convierte este delito en otro de menor cuantía.

  • Grave perjuicio. Dictamen No. 353. Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994.

Ver este Dictamen en el delito de Hurto (artículos 322 al 324).

APROPIACIÓN INDEBIDA (ARTÍCULO 335)

  • Bienes de considerable valor (artículo 335. 2). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a dos mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

MALVERSACIÓN (ARTÍCULO 336)

  • Funcionario público. Instrucción No. 55 de 19 de noviembre de 1975.

A los efectos de la calificación del delito de malversación –previsto en los artículos 420 y siguientes del CDS– debe entenderse por funcionario público a la persona que entre las actividades concernientes, al cargo que desempeña, se encuentra la administración, recaudación, custodia, uso, depósito o disposición de caudales o efectos pertenecientes o destinados a organismos del Estado, o institutos creados por este y a sus empresas o unidades de producción o de servicios, a sus distintos niveles.

La Instrucción carece de vigencia, se ha colocado por su valor en la interpretación de este delito.

  • Bienes de considerable y limitado valor (artículo 336.2 y 336.3). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a diez mil pesos, y de limitado valor; inferior a mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Determinación Responsabilidad material. Dictamen No. 331. Acuerdo No. 31 de 29 de julio de 1992.

 

Se incurre en el delito de malversación, en la modalidad de limitado valor –inferior a mil pesos– (artículo 336.1 y 3),  al no proceder las disposiciones relativas a la responsabilidad material (Decreto-ley No. 92), aun cuando el monto de la defraudación no rebase el límite fijado para su posible aplicación.

En fecha próxima, entrará en vigor el Decreto-ley No. 249 de 23 de julio de 2007, que deroga el Decreto-ley No. 92 de 22 de mayo de 1986.

      • Entidades privadas. Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Requiere la denuncia del perjudicado o del representante legal de la entidad. Dictamen No. 419. Acuerdo No. 201 de 29 de octubre de 2002.

 

En el concepto genérico de entidades privadas –previsto en el CP para el delito de malversación– se entenderán comprendidas todas aquellas entidades que no son estatales, o no aparecen expresamente recogidas en los respectivos preceptos penales, entre ellas, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

Las actuales UBPC, creadas mediante el Decreto-ley No. 142, de 20 de septiembre de 1993, constituyen una forma de organización de la producción socialista, y están excluidas, por tanto, de la acción de oficio del Estado para la persecución del delito de malversación y otros comprendidos en el Título V, Delitos contra la economía nacional, que se cometan en esas entidades, y para cuyo conocimiento se requiere la formulación de la denuncia por persona legitimada, como requisito de procedibilidad.

A los efectos de denunciar el delito, están  legitimados el administrador que es su representante legal, o en quien este delegue a esos fines; también, la Junta de Administración o Asamblea General, por acuerdo de estas dos últimas.

En cuanto al concepto de perjudicado –asimismo facultado para denunciar– se encuentra comprendido cualquier miembro de esta unidad, o –incluso– el representante de la entidad estatal que rectora a la UBPC, en cuyas tierras está constituida.

RECEPTACIÓN (ARTÍCULO 338)

  • Bienes de considerable valor (artículo 338.3 b). Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a dos mil pesos.

Para la determinación del valor de los bienes ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Conexidad procesal. Dictamen No. 345. Acuerdo No. 31 de 2 de junio de 1993.

El delito de receptación se configura en un momento posterior al hecho principal que lo propicia, por una persona distinta al autor del delito originario, el cual no tuvo participación en este acto ni concierto previo con su autor, por lo que sin excluir la posibilidad de excepciones, este delito no configura ninguno de los supuestos de la conexidad con algún otro tipo penal.

Ejemplo de lo anterior es cuando, indebidamente, en un mismo expediente se conoce de uno o varios delitos de receptación, conjuntamente con el delito antecedente contra los derechos patrimoniales (hurto, robo o malversación).

  • Comiso. Dictamen No. 364. Acuerdo No. 33 de 30 de mayo de 1995.  

Primero: La sanción accesoria de comiso de los efectos o instrumentos del delito, no contempla excepción de su empleo en ilícito penal alguno y teniendo vida propia el delito de receptación, le es de aplicación en lo atinente tal sanción accesoria.

Es requisito que los objetos sobre los cuales recaiga la sanción accesoria de comiso hayan servido como instrumento necesarios para la realización del acto ilegal, que en el caso de la consulta resultarían aquellos medios utilizados para adquirir, cambiar u ocultar bienes que el autor conocía, o debía suponer racionalmente que procedían de un delito; o resultan consecuencia, o provengan, directa o indirectamente, de ese actuar ilícito.

Segundo: Los objetos susceptibles de comiso en virtud de este delito, han de resultar medios necesarios y útiles, empleados de manera expresa e intencional para poder adquirir, cambiar u ocultar los artículos cuyo autor conocía, o debía suponer, provenían de un delito anterior, y no basta con que su empleo resulte de la eventualidad del momento, o la habitualidad de su uso; de modo que en cada caso resulte necesario el análisis individualizado y la fundamentación correcta, y así determinar el empleo de esta sanción accesoria.

De lo anterior es preciso concluir –en cuanto a los medios de transporte empleados, que pueden ser objeto de comiso– el requisito de que concurra su elección de forma intencional, para poder materializar la adquisición, el cambio o la ocultación de aquellos artículos que su autor sabe que provienen de un delito o debe suponerlo. Ello excluye su aplicación mecanicista en casos en que la persona, habitualmente, emplea ese medio de transporte y este no resulta esencial para ejecutar el hecho, o cuando el momento de consumación de este acto punible se produce de modo casual, en la oportunidad en que su autor se traslada en un medio de transporte, sin que esta circunstancia haya sido elegida expresamente con ese propósito.

Por la importancia del contenido del Dictamen lo he transcripto de manera íntegra.

  • Determinación. Acuerdo No. 54 de 24de abril de 1984.

La cuestión sometida a consulta, se halla específicamente prevista en el artículo 401 del CP, a cuyas prescripciones debe ajustarse el Tribunal en la solución de los casos.

La consulta consiste en conocer, si el hecho de poseer bienes sin que se tenga título o documento justificativo de su tenencia, constituye el delito de receptación. Con razón, en el Acuerdo se expresa que basta la lectura del tipo para encontrar la respuesta, pues tanto en el artículo 401 del CP de 1979, como en el 338 del actual, se exige que los bienes adquiridos, cambiados u ocultados en interés propio, procedan de un delito.

  • Responsabilidad civil por el delito antecedente. Acuerdo No. 6 de 12 de enero de 1988.

Los receptadores no responden por los daños y perjuicios causados por el delito antecedente, ya que la receptación es un delito totalmente independiente de aquel.

DAÑOS (ARTÍCULOS 339 Y 340)

  • Bienes de considerable y limitado valor (artículo 339. 2 y 3).Instrucción No. 165 de 12 de abril de 2001.

Se estiman bienes de considerable valor, aquellos de cuantía superior a tres mil pesos, y de limitado valor, inferior a mil pesos.

Para la determinación del valor de los daños, ver los Dictámenes No. 353 de 1994 y 394 de 2000, en Título X, La declaración y ejecución de las obligaciones civiles provenientes del delito.

  • Imprudencia. Prueba pericial.Dictamen No. 231. Acuerdo No. 99 de 25 de junio de 1985.

El delito de daños puede cometerse por imprudencia. En cualquiera de sus manifestaciones –por intención o imprudencia–, se precisa la determinación pericial de su magnitud, tanto a los fines de la calificación delictiva, como de la posible responsabilidad civil. Los peritos pueden ser designados, bien por la Policía o por el Tribunal.

  • Modalidades. Imprudencia. Dictamen No. 255. Acuerdo No. 160 de 3 de diciembre de 1986.

El artículo 339, junto al tipo básico –apartado 1–, establece una forma calificada, con sanción agravada –apartado 2–, y una privilegiada, con sanción atenuada –apartado 3–

En cuanto al daño de considerable valor cometido por imprudencia, por aplicación del artículo 48, sería sancionable con privación de libertad de cinco días a un año y seis meses de privación de libertad, o multa de cinco a quinientas cuotas, o ambas.

El Dictamen se refiere a la formulación del CP de1979, por su utilidad, lo he llevado al Código actual, pues enseña como formar el nuevo marco penal, en el caso que el delito haya sido cometido por imprudencia.

  • Grave perjuicio. Dictamen No. 353. Acuerdo No. 28 de 21 de septiembre de 1994.  

Ver este Dictamen en el delito de Hurto (artículos 322 al 324).

TÍTULO XIV. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

  • Instrucción No. 158 de 1ro de diciembre de 1998.  

Primero: Debe tomarse en cuenta que los delitos que aparecen en el Título XIV del Código Penal, denominados delitos contra la hacienda pública, específicamente los referidos a la evasión Fiscal que se refrendan en los artículos 343 y 344, tal y como quedaron modificados por el Decreto-Ley No. 175 de 17 de junio de 1997, establecen sanciones tanto en las figuras básicas como en las agravadas, superiores en todos los casos a un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas.

Segundo: De lo expuesto se colige que, tanto en unos casos como en los otros y de acuerdo con lo que la Ley de Procedimiento Penal establece en el artículo 384, los respectivos procesos –tomando en cuenta los marcos sancionadores– se tramitarán por el procedimiento ordinario, conforme a las disposiciones que regulan la Fase Preparatoria del juicio oral.

Tercero: Como característica específica de estos delitos, se requiere el cumplimiento previo de un conjunto de acciones administrativas que agoten las normas generales establecidas para el Procedimiento Tributario. A tales efectos el Decreto Ley No. 169 de 10 de enero de 1997, dispone en su artículo 104 que cuando las infracciones tributarias pudieran ser constitutivas del delito de Evasión Fiscal, la Administración Tributaria dará cuenta del asunto a la autoridad competente.

Cuarto: En consecuencia, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (en lo adelante ONAT) es la que se encarga de regular el procedimiento a seguir por los funcionarios y entidades subordinadas para materializar las denuncias por la posible comisión de los delitos señalados, por lo que, en estos casos, esa sería –en lo esencial- la vía mediante la cual se iniciaría el correspondiente proceso penal; es decir, la ONAT, partiendo de los elementos que haya reunido, cuando considere que cualquier infracción rebasa el ámbito administrativo y puede constituir un delito de Evasión Fiscal, formulará la correspondiente denuncia.

Quinto: De conformidad con lo anterior, los Tribunales, al recibir las correspondientes conclusiones provisionales del Fiscal, comprobarán si en los expedientes de fase preparatoria constan  los documentos, las diligencias y trámites necesarios que corroboren los elementos del tipo penal y, en su caso, devolverán las actuaciones a fin de que se cumpla con lo indicado en este requisito.

Sexto: El Asesor o funcionario de la ONAT, será la persona que formulará la denuncia, a nombre y en representación de las mencionadas oficinas y por eso deberá figurar como testigo de cargo y si el Fiscal no lo propone como tal, el Tribunal, al dictar el auto de admisión de pruebas y señalamiento del juicio oral, deberá disponer de oficio  el examen del mismo.

Es de considerar que este testigo resulta de vital importancia dados los elementos útiles de que dispone para demostrar si se integra o no el delito imputado; con independencia de que se valore también la posibilidad y conveniencia de que asistan otros testigos que aporten elementos sobre las diligencias que personalmente hayan realizado como funcionarios actuantes de la correspondiente oficina.

Séptimo: A los efectos de una correcta interpretación y aplicación de las figuras específicas de los Delitos Contra la Hacienda Pública, es preciso tomar en cuenta los siguientes particulares:

Sobre la figura prevista en el artículo 343-1, para que pueda subsumirse una conducta en este tipo penal se requiere:

  • Haberse determinado previamente la deuda tributaria.
  • Haberse requerido al tributador mediante la notificación correspondiente.
  • Sobre la figura prevista en el apartado segundo del referido artículo 343, debe tomarse en cuenta  que aquí se está refiriendo a una deuda que aún no se ha determinado, por lo que se trata de falsedades cometidas por el contribuyente para ocultar, omitir o tergiversar la real existencia y ascendencia de la contribución que le corresponde, y por tanto no es menester que se haga el requerimiento previo por parte, del funcionario competente, ni esperar el vencimiento de plazo alguno. En este supuesto el ánimo del comisor busca hacer mutaciones a la verdad para evitar que la Administración Tributaria fije el real alcance de su deuda, la cual todavía no se ha cuantificado, mientras en el apartado primero el ánimo es evadir o intentar evadir una deuda que ya se ha delimitado. Por lo expuesto se trata de un delito intencional.
  • Sobre la figura prevista en el artículo 343-3, aunque de su simple lectura puede pensarse que se trata de cualquier persona natural o jurídica contribuyente, ésta debe tener la responsabilidad de aportar total o parcialmente al Fisco cantidades retenidas o percibidas por los conceptos a que se refiere al apartado Primero, es decir, por el pago de impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otra obligación de carácter tributario, por lo que se trata de los retentores o perceptores que están definidos en los artículos 35 y 36 del Decreto-Ley No. 169 de 1997, antes referido, por tanto este delito puede ser cometido también por imprudencia.

En estos casos la administración tributaria deberá dejar transcurrir un período de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago al Fisco, a los efectos de formular después la denuncia correspondiente.

ch) Sobre la figura prevista en el artículo 344-1 del Código Penal, deberá tomarse en cuenta que el agente activo del delito será el funcionario que esté obligado a registrar y al mismo tiempo informar sobre el cálculo, determinación o pago de tributos y así oculte, omita o altere la verdadera información por lo que se trata de cualquier funcionario, sobre todo de los inspectores, auditores, supervisores o cualquier otro funcionario de la administración tributaria, en quien se delegue estas funciones.  Esta figura es eminentemente intencional.

  • Sobre la figura prevista en el artículo 344-2 del Código Penal se tendrá presente que constituye una figura agravada del apartado Primero, sí como consecuencia de su comisión se ocasionan perjuicios considerables a la economía nacional, perjuicios que deberán valorarse por el Tribunal según su criterio racional y fundado en los elementos de prueba que se sean aportados.
  • Sobre la figura prevista en el artículo 344-3 del Código Penal debe tenerse presente que, en esencia constituye una extensión de la sanción imponible a los que incurren en los hechos previstos en el apartado primero, siempre que obtengan beneficios del acto, bien para sí, bien para un tercero, conociendo previamente de la comisión del hecho delictivo o debiendo haberlo previsto; es decir, se trata de la persona que se favorezca de cualquier manera del acto punible o favorezca a un tercero con la obtención de tales beneficios, y por tanto la conducta es intencional.
  • Sobre la figura del artículo 345 del Código Penal, sólo cabe reiterar que se trata de una facultad discrecional del Tribunal y que, de imponerse esta sanción accesoria, la sentencia deberá señalar los bienes de que se trata y la forma en que se hará efectiva su entrega.

Octavo: Si en cualquier  momento anterior o después de radicada una causa por un delito de Evasión Fiscal, el procesado abonara en su totalidad el monto de la deuda al Fisco y esta información fuere corroborada por la oficina correspondiente de la administración tributaria, el Tribunal tomará en cuenta esta cuestión, para evaluarla en el conjunto de situaciones que presente el caso, y adoptará la decisión que estime procedente de acuerdo con la Ley.

  • Haberse  vencido el plazo concedido de diez días (10) hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del  requerimiento para el pago de la deuda tributaria efectuado por el funcionario competente.
  • Que el obligado (persona natural o jurídica) evada o haya intentado evadir, total o parcialmente, el pago de impuestos, tasas, contribuciones, o cualquier otra obligación de carácter tributario a que esté sujeto de  modo que la evasión o intento de evasión implique la ocupación de los bienes o de la persona, así como cualquier forma de obstrucción a la acción de la Administración Tributaria para llevar a cabo el procedimiento previsto.

Debe entenderse por ocultación de bienes toda acción tendente a impedir que la referida entidad comience a tomar relación o embargar los bienes procedentes.

Por ocultación de la persona se considerará cualquier vía que emplee el contribuyente para evitar que se le notifique y así indebidamente paralizar el proceso administrativo que se le sigue.

Lo anterior no implica que en la práctica se puedan originar otras conductas susceptibles de ser concebidas como evasión o intentos de evasión al Fisco y por eso debe dejarse abierta esa  posibilidad, pero lo que si debe quedar muy claro es que cualquier acto de esta naturaleza suele cometerse y observarse en el período ejecutivo, y más concretamente durante la vía de apremio, de lo cual se deduce que el inicio del procedimiento de recaudación en período ejecutivo forzoso y la denuncia ante la autoridad competente, no ocurren al unísono sino que esta última debe producirse luego de que el contribuyente ejecute actos que exterioricen la intención de evadir su obligación, haya o no conseguido su propósito en un momento dado.

El Tribunal debe valorar y fundamentar debidamente la evasión o la intención de evadir el pago al Fisco sobre la base de los propios actos del obligado. Como se aprecia, esta figura delictiva no es susceptible de cometerse por imprudencia.

Por la extensión del documento, y lo particular del tema, lo transcribo de manera total.

TÍTULO XV. DELITOS CONTRA EL NORMAL TRÁFICO MIGRATORIO 

No se encuentran disposiciones al respecto.